
La Gendarmería secuestró este sábado tres teléfonos celulares pertenecientes a dos efectivos de la Policía Bonaerense que están involucrados en la causa por la muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue hallado sin vida en agosto del año pasado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.
El procedimiento fue realizado en una vivienda de la localidad de Pradere, partido de Villarino, donde viven las agentes Jana Curruhinca y Siomara Flores, ambas investigadas por la desaparición y muerte del chico de 22 años.
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El allanamiento a ese domicilio fue ordenado unas horas antes por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, dado que esas dos efectivos de seguridad tuvieron contacto con Astudillo Castro en distintos momentos del 30 de abril del año pasado, cuando se lo vio por última vez al joven.
Ese día, Facundo salió de su casa de Pedro Luro con destino a Bahía Blanca para reencontrarse con su ex novia, de quien se había separado recientemente, pero en el camino fue detenido varias veces por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que estaba vigente en aquel momento. Llevaba el DNI, la licencia de conducir, una muda de ropa y 10 mil pesos en su mochila.
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Sin embargo, a mitad de camino el muchacho desapareció y 200 policías federales lo buscaron durante 78 días, hasta que finalmente fue hallado muerto el 15 de agosto en medio del estuario de Bahía Blanca, la desembocadura de un río que ya no existe, un enorme cangrejal de barro.
La investigación sigue su curso un año después y tiene el foco puesto en ocho agentes de la Policía Bonaerense que están bajo sospecha desde el momento en que Cristina Castro, mamá del joven, se enteró que su hijo nunca había llegado a destino.
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En este contexto se produjo este sábado el allanamiento a la vivienda de Curruhinca y Flores, dos de esos efectivos que están involucrados en el expediente que lleva adelante la jueza de Bahía Blanca María Gabriela Marrón.
“En la vivienda de Pradere, lugar donde residen los policías, se secuestraron tres teléfonos celulares, los que posteriormente deberán ser analizados en el marco de la causa Astudillo Castro”, precisó una fuente judicial a la agencia Télam.
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Durante el operativo también se dirigieron al lugar Cristina y uno de sus abogados, Luciano Peretto. La mujer, desde Pedro Luro, lugar donde reside, comentó que la Cámara Federal “ordenó levantar todo teléfono móvil que hubiera en ese lugar y así fue”.

Además, la madre de Astudillo Castro detalló que a los miembros de la Gendarmería les había sorprendido que las policías “no querían entregar un teléfono aduciendo que era de una de las sobrinas, pero igual se lo llevaron”.
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“Si bien teníamos orden de la fiscal Iara Silvestre de poder ingresar a la vivienda, decidimos quedarnos afuera dado la hostilidad que nos daba la gente de Gendarmería”, agregó la mujer.
Castro dijo que en el marco del procedimiento “se secuestraron tres teléfonos celulares” y que cuando estaba por culminar el mismo se presentó en el lugar “Mario Gabriel Sosa”, en referencia a otro de los policías bonaerenses, que también podría estar involucrado en el caso.
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“Él entró en el domicilio donde se estaba allanando, por lo que la gente de Gendarmería lo tuvo que sacar del lugar hasta que se terminara”, agregó la mujer al señalar que en dicha vivienda “al parecer además de las dos mujeres policías viviría Sosa”.
“El año pasado los policías, y por orden de la Cámara, habían entregado teléfonos rotos y viejos, por lo que los fiscales pidieron una nueva intervención de la jueza (Gabriela Marrón) para que entreguen los teléfonos que realmente estaban usando”, dijo.
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La mujer agregó que como la magistrada “negó” el pedido, “se recurrió a la Cámara, quien fue la que dio la respectiva autorización”, en referencia al allanamiento de este sábado.
Al ser consultada sobre si había novedades por las pericias de las prendas de vestir de su hijo secuestradas y una zapatilla hallada en General Cerri, Castro explicó: “Todavía no tenemos los resultados, que fue la gran controversia la semana pasada en una reunión con los fiscales donde les dije que no podía ser que a un año no había resultados y que es lo que podíamos esperar”.
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Por último, Cristina agregó que le “parece injusto teniendo los medios que utilizan en otros casos y se mueven rápido, que en este pareciera que van arriba de una tortuga”, lo que la “desespera”.
La causa es investigada por los fiscales Horacio Azzolin, Andrés Heim y en los últimos meses se sumó la agente fiscal pampeana Iara Silvestre, en reemplazo de Santiago Ulpiano Martínez de Bahía Blanca y quien fue el primero en comenzar con el expediente.
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