El estudio de la población carcelaria, en este caso de la provincia de Buenos Aires es -si se permite el término médico- como auscultar a una buena porción de la sociedad en la que vivimos. Posar la mirada sobre algunos datos estadísticos debería servir para profundizar políticas sociales, sanitarias, educativas y de seguridad. Un dato alarmante es comprender que más de un tercio de ellos no recibió ningún tipo de educación formal. Es decir que ni siquiera terminaron la escuela primaria. Pero ese no es el único dato que sacude; el 90% de los detenidos estuvo vinculado, de alguna manera, a las drogas. Ya sea porque consumieron, cometieron algún delito vinculado a ellas, o ambas.

Presos cada vez más jóvenes

La situación empeora si se tienen en cuenta algunos porcentajes que resultan ser crueles. La inmensa mayoría de los presos son jóvenes. Es decir que fueron privados de su libertad por cometer algún tipo de delito en la plenitud de sus vidas; el 44,6% tienen entre 18 y 29 años, y se amplía hasta los 41, años la cifra trepa hasta el 79,66%. El 11% de los presos tienen entre los 42 y 49 años.

La mayor cantidad de delitos cometidos por buena parte de estos internos (sobre todo hasta los 41 años) son los "delitos contra la propiedad", que representa el 43,52% y de ese total casi el 37% fueron detenidos por "robo agravado".

El segundo hecho que más se repite entre los internos bonaerenses, es el "delito contra las personas", representa el 21,44%. De ese porcentaje, casi el 19% fueron homicidios. Un ejemplo es el de Armando Vergara, condenado a reclusión perpetua por haber asesinado en González Catán a Edgardo Lipera, un efectivo de la policía federal que regresaba a su casa después de retirar dinero de un banco de la zona.

Presos capacitándose en un taller en la cárcel de Olmos
Presos capacitándose en un taller en la cárcel de Olmos

El tercer delito en importancia entre los presos detenidos en las cárceles bonaerenses son los cometidos "contra la seguridad pública". Representa el 15,32%. Y dentro de esta categoría, casi el 11% fue por haber violado la ley 23.737, es decir por "tenencia y tráfico de estupefacientes".

La franja etaria que va entre los 50 y los 61 años representan el 6,7% de la población carcelaria. Las principales causas por la que estos fueron detenidos, son por abuso sexual y otros delitos contra la integridad sexual.

Los mayores a estas edades, es decir los comprendidos entre los 62 años y más de 70, representan el dos por ciento y por lo general están detenidos hace varios quinquenios por hechos muy violentos como homicidios. Quizás el más emblemático de todos sea Carlos Eduardo Robledo Puch, uno de los mayores sociópatas de la historia criminal del país que con apenas 20 años había asesinado a 11 personas. Robledo Puch está detenido en el Penal de Sierra Chica, tiene 66 años y hace 46 que está preso.

Cada vez más detenidos

El porcentaje de presos cada vez más jóvenes, más marginados de la sociedad, escasamente alfabetizados y vinculados al consumo o tráfico de estupefacientes fue aumentando a los largo de los últimos 20 años, pero se incrementó con fuerza en los últimos 10.

De hecho, en la última década el número de internos se expandió algo más del 60%. Y de ese número, algo más de un quince por ciento corresponde a la administración de María Eugenia Vidal. La razón, mayor cantidad de detenidos a raíz de los operativos anti-mafia ejecutados contra desarmaderos de autos, bunkers de drogas, talleres clandestinos y piratas del asfalto, entre otros, ejecutados por Cristian Ritondo desde el ministerio de Seguridad.

El total de la población carcelaria bonaerense al cierre de esta nota es de 41.088 presos, esto implica una superpoblación del 42,9%, o de 12.325 presos.

El 48,5% de la totalidad de esos presos están procesados, es decir que aún los jueces no los condenaron.

Otro dato alarmante -más allá de la lentitud del sistema judicial bonaerense que viene arrastrando hace décadas- es la escasa instrucción que tienen los más de 41.000 detenidos. Apenas 14.583 de ellos pasaron por una "educación formal".

Algunos datos para comprender la gravedad de la situación: de la totalidad de los internos, 762 tienen estudios universitarios; 292 realizaron estudios terciarios; 7.084 tuvieron enseñanza secundaria (buena parte de ellos de manera incompleta) y 6.715 fueron a la escuela primaria. El resto, más de 37.000, no se matricularon en ningún tipo de educación formal. Es decir que aprendieron a leer y a escribir por fuera de la escuela o no llegaron a terminar la educación primaria.

Esta es una de las razones por las cuales desde el ministerio de Justicia, a cargo de Gustavo Ferrari, se elevó la cantidad de talleres en las Unidades Penitenciarias –son más de 310- para que los internos puedan trabajar y capacitarse.

También se reactivaron las "actividades de formación profesional" elevando el número de participantes de los 9.145 que se capacitaban en 2017 a los 11.599 de la actualidad que desarrollan sus tareas, por ejemplo en 17 Centros de Formación Profesional; tomaron cursos de capacitación laboral o de "educación no formal" en alguna de las 44 unidades

"Superpoblación sí, hacinamiento no"

Para jueces como Eduardo Eskenazi, el titular del juzgado en los Correccional número 2 de La Plata, en buena parte de los penales bonaerenses los internos están alojados en condiciones de "hacinamiento" ya que se verificó que en los penales se "duplicó o triplicó la capacidad de las celdas".

Para José Baric, el secretario de Política Penitenciaria, que depende del ministerio de Justicia provincial, la superpoblación carcelaria "no significa que haya hacinamiento".

"A pesar que haya cada vez más internos, una situación reconocida cuando la gobernadora decretó la emergencia en el Servicio Penitenciario Bonaerense, la situación no es explosiva como algunos quieren hacer creer. Y doy algunos ejemplos. Entre 2013 y 2017 las muertes traumáticas en las Unidades, se redujo notablemente. En 2013, cuando la población carcelaria era de 28.273 internos, la tasa de fallecidos por hechos de estas características era del 1,75 cada mil presos. En 2017, con una población de 37.610 presos, la tasa se redujo al 0,55 cada mil internos".

–¿Y esto a qué se debe?, le preguntó Infobae al subsecretario Baric.

–Fundamentalmente a que las condiciones internas en los penales mejoraron. Gracias al combate a la corrupción que existía en el SPB los internos se alimentan mucho mejor, se regularizaron el temas de las visitas; pero también se intensificaron las requisas donde se secuestran muchas facas y drogas. También se capacita al personal para prevenir hechos de violencia.

Baric asegura también que si bien el número de reincidencia de los detenidos es alto, un 43% según la última cifra difundida por el ministro Ferrari, ese porcentaje se reducirá realizando concienzudos trabajos de largo aliento como la de capacitación y salidas laborales para los presos, y desarrollando tareas deportivas durante el tiempo que dure su encierro.

Según los estudios que maneja el funcionario, entre los grupos de reclusos que practican deportes en las Unidades, el 43% de repitencia en el delito se reduce a un 13%. Baric lo explica así: "El deporte les enseña básicamente el respeto por las reglas. Si no las cumplen, tienen una sanción. Hay una persona dentro del terreno de juego que imparte las órdenes y que debe ser escuchada que es el árbitro. Y esa premisa de respeto, la utilizan luego en su vida intramuros y la llevan al exterior. Así –entiende el subsecretario- comienzan a respetar las reglas, al árbitro, a sus vecinos, a sus compañeros. Y saber que si esas reglas no son respetadas, van a tener una consecuencia".
Los presos en la provincia de Buenos Aires seguirán aumentando. Al menos por ahora. Esa es una realidad que se palpa en las calles. Para evitar que la cifra de internos no siga superpoblando las celdas, el gobierno bonaerense terminará de construir en diciembre una nueva cárcel en la localidad de Campana para alojar a 650 internos.

Presos capacitándose en la cárcel de Olmos
Presos capacitándose en la cárcel de Olmos

Estará destinada a alojar a jóvenes adultos de entre 18 y 21 años cuyas penas no sean mayores a los 5 años. Baric entiende que es a esta población carcelaria a la que hay que prestarle más atención y trabajo para evitar el reingreso, es decir que después de salir de prisión, vuelva al delito en cualquiera de sus facetas.

Entre este año y 2019, el ministro Ferrari estima incorporar un total de 2.900 nuevas plazas. A este número hay que sumarles los 3.000 presos que entre este año y 2020 serán trasladados a diversos penales del Servicio Penitenciario Federal, gracias a la firma de un convenio que realizó el ministro Ferrari, con su par nacional, Germán Garavano.

Quizás algunas de estas medidas extremas, como las de construir más cárceles, a un costo promedio de 1.200 dólares por metro cuadrado, o 1.500.000 peso por preso, no fuese necesario, si en el país, y a lo largo de años, se aplicaran políticas de fondo para que cada vez menos jóvenes terminen tras los muros. Es posible que en un principio la inversión sea mayor, pero a la larga, ganará el país.