La precandidata Delsa Solórzano cuestionó a la Fiscalía del régimen que investiga amenazas de muerte en su contra

La precandidata opositora Delsa Solórzano cuestionó este jueves la designación y el trabajo del fiscal nacional en materia de derechos humanos que el Ministerio Público de Venezuela asignó para investigar las denuncias en su contra.

La líder antichavista manifestó su descontento con el nombramiento de Renny Amundaraín para llevar a cabo las averiguaciones pertinentes sobre las amenazas de muerte contra su persona ya que se trata de un funcionario relacionado con casos considerados crímenes de lesa humanidad.

“Dejo constancia ante el país y ante el mundo de quién es ese señor fiscal 94, Renny Amundaraín, que es una persona que ha estado presente en muchos de los casos vitales, importantes, en materia de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad”, dijo la política en una conferencia de prensa en la que acusó al funcionario de ser, también, un “acosador de medios de comunicación social”.

Amundaraín fue apuntado a la investigación por el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab -y respaldado este lunes por el dictador Nicolás Maduro, quien aseguró “toda la protección” a políticos opositores- luego de que Solórzano denunciara este sábado en su cuenta de X haber recibido amenazas de muerte en Facebook, así como insultos y mensajes intimidantes en los que aseguran que será asesinada por “las fuerzas colectivas del ELN (Ejército de Liberación Nacional)”.

“En virtud de los graves hechos ocurridos recientemente en el Ecuador, y visto que esta amenaza que acabo de recibir tiene claras motivaciones políticas, denuncio ante el país que desde esta cuenta de Facebook he recibido una amenaza de muerte”, escribió la precandidata en la red social y agregó que dicho perfil registraba mensajes del estilo desde julio.

Frente a esta situación y “vista la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela”, Solórzano aseguró que no acudirá a instituciones judiciales locales pero sí a organismos internacionales como la Oficina de Atención a las Víctimas de la Corte Penal Internacional -donde su caso ya fue admitido- y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde “sigue vigente” una medida cautelar de protección.

No obstante, tanto ella como su equipo y otros precandidatos antichavistas, ya habían sido víctimas, en el pasado, de este tipo de intimidaciones y hasta de ataques físicos que, como suele ocurrir, no son resueltos por la Justicia venezolana.

Es por ello que, lejos de dejarse intimidar, ratificó su lucha de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre en las que competirá junto a otros 12 aspirantes para ser la figura elegida para enfrentar al chavismo en los comicios presidenciales de 2024.

“El fin último de esa persecución no es otro que decirle a la gente que no va a haber primarias, o decirle a los candidatos que nos retiremos para evitar la realización de la misma”, dijo sobre las cada vez más frecuentes maniobras con las que Maduro busca sabotear esta instancia democrática y concluyó: “Seguiré recorriendo el país y llevando el mensaje de cambio y esperanza que tanto anhela Venezuela. Nada nos va a detener en nuestra firme decisión de darle libertad a nuestra nación y a sus hijos”.

(Con información de EFE)

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