La oposición de Venezuela exigió la acción inmediata de la CPI tras las denuncias de violaciones a los DDHH en el país

El mayor bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo este lunes que el discurso del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, confirma las “violaciones a los derechos humanos” en el país, luego de que el funcionario del alto tribunal reprendiera al régimen de Nicolás Maduro por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” para proteger los derechos de los civiles.

“Importantes declaraciones para todos los venezolanos que clamamos justicia y libertad. Todas las víctimas del Estado venezolano merecen justicia ya. CPI actúa ya por Venezuela”, pidió la PUD a través de X.

Asimismo, aseguró que el sistema judicial de Venezuela “no ha aplicado las recomendaciones de la CPI” y afirmó que las “violaciones” de los derechos humanos se siguen cometiendo tras las presidenciales del 28 de julio, cuando el bloque opositor denunció fraude en el resultado oficial, que dio la reelección de Nicolás Maduro.

Tras esto, se desataron protestas masivas contra este triunfo y, en este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, a quienes la Fiscalía chavista señala de causar “vandalismo” y “violencia”, mientras la PUD acusa a los cuerpos de seguridad estatales de reprimir a la disidencia y varias ONG aseguran que varios de los apresados no participaron en las manifestaciones.

En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, el fiscal Khan señaló a Venezuela “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”, y lamentó que no ha “visto la implementación concreta de leyes y prácticas” que esperaba.

“Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas sobre la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquiera que estuviera protestando pacíficamente”, afirmó Khan. Añadió que Venezuela también tiene la obligación de facilitar el acceso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). “Esto se me había prometido previamente por escrito, pero aún no se ha materializado”, precisó.

En sus declaraciones, Khan enfatizó que las investigaciones independientes de la CPI siguen activas y que la falta de acción por parte de Venezuela pone en riesgo la posibilidad de avanzar en el principio de complementariedad. “No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que había esperado. La pelota está en el lado de Venezuela. La ruta de la complementariedad se está agotando”, advirtió.

El fiscal recordó que durante su visita a Caracas en abril pasado insistió a las autoridades venezolanas sobre la necesidad de un “progreso real” en las investigaciones internas y en la cooperación con su oficina. Sin embargo, expresó frustración ante la falta de avances significativos: “Ha habido un compromiso continuo. Ha habido discusiones continuas sobre la complementariedad, pero la complementariedad no puede ser una historia interminable”.

La CPI desestimó en marzo el recurso en contra de la reanudación de la investigación abierta a Venezuela en noviembre de 2021 —mediante la que trata de dilucidar si en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad— que había recurrido al “principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones, para pedir el cierre del caso abierto en la Fiscalía del tribunal internacional.

Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los “presos políticos” en Venezuela, 1.903 personas siguen encarceladas por disentir del Gobierno, la mayoría de ellas detenidas luego de las elecciones.

(Con información de EFE)