Trece policías, entre ellos altos mandos de la Unidad Regional II de Rosario, y cuatro civiles serán llevados a audiencia imputativa este martes por la mañana por presuntas maniobras millonarias de corrupción.
Por la investigación que encabeza el fiscal José Luis Caterina, la semana pasada el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe intervino la Policía de Santa Fe de Rosario, en principio, por el plazo de tres meses.
La audiencia, según el cronograma publicado por la Oficina de Gestión Judicial, está previsto que comience a las 8 en la sala 7 del Centro de Justicia Penal, donde el fiscal expondrá la acusación ante el juez Gustavo Pérez Urrechu y los defensores públicos y particulares de los sospechosos.
De acuerdo a datos obtenidos por Infobae, la imputación por delitos contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público podría subdividirse en al menos dos jornadas: este martes de 8 a 14, y este miércoles de 14 a 19.30.
Por información adelantada por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, en medios locales, de los 380 millones de pesos mensuales que el Estado provincial destinaba a la Policía de Rosario para la carga de combustible de los móviles, el grupo bajo sospecha se habría quedado con 45 millones mensuales, y en algunas ocasiones bimensuales.
Las operaciones que detectó el fiscal datan de una antigüedad de hace diez meses, aunque resta saber específicamente cuándo se iniciaron.
Los policías que estarán sentados en el banquillo de los acusados son el comisario Juan Pablo P., a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Fabián R., jefe de Garaje y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Rodrigo D., jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián F. y el inspector Mario Rodrigo B., jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería.
Además, serán imputados Javier Norberto A. –subinspector del Cuerpo Guardia de Infantería–, Fernando Miguel C. –subinspector del Grupo Táctico Multipropósito–, Jorge Santiago D. –subinspector de la División Logística–, Sergio Darío L. –subinspector en funciones en el Comando Radioeléctrico–, Gustavo Adrián B. –División Logística–, Juan Alberto V. –inspector de la brigada motorizada–, Nancy P. –empleada de la División Personal– y Francisco C. –inspector de la Policía de Investigaciones–.
Por su parte, los civiles son Daniel Alberto R., María Fernanda D. F., Mónica Juana B. y Oscar Artemio C., todos relacionados con el manejo de la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900 –ubicada a diez cuadras de la Jefatura de la Policía, en la zona sudoeste de Rosario–, donde según el legajo se “concentraban” las operaciones.
Por los allanamientos y detenciones ocurridos el lunes de la semana pasada por esta causa, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció la intervención por tres meses de la Unidad Regional II.
Así, el funcionario desplazó al por entonces jefe de la Policía local Daniel Acosta –formalmente no está sospechado en la investigación, pero las autoridades lo apuntan por no haber controlado a sus subalternos– y designó a Claudio Romano, que ya había sido conductor de la fuerza de seguridad rosarina años atrás.
Al subjefe de la Unidad Regional II, Mariano Gobi, se lo dejó en la misma función, puesto que no aparece mencionado ni sospechado de las maniobras investigadas. A otros altos mandos policiales se les secuestró el celular para determinar si también estaban involucrados en los hechos.
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