La politóloga Andrea Castagnola analizó el proyecto de reglamento para la elección de jueces que presentó la Corte Suprema

Castagnola explicó en Infobae al Regreso cómo la propuesta busca reducir la discrecionalidad y transparentar el proceso de selección en el Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema impulsa un nuevo reglamento para el Consejo de la Magistratura que busca limitar la discrecionalidad en la selección de jueces en Argentina

En una entrevista con Andrea Castagnola durante el programa Infobae al Regreso, la politóloga analizó en detalle el nuevo reglamento que la Corte Suprema impulsa para elegir jueces en Argentina.

En el estudio junto a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Castagnola consideró que la propuesta “tiene muchos aspectos positivos”, aunque advirtió sobre puntos que aún generan controversia. “El examen se volvió algo muy discrecional, inclusive el tema de las preguntas, se rumoreaban que las preguntas ya se iban circulando antes. Lo que propone la Corte es hacer dos exámenes escritos, uno anónimo y automatizado con inteligencia artificial, y otro también anónimo similar al anterior”, puntualizó.

La Corte Suprema propone exámenes anónimos y menos discrecionalidad

Castagnola remarcó que el nuevo reglamento plantea una innovación clave: “Actualmente, la comisión que hace el examen es la que lo corrige. La propuesta que hace la Corte es: tengamos una comisión que hace el examen y otra comisión diferente que lo corrige”. Además, señaló la intención de crear concursos anticipados para reducir los tiempos y evitar la acumulación de vacantes: “La duración reglamentaria tendría que ser máximo nueve meses, pero duran tres, hasta inclusive siete años”.

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La Corte Suprema impulsa un nuevo reglamento para el Consejo de la Magistratura que busca limitar la discrecionalidad en la selección de jueces en Argentina

El nuevo esquema introduce un primer examen múltiple choice, corregido de manera automatizada y anónima, seguido por una segunda instancia escrita. “Uno de los aspectos interesantes es la utilización de inteligencia artificial y la anonimización de las pruebas para evitar filtraciones y favoritismos”, indicó la politóloga.

Límites a la entrevista y transparencia en la selección

El debate se centró en la fase de entrevistas, históricamente señalada como espacio de discrecionalidad. Castagnola explicó: “La parte de la discrecionalidad entra muy fuerte en la parte de la entrevista. Lo que propone la Corte Suprema es que la entrevista sea solamente el 10% del puntaje final”. Aclaró que hoy ese porcentaje no está regulado y puede modificar el orden de mérito de manera arbitraria.

Insistió en la importancia de establecer parámetros objetivos y transparencia: “Que la entrevista sea transmitida y que se pueda ver, que no sea puertas adentro y que no quede, al fin y al cabo, en una reunión informal de café o negociaciones”. Para Castagnola, la oralidad es insustituible en la evaluación de futuros jueces, pero debe estar sujeta a reglas claras y control público.

El nuevo reglamento de la Corte Suprema no resuelve el bloqueo político en las designaciones de jueces, pero avanza en transparencia y control de los concursos judiciales (Infobae en Vivo)

Vacantes, discrecionalidad política y la urgencia de la reforma

La especialista advirtió sobre la consecuencia de la parálisis en las designaciones: “Hoy en día, el 37% de los juzgados nacionales y federales están vacantes. Porque el presidente no eleva ninguna terna al Senado. No existe el consenso político en ver quién va en qué lugar y termina siendo funcional el vaciamiento de la justicia en cierto punto”. Explicó que si bien el nuevo reglamento busca agilizar concursos, “no resuelve el cajoneo político que está en el Poder Ejecutivo, que decide elevar o no una terna, que también sucede con fiscales”.

Para Castagnola, la propuesta de la Corte avanza en reducir la discrecionalidad política, pero queda el desafío de efectivizar los nombramientos y transparentar todas las etapas del concurso. Concluyó que la sociedad civil y los académicos exigen cambios urgentes, mientras el debate sigue abierto en el Consejo de la Magistratura: “El consejo mismo es el que regula su propio funcionamiento. Se necesita mayoría calificada de dos tercios para aprobar modificaciones”.

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