Backlash, la nueva forma de silenciar a las víctimas de abuso sexual

Una de las trágicas dimensiones dentro del sufrimiento del abuso sexual experimentado en la infancia o adolescencia, es la aparición de secuelas persistentes que empiezan a afectar a las víctimas desde el instante en que se ven atrapadas en las garras del abusador. Además de esto, existe otra forma de opresión: el “backlash”, que impone un nuevo silencio sobre las víctimas.

El abuso sexual infantil (ASI) es una forma de maltrato, de las más atroces, a la que se puede sobrevivir y una violación a los derechos humanos de bebés, niños, niñas y adolescentes. A pesar de la visibilización de la temática desde hace algunos años, sigue siendo uno de los delitos que más se comete en todo el mundo y de los que menos se habla.

En Argentina, por ejemplo, no existen campañas de prevención a pesar de las demoledoras, aunque fragmentarias, estadísticas del crimen y de la elevación por parte del comité de los derechos del niño de Organización de las Naciones Unidas (ONU) en febrero de este año de observaciones y preguntas al Estado Argentino sobre cómo está actuando ante este severo problema.

La violencia sexual tiene efectos devastadores no solo en el o los momentos en que ocurre el crimen, sino por las secuelas profundas que dejan en quienes la sobreviven.

Las ofensas sexuales tienen la marca de la perversión. En el caso de la pedofilia, y su práctica la pederastia, se trata de la excitación con los cuerpos y mentes infantiles, aunado de manera inseparable al goce de la falta de consentimiento.

Los agresores sexuales, en su mayoría, tienen conciencia de que los niños y adolescentes no desean vivir una agresión de esa envergadura y aún así reniegan de la realidad y se autoconvencen de que tienen un vínculo con el menor de edad.

En Argentina la edad de consentimiento mínima es 13 años, por lo que se considera que las personas de menor edad carecen de capacidad para consentir. A partir de los 13 años y hasta los 16 es considerado estupro (exceptuando las relaciones entre pares) según nuestro Código Penal.

A partir de los 13 años el consentimiento puede obtenerse de diferentes maneras, a través de la coacción, la amenaza, la seducción y otras formas no físicamente violentas, pero que agreden el psiquismo y doblegan la voluntad de la víctima.

Este lineamiento basado en edades deja a la libre interpretación violencias sexuales contra las y los adolescentes que provocan un daño para toda la vida, pero no tienen consecuencias jurídicas. Las relaciones con personas que los doblan o triplican en edad, por ejemplo, han sido naturalizadas como prácticas amorosas socialmente aceptadas desde siempre.

Argentina no cuenta con un sistema estadístico que refleje el alcance de la violencia sexual contra las infancias y adolescencias en todo el territorio nacional. Según los últimos datos del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia de la Nación, desde 2017 a enero de 2023, en la línea 137 se registraron 14.912 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual (el 77,6% eran mujeres). En esos cuatro años, el incremento fue de 126%.

En nuestro país, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Justicia de la Nación, el 16,9% de los casos ocurren entre 0 a 5 años. Mientras que, el 32,9% se da entre niños de 6 a 11 años. Y el 50% de los hechos ocurren desde los 12 a los 17 años. En cuanto a las denuncias sólo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias.

Este patrón es similar en Chile y Ecuador menos del 4% de las denuncias llegan a condena, y en Guatemala y Brasil la tasa de condena por violación sexual es solo del 1%, según datos de Amnistía Internacional.

La gravedad de estos delitos y de las secuelas que dejan en las víctimas requieren de un tiempo extra para su elaboración en comparación con otros. Las evidencias médicas y psicológicas disponibles reconocen los daños y las secuelas como estrés postraumático, una consecuencia insoslayable para los sobrevivientes.

Estas secuelas inhiben la elaboración de un relato acerca de la vivencia traumática, impiden que la víctima pueda narrar la experiencia, comprenderla, denunciar el abuso y obtener asistencia para su recuperación. Todo esto se ve agravado cuando existe presión social, familiar o institucional para que una víctima no denuncie. Debido a estas razones, estos crímenes raras veces son denunciados en forma inmediata, con las consecuencias procesales que ello ocasiona.

No es infrecuente que, cuando finalmente una víctima está lista para denunciar a su agresor, se tope con un obstáculo: la prescripción.

En la mayoría de los casos en Argentina, los jueces absuelven o sobreseen a los agresores por la prescripción de la acción penal, a veces incluso sin investigar y sin llegar a un juicio. Pero es inaceptable que un delito de la índole del abuso sexual infantil pueda prescribir cuando no ha habido posibilidades reales de juzgarlo.

Ese es el motivo por el cual es necesario garantizar la posibilidad de investigación y juzgamiento cuando una víctima esté lista para denunciar a su agresor. El abuso sexual en la infancia debe ser considerado como un problema grave de la salud pública de los países, para lo cual es preciso que se establezca un tratamiento diferenciado en cuanto a los márgenes temporales y al tipo de asistencia ofrecida a los sobrevivientes.

A pesar del clamor popular que han despertado las denuncias que se han mediatizado, la prescripción de este delito sigue vigente y esto se transforma de alguna manera en un bozal legal para las y los sobrevivientes que necesitan denunciarlo.

Sobre esto cae una nueva sombra que daña el camino de la reparación y la dignidad. Se trata de movimientos que intentan legitimar y justificar las situaciones de abuso y violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes conocido como backlash.

Este término nace en el contexto de los movimientos feministas y fue popularizado por la escritora y activista feminista Susan Faludi en su libro “Backlash: The Undeclared War Against American Women”, publicado en 1991.

En este libro, Faludi analiza las reacciones negativas y contrarias que surgieron en respuesta a los avances y logros del movimiento feminista en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. El backlash conceptualiza una reacción extrema que se ha extendido rápidamente y que ha encontrado apoyo en diversos grupos organizados que avalan mitos y estereotipos en relación a la violencia sexual, y buscan incidir en distintos ámbitos sociales, desde la televisión, la literatura como en el ámbito judicial.

Esta reacción afecta enormemente a las personas menores de edad víctimas de violencia sexual, y a los y las sobrevivientes adultos que intentan denunciar, ya que por medio de sus derivaciones o manifestaciones, los defensores del backlash, contribuyen a que muchos pederastas hayan quedado libres o los crímenes hayan prescrito.

Lo que nos les permite a las víctimas lograr la pacificación necesaria que es obtener justicia. La infiltración de estos discursos que amenazan a los y las sobrevivientes que pueden y logran hablar tienen una única finalidad: la naturalización y la impunidad.

El backlash puede manifestarse a través de diversas estrategias y actitudes que buscan desacreditar, culpabilizar o minimizar las experiencias de las víctimas de violencia sexual. Algunas de estas formas de backlash incluyen:

-Culpabilización de la victima. Se culpa a la víctima de la violencia sexual, cuestionando su comportamiento, apariencia o decisiones, y poniendo la responsabilidad en ella en lugar de hacerlo en el agresor.

-Desacreditación. Se intenta desacreditar la experiencia de la víctima, sugiriendo que está mintiendo o exagerando los hechos.

-Estigmatización. Se estigmatiza a las víctimas de violencia sexual, creando una cultura de vergüenza y silencio que dificulta la denuncia y la búsqueda de apoyo.

-Negación del problema. Se minimiza o niega la existencia de la violencia sexual en la infancia, contribuyendo a la invisibilización de las víctimas y obstaculizando la búsqueda de justicia y protección.

Al mismo tiempo, se desacredita a los profesionales que representan o recuperan a las víctimas con amenazas de todo corte y tenor para que retiren la ayuda y los dejen solos y desamparados.

El backlash puede tener graves consecuencias en los sobrevivientes de violencia sexual. Al enfrentar la culpa impuesta por la sociedad, pueden experimentar una serie de efectos negativos. Existen numerosos estudios que respaldan las secuelas del backlash en los sobrevivientes. Los mismos han demostrado, por ejemplo, que la culpabilización de la víctima y la falta de apoyo pueden ocasionar severos problemas en la salud mental y el bienestar de los sobrevivientes. (Study of the Impact of Victim-Blaming: Este estudio realizado por Ullman y Peter-Hagene, 2014).

Desde mayores niveles de síntomas de trastorno de estrés postraumático, depresión y problemas de autoestima hasta revictimización, el backlash puede hacer que los sobrevivientes se sientan culpables, avergonzados y responsables de la violencia sexual que han sufrido. Pueden tener dificultad para buscar y recibir apoyo: al sentirse con miedo de ser juzgados, culpados o no ser creídos, lo que puede, finalmente, llevarlos a aislarse y sufrir en silencio.

Puede ocasionar un fuerte impacto en la autoestima, que ya ha sido dañada por el o los pederastas, las víctimas dudan de sí mismas, cuestionan su valor como personas.

La culpa, la vergüenza y el estigma asociados al backlash pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de salud mental en los sobrevivientes, como depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria.

La violencia sexual se encuentra sostenida en una estructura de desigualdad de poder y el goce sexual del pederasta también es goce por la indefensión.

Defender estas prácticas naturalizándolas y descalificando a los denunciantes no creyendo en sus palabras o despreciando las secuelas es dejar a las víctimas indefensas y no deja de ser una forma de complicidad.

Para terminar con la violencia sexual debemos también erradicar también las formas discursivas que defienden la violencia y atentan contra la integridad de las y los sobrevivientes.

* Sonia Almada: es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy y La niña del campanario.

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