El Poder Judicial advirtió que una rebaja de ₡23,722 millones (aproximadamente USD 52.65 millones) planteada por el Ministerio de Hacienda para el presupuesto de 2026 podría impactar directamente la persecución penal, las investigaciones contra el crimen organizado, el funcionamiento de juzgados y tribunales, así como servicios dirigidos a víctimas y poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Según la información divulgada por la institución, Hacienda comunicó que aplicaría el recorte mediante un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido posteriormente por la Asamblea Legislativa.
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La medida se plantea apenas una semana después de que el Ministerio de Hacienda informara al Poder Judicial que liberaría ₡3,053 millones (aproximadamente USD 6.78 millones) correspondientes a las cuotas del tercer y cuarto trimestre de 2026, recursos que inicialmente pretendía retener.
Esa liberación ocurrió después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, presentara un recurso de revocatoria contra la retención de esos fondos.
El Poder Judicial aclaró que los ₡23,722 millones (aproximadamente USD 52.65 millones) que ahora Hacienda pretende rebajar son adicionales a los ₡3,053 millones (aproximadamente USD 6.78 millones) cuya liberación fue anunciada recientemente.
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El OIJ sería la dependencia más afectada
El mayor impacto recaería sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que enfrentaría una reducción de ₡9,536.3 millones (aproximadamente USD 21.16 millones).
La institución destacó que el recorte se plantea en un momento en que el OIJ mantiene investigaciones y operativos contra estructuras de delincuencia organizada, además de acciones que han derivado en la detención de líderes criminales.
La segunda afectación más importante correspondería al área de Administración y Operación, con una rebaja de ₡8,728.8 millones (aproximadamente USD 19.37 millones).
En el caso de juzgados y tribunales, el recorte ascendería a ₡3,287.9 millones (aproximadamente USD 7.30 millones), mientras que la Defensa Pública perdería ₡1,087 millones (aproximadamente USD 2.41 millones).
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También se contemplan reducciones por ₡558.1 millones (aproximadamente USD 1.24 millones) para el Ministerio Público, ₡335.7 millones (aproximadamente USD 745,000) para Atención y Protección de Víctimas y Testigos y ₡187.8 millones (aproximadamente USD 417,000) para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
La Defensa Pública brinda asistencia a personas de bajos recursos en diferentes materias, entre ellas asuntos relacionados con pensiones alimentarias y discriminación laboral, por lo que el Poder Judicial sostiene que el impacto no se limitaría únicamente al ámbito de la investigación criminal.
Poder Judicial cuestiona la metodología del recorte
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la institución está relacionado con la forma en que Hacienda determinó cuáles recursos podrían ser rebajados.
Según el Poder Judicial, el Ministerio de Hacienda fundamentó su propuesta en una estimación estadística con información disponible al 30 de junio de 2026, elaborada a partir de patrones históricos de ejecución presupuestaria.
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La institución judicial sostiene que este tipo de metodología puede proyectar cuánto podría ejecutarse al cierre del año, pero no necesariamente permite establecer cuánto dinero se encuentra realmente disponible para ser retirado del presupuesto.
Desde el 30 de junio, agrega el Poder Judicial, han continuado procesos de contratación, adjudicaciones, compra de bienes y servicios, así como otros compromisos y pagos correspondientes al segundo semestre.
Un estudio técnico elaborado por la institución determinó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda presentan un disponible inferior al monto que se pretende rebajar.
Es decir, según la evaluación interna, en más de la mitad de las partidas analizadas los recursos que Hacienda considera susceptibles de recorte no estarían realmente disponibles en la magnitud proyectada.
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Ante esa situación, el Poder Judicial indicó que evaluará las acciones legales que correspondan. El tema será conocido de forma prioritaria por la Corte Plena el lunes 24 de agosto.
La Corte ya había cedido ₡13,242 millones (USD 29.39 millones)
La institución también hizo una serie de aclaraciones para diferenciar el nuevo recorte de otras decisiones presupuestarias tomadas durante 2026.
El 29 de junio, la Corte Plena acordó ceder ₡13,242.08 millones (aproximadamente USD 29.39 millones) del presupuesto en ejecución de 2026, luego de una solicitud planteada por el Ministerio de Hacienda y como parte de las medidas dirigidas a contribuir con la sostenibilidad fiscal del país.
El Poder Judicial enfatizó que esos ₡13,242.08 millones (aproximadamente USD 29.39 millones) son distintos de los ₡23,722 millones (aproximadamente USD 52.65 millones) que Hacienda pretende rebajar ahora.
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Por lo tanto, de concretarse la nueva reducción, se trataría de una afectación adicional a los recursos que ya habían sido cedidos voluntariamente por la institución.
El fideicomiso de infraestructura es de USD 82 millones
El Poder Judicial también aclaró información relacionada con el fideicomiso destinado a infraestructura judicial.
Según la institución, este fondo es de USD 82 millones y no de USD 700 millones ni USD 600 millones, como asegura que se ha señalado en algunas discusiones.
Los recursos del fideicomiso no forman parte del presupuesto ordinario del Poder Judicial y están destinados exclusivamente a proyectos de infraestructura, con el objetivo de reducir el déficit de edificios y espacios adecuados para la prestación de servicios.
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La institución sostiene además que estos proyectos buscan disminuir progresivamente el gasto en alquileres y generar ahorros para el Estado.
Depósitos judiciales tampoco pueden utilizarse
Otra de las aclaraciones está relacionada con los llamados depósitos judiciales.
El Poder Judicial recalcó que esos recursos no pertenecen a la institución y, por tanto, no pueden utilizarse para financiar su funcionamiento.
Se trata de dinero perteneciente a personas usuarias y vinculado con procesos judiciales en los que una autoridad ha ordenado un embargo, una retención u otra medida.
También forman parte de esos depósitos los recursos correspondientes a pensiones alimentarias, que son depositados por la persona obligada y posteriormente transferidos a la persona beneficiaria.
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La discusión sobre el 6% constitucional
Finalmente, el Poder Judicial se refirió al porcentaje mínimo de financiamiento establecido en la Constitución Política.
La Carta Magna dispone que a la institución debe asignársele una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios del Estado.
Sin embargo, el Poder Judicial recordó que esa disposición fue establecida cuando aún no existían dentro de su estructura instituciones como el OIJ, el Ministerio Público y la Defensa Pública, cuyos servicios actualmente se financian con ese mismo presupuesto.
Según la institución, la función jurisdiccional, es decir, los recursos destinados directamente a juzgados y tribunales para resolver los casos, recibe actualmente el equivalente al 3.61% de los ingresos ordinarios del Estado, por debajo del 6% contemplado constitucionalmente.
El debate presupuestario se trasladará ahora a la Corte Plena, que deberá analizar el impacto de la medida y las posibles acciones institucionales, mientras el eventual presupuesto extraordinario deberá pasar también por la Asamblea Legislativa.
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