Prisión domiciliaria para la ex funcionaria acusada de escanear ojos y usar identidades ajenas para mover dinero ilícito

El Juzgado de Garantías N°6 de La Plata dispuso la prisión domiciliaria de Albertina Mangini, la ex funcionaria judicial detenida en la causa que investiga una presunta red de captación de datos biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas y mover fondos ilícitos.

La medida no implica su salida inmediata de la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato. El juez estableció que recién podrá hacerse efectiva cuando la resolución quede firme y el sistema de monitoreo electrónico confirme que el departamento propuesto, en la ciudad de La Plata, cuente con las condiciones técnicas para instalar la pulsera y el GPS.

De acuerdo al fallo —al que accedió Infobae—, Mangini deberá permanecer en ese domicilio, bajo controles del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Además, no podrá mantener contacto directo o indirecto, por teléfono, mensajes, redes sociales o mediante terceros, con la denunciante, los testigos identificados ni los restantes imputados en el expediente.

El incumplimiento de esas condiciones podría derivar en la revocación de la prisión domiciliaria y el regreso a una modalidad de detención más estricta.

La resolución responde a un pedido de la defensa, que había solicitado una morigeración de la prisión preventiva por el cuadro de salud de Mangini. Sus abogados (Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón) sostuvieron que no recibía la medicación adecuada en el lugar de detención y alertaron sobre antecedentes de ansiedad e ideación suicida.

La fiscal Betina Lacki se opuso al pedido. Consideró que persistían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ante la existencia de posibles partícipes aún no identificados y evidencia digital que resta analizar. También afirmó que la detenida recibía asistencia médica, psiquiátrica, farmacológica y nutricional en la alcaidía.

No obstante, el juez Catriel Taubenschlag entendió que esos riesgos pueden ser controlados con una medida menos gravosa que el encierro penitenciario. Para resolverlo, valoró que la mujer no registra antecedentes condenatorios, tiene arraigo en La Plata y cuenta con contención familiar.

También tuvo en cuenta que fue desafectada de la función que ejercía y, por lo tanto, ya no dispone de los accesos institucionales que tenía antes de su detención. La investigación, además, lleva más de dos años en trámite y presenta un grado de avance que, a criterio del juzgado, permite aplicar controles alternativos.

El fallo menciona informes médicos y psicológicos elaborados durante el encierro. Esos documentos remarcan que Mangini registró una pérdida de peso significativa, un índice de masa corporal de 16,6, disminución de masa muscular, restricciones alimentarias, episodios de constipación, angustia y ansiedad.

La evaluación psicológica oficial concluyó que presenta un cuadro depresivo y ansioso sobre una personalidad frágil, con antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria. También señaló la necesidad de que retome de forma urgente, sistemática y controlada la medicación indicada.

En este contexto, el magistrado ordenó que, hasta que se ejecute la prisión domiciliaria, las autoridades de la alcaidía garanticen la evaluación y atención psiquiátrica de Mangini, así como la provisión de los medicamentos necesarios.

La causa se originó tras la denuncia de una empleada de limpieza que cumplía funciones en el Patronato de Liberados. La mujer afirmó que recibió 80 mil pesos a cambio de facilitar su documento y permitir la toma de imágenes de su rostro, bajo la promesa de un escaneo de iris.

Después, al intentar iniciar una moratoria previsional, descubrió que figuraba vinculada a movimientos de dinero que no había realizado. Esa presentación derivó en la investigación sobre la presunta apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de personas captadas en situaciones de vulnerabilidad económica.

Mangini fue detenida junto con el financista Ignacio Leonel Marchioni y el empresario Mauro Perrotta. La acusación sostiene que la organización utilizaba las identidades obtenidas para manejar cuentas que habrían servido para canalizar fondos vinculados con el juego clandestino y otras actividades bajo investigación.

En el caso se detectaron movimientos por al menos $27 mil millones, casi unos 18 millones de dólares al cambio de hoy. La cifra surge de una pericia sobre operaciones atribuidas a Marchioni, a quien los investigadores ubicaron en el área financiera de la presunta estructura.

A Mangini le dictaron la prisión preventiva el 16 de septiembre por asociación ilícita y defraudación mediante uso indebido de datos. Ahora, en la resolución que le otorgó la prisión domiciliaria, el juez recordó que, al resolver aquella medida, no encontró elementos suficientes para imputarle maniobras autónomas de lavado de activos.