Más de tres millones de resoluciones electrónicas y unos 13 mil expedientes iniciados por vía remota dictadas en la Justicia de la provincia de Buenos Aires desde que comenzó la pandemia hasta el último día de mayo. Así surge del informe que elaboró la Suprema Corte de Justicia provincial sobre el servicio de la Administración de Justicia durante la pandemia de COVID-19, en donde se detallan las medidas implementadas en la emergencia sanitaria, fundamentalmente a través de la intensificación en el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la gestión judicial y la regulación normativa de la nueva modalidad de prestación.
El dossier al que accedió Infobae reseña la labor efectuada para adecuar procesos, procedimientos y formas de trabajo en función de la dinámica de una situación excepcional, preservando la salud del personal del Poder Judicial y de todas las personas que concurren a las dependencias que lo integran. Se menciona que “en un contexto de marcada dificultad, la gestión desplegada ha permitido avanzar desde un esquema inicial de prestación mínima, al comienzo de la pandemia, hacia otro que agrega o recobra funciones y herramientas de gestión, para garantizar la tutela judicial de los derechos en la Provincia”.
En términos estadísticos, se informa que desde el inicio de la emergencia y hasta el 31 de mayo, en todos los fueros e instancias se dictaron 3.120.385 trámites por medios tecnológicos, se registraron 708.133 notificaciones y presentaciones electrónicas y se iniciaron, en forma remota, 13.040 expedientes judiciales.
También se detallan las regulaciones en materia de teletrabajo –convenidas con la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires–, el régimen de acuerdos a distancia y continuos, los actos y firmas digitales, las reuniones telemáticas y notificaciones electrónicas, como medidas que facilitaron el funcionamiento de organismos judiciales ante las restricciones de la actividad presencial.
Con relación al trabajo a distancia, se señala que se generaron las condiciones para llegar a asignar, hacia fines del mes de mayo, 11.053 credenciales de acceso remoto, con un promedio superior a 7.000 usuarios conectados diariamente. En función de ello, y no obstante las limitaciones del servicio, se destaca que “un elevado número de magistrados, funcionarios y agentes de los distintos fueros e instancias redobló esfuerzos y encaró sus labores afrontando las dificultades de un estado de situación inédito”, dijo el maximo tribunal provincial.
Así, en el período de emergencia, la Suprema Corte lleva dictadas 733 sentencias y resoluciones interlocutorias, lo que equivale al 67,5% de las dictadas en el mismo período del año 2019.
Por su parte, entre abril y mayo de 2020, en comparación con el mismo período de 2019, los organismos de primera instancia efectuaron el 48% de los trámites; la Justicia de paz el 61%; y los tribunales de alzada el 84%.
El informe de gestión afirma que, a pesar de la imposibilidad de afluencia regular de personas, y por ende de la actividad presencial, en las sedes tribunalicias, la sinergia generada por la intensificación en el uso de los medios tecnológicos y el compromiso de los protagonistas de la labor jurisdiccional, denotan resultados alejados de la idea de inactividad.
La sentencia de mayor repercusión pública que dictó la Suprema Corte en este período tuvo que ver con el hábeas corpus colectivo que habían impulsado las defensorías oficiales para liberar a un grupo de presos ante el temor de que el coronavirus se extendiera en las cárceles, ya superpobladas.
El 11 de mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó ese hábeas corpus colectivo que había dictado el 8 de abril pasado el juez Víctor Violini en el Tribunal de Casación y dispuso que la situación de cada detenido sea “reencauzada” para que sea el juez competente el que lo analice, teniendo en cuenta el tipo de delito que cometió y la situación de la víctima, entre otros factores.
En esa resolución, la Corte bonaerense sostuvo que estaba fuera de discusión el contexto de superpoblación y hacinamiento en las cárceles, y la pandemia del COVID-19 que afecta especialmente a los llamados grupos de riesgo. Pero también advirtió que “en las últimas dos décadas el Congreso ha dictado una gran cantidad de leyes en materia penal” en donde una veintena incluyó nuevos delitos, sumas de calificaciones, elevación de penas y el recorte a las posibilidades del acceso a la libertad condicional. “El diseño de las políticas públicas que repercuten sobre la problemática” de las cárceles, junto a “la asignación de las partidas presupuestarias” y la administración del sistema penitenciario “escapan a la competencia de los jueces”, se resaltó.
También exhortó a la Legislatura provincial a adecuar la normativa provincial para la implementación de la Ley de Víctimas, a la vez que recordó al Ejecutivo de Axel Kicillof la importancia de ajustar las medidas y programas a su cargo de carácter específico para atender la pandemia en el contexto de situaciones de encierro a las recomendaciones y directivas de la Organización Mundial de la Salud.
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