El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 publicó un informe con más de 900 causas, las cuales tienen en el centro de la escena a  las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Todas ellas fueron y son investigadas por este Tribunal, que tiene al juez federal Sergio Torres como titular, quien logró materializar más de 1.150 allanamientos con la participación y colaboración de las distintas fuerzas de seguridad.

El documento arrojó que actualmente se tramitan 642, existiendo una gran variedad de investigaciones: "Su complejidad y voluminosidad conlleva la necesidad de asignación de recursos humanos y materiales específicos para su seguimiento exclusivo, incluso espacios físicos propios".

El juez federal Sergio Torres
El juez federal Sergio Torres

Desde el año 2004 y hasta la fecha, se han elevado a la instancia de juicio oral un total de 964 causas. Responden a legajos de investigación vinculados con el tráfico ilícito de estupefacientes en puntos geográficos de la Ciudad (asentamientos poblacionales y barrios como Once, Constitución y alrededores). También refieren a sitios del conurbano bonaerense, el noroeste y noreste del país.

Los procedimientos arrojaron los siguientes resultados, en donde se han secuestrado:

– 23 millones de dosis de "paco".

– 649 mil gramos de clorhidrato de cocaína.

– 10 millones de gramos de marihuana.

– 10.550 unidades de drogas sintéticas compuestas por MDMA (éxtasis) y sus derivados: 12 frascos con ketamina, 600 troqueles de M-BONE, 660 troqueles de brolanfetamina y maquinaria para confeccionar las pastillas secuestradas.

– 240 armas de fuego de diversos calibres (.22, .32, .38, .45 y 9 milímetros, pistolas y ametralladoras -se destaca una mini UZI-, magnum 357., escopetas, carabinas, un sub fusil, entre otras). También granadas de mano, silenciadores, chalecos antibalas, miras telescópicas y una importante cantidad de municiones, de toda clase y calibre.

Para alcanzar los resultados antes descritos, se implementaron diferentes técnicas de investigación contempladas según la complejidad de cada delito. Una de las formas frecuentes incluyó la figura del "arrepentido", ya sea en su regulación anterior en el artículo 29 ter de la Ley 23.737 como en su previsión actual conforme la Ley 27.304, lo que permitió profundizar las distintas pesquisas y tener un conocimiento del funcionamiento interno de las distintas organizaciones investigadas.

Otras de las figuras que se utilizó es la del "agente revelador", con el fin de recoger los indicios de los sucesos de los delitos investigados, lo que posibilitó posteriormente disponer medidas de prueba de mayor trascendencia.

Para quienes brindaron información se dispuso la reserva de identidad y la posterior incorporación al "Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En esta línea, también se les recibió testimonio bajo reserva de identidad a diferentes personas que aportaron una gran cantidad de detalles en relación a la operatoria de los diferentes grupos criminales.

En el total de las causas se registraron más de 10 mil discos, los cuales agrupan conteniendo conversaciones de interés y se realizó el entrecruzamiento de una importante cantidad de llamadas telefónicas que permitió ascender en la cadena de responsabilidades de los hechos analizados y develar los abonados usados por quienes desempeñaban los roles más significativos en las estructuras criminales.

 

Entre las causas más relevantes se destaca la n° 11.882/2010. En ella se vinculó a más de 150 personas –la mayoría de nacionalidad peruana- por haber conformado una asociación destinada a ejecutar en la Villa 1-11-14 actos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, así como con la comisión de otras acciones de corte delictivo producidas en el marco de esa actividad (tales como el almacenaje y uso permanente de todo tipo de armamento y municiones). La banda, conformada por tres grandes grupos organizados, poseía un claro objetivo: mantener la hegemonía territorial de la zona en la que se produciría la mayor parte del emprendimiento criminal en cuestión.

La mayor parte de la investigación se encuentra en la instancia de juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 3, habiéndose dictado ya sentencia condenatoria contra 70 de ellas, quedando pendiente en la etapa de instrucción la ubicación y detención de 12 personas sobre las que pesa orden de captura, y la individualización de por lo menos 30 más relacionadas con aquella organización criminal.

En la Villa 31 se imputó y detuvo a Alionzo Rutillo Ramos Mariños, alias "Ruti", luego de haber tomado parte como organizador, junto a un importante número de personas, en una asociación destinada a ejecutar en este asentamiento y en la 31 bis de esta ciudad, actos relacionados con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes (incluyéndose entre los mismos la obtención, almacenamiento, fraccionamiento y distribución definitiva de distintas clases de narcóticos, marihuana, cocaína y sus derivados como el "paco").

Aquí ocurrió una de las mayores incautaciones de "paco", cocaína, marihuana y derivados que se detalló en el escrito y en esta causa, la n° 6320/2010, también una considerable cantidad de armas de fuego, sus piezas y municiones de distinto tipo y calibre, disponiendo para ello de los medios económicos necesarios dirigidos a tal fin.

En Itatí, provincia de Corrientes, en el marco de la causa n° 8.606/2013 se investigó a una agrupación dedicada a la realización de actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas en sus diferentes etapas, desde su introducción al país –desde Paraguay, previas tratativas con sujetos de la provincia de Corrientes- hasta su distribución y comercialización en diferentes escalas en el interior de la Villa 21 de la ciudad de Buenos Aires.

La banda coordinaba la obtención de los narcóticos con distintos grupos asentados en Paraguay, en la ciudad de Itá Corá. Luego trasladaban los cargamentos a las distintas islas que se emplazan sobre el río Paraná frente a la localidad de Itatí, entre éstas la denominada "Carancho". Desde allí, las sustancias eran ingresadas en la ciudad de Itatí y en el Paraje La Palmira con la finalidad de almacenarlos en distintos campos a disposición de aquellos. A través de diversos procedimientos se logró incautar gran cantidad de droga.

El informe aseguró: "Conforme el devenir de las investigaciones, muchas suelen demandar distintas etapas de trámite en una misma causa, oscilando entre la elevación parcial a juicio de tandas de detenidos y la prosecución de la pesquisa en orden a ascender en escalones más importantes".

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