La CGT le ganó un round al Gobierno en la Justicia por la reforma laboral y se prepara para una larga batalla en los Tribunales, mientras el ala dura sindical profundizará sus protestas y algunos gremios firmaron acuerdos inéditos con las empresas para superar la crisis de su sector.
Son manifestaciones de cómo el sindicalismo se reacomoda tras una sucesión de éxitos políticos de Javier Milei en el Congreso, que se fueron opacando por algunas señales socioeconómicas negativas y el efecto venenoso del escándalo que rodea a Manuel Adorni.
El momento complejo para el oficialismo se acentuó a partir del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 de los 218 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, al que sumó una sentencia posterior del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 que frenó el artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.
Ahora, tanto el Gobierno como el sindicalismo esperan más fallos similares desde el fuero laboral y por eso la semana que viene habrá debates en la CGT, el ala dura sindical y varios gremios para decidir cómo actuar en un escenario que hoy resulta desfavorable para Milei.
Los líderes cegetistas festejaron la suspensión judicial de la reforma laboral, aunque saben que la batalla no está ganada. El Gobierno apelará el fallo del juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Laboral N° 63 y no hay certezas acerca de qué resolverá finalmente la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Por eso el equipo de abogados de la CGT, piloteado por Marta Pujadas, Hugo Antonio Moyano, Federico West Ocampo y Pablo Topet, tiene un menú de distintas opciones jurídicas para tratar de neutralizar la contraofensiva oficial.
Mientras, en la CGT se preparan para pelear contra el Gobierno en otros frentes, como el de los números que sostienen el relato mileísta en materia económica. Por eso, como anticipó Infobae, en los próximos días se firmará el convenio con la UBA para crear un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una suerte de INDEC propio que permitiría índices “confiables” de inflación, empleo y canasta familiar para confrontar con las cifras del Estado.
Para el triunvirato de la CGT, integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), el desafío por delante es, más allá de mantener una prolongada batalla judicial por la Ley 27.802, cómo encontrar soluciones ante un crítico panorama socioeconómico previsto para los próximos meses, con más cierres de empresas y despidos.
La CGT no pudo salir de lo discursivo para reaccionar ante el cierre de FATE, donde uno de los problemas para ofrecerse como mediador fue, según deslizan, la actitud “ultra” del Sindicato del Neumático (SUTNA), con preeminencia del trotskismo y el peronismo combativo.
“Tenemos que evitar de alguna forma el impacto en las empresas de las medidas que toma el Gobierno y por eso no podemos encerrarnos en un plan de lucha; también tenemos que dialogar para hallar soluciones”, afirmó a Infobae un referente dialoguista de la CGT.
En la central obrera predomina hoy esa mirada antes que la de quienes son partidarios de salir a la calle a protestar, como es el caso de los gremios del ala dura que, ante la pasividad cegetista, se agruparon en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), para aplicar una estrategia propia de lucha contra la reforma laboral.
Además de anunciar que también producirá sus propios índices socioeconómicos, la dirigencia del FRESU, donde conviven la UOM, los Aceiteros, los pilotos, ATE y las dos CTA, realizará el 1° de mayo un plenario de delegados de todas las entidades que lo integran para consolidarse como espacio ultraopositor y dar “el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, como dijo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
Sin embargo, por debajo del radar de estas peleas contra el Gobierno, varios sindicatos decidieron, en un baño de realismo, avanzar hacia acuerdos sectoriales que les permitan superar la crisis de sus actividades o las limitaciones que tendrán por la reforma laboral.
El ejemplo más notorio fue el novedoso acuerdo firmado la semana pasada entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y Mondelez, la multinacional fabricante de Oreo, Milka y Cadbury, una de las que están afectadas por la caída en el consumo.
La empresa garantizó los puestos de trabajo en su planta de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, por al menos un año y reafirmó su compromiso de producir en la Argentina, incluso productos que hasta ahora llegaban importados, mientras también se acordaron recategorizaciones para 230 empleados, el pago de una suma fija de $920.000 en dos cuotas y condiciones laborales inéditas, como la creación de espacios de esparcimiento en la fábrica, bonificaciones, incentivos mejorados y tiempos de descanso.
Se trata de un importante punto a favor que se anotó el líder del STIA, Sergio Escalante, en la línea iniciada por su antecesor, Rodolfo Daer, y alejada de la intransigencia a ultranza que caracteriza al trotskismo, de fuerte presencia en la actividad y en esa misma planta de Mondelez (ex Kraft, que fue escenario del grave conflicto que tuvo lugar en 2009, con 37 días de huelga, tomas, cortes en la Panamericana y represión policial).
“Alcanzamos este convenio con mucha organización, compromiso y diálogo, en el que participamos los trabajadores y delegados de la planta junto al Consejo Directivo del sindicato, que sostiene y recibe importantes beneficios para nuestros representados y en el que la empresa garantiza su producción y funcionamiento en un difícil contexto por las políticas del Gobierno, lo que valoriza aún más este logro”, señaló el gremialista.
En la misma línea, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, bajo la conducción de Jorge “Loma” Ávila, firmó el martes pasado el primer acuerdo sectorial tras la reforma laboral, que estableció las bases para el inicio de negociaciones paritarias en la industria hidrocarburífera en un contexto de preocupación por la situación actual de la actividad.
En el acuerdo, rubricado por Ávila, el Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE), se “reafirmó la voluntad de mantener los canales de diálogo y su compromiso para asegurar la continuidad del funcionamiento del sector”.
El líder del sindicato, que es diputado nacional de Provincias Unidas, insistió en “la necesidad de sostener los mecanismos vigentes para proteger los ingresos de los trabajadores en un contexto de transformación productiva, marcado por la incorporación de técnicas de recuperación secundaria y terciaria”.
Ávila reafirmó “el compromiso del sindicato con la defensa de los derechos laborales, incluyendo aspectos centrales como las horas extras y los viáticos, pilares fundamentales de la estructura salarial del sector”, y destacó que “el principal desafío radica en adaptar el convenio colectivo a un escenario que demuestra notables cambios dentro de la industria energética”.
¿Habrá más sindicalistas que, más allá de las alternativas judiciales de la reforma laboral, se animen a firmar acuerdos pragmáticos que estén a tono con la realidad de sus sectores y defiendan las fuentes de trabajo? Ese es el dilema para muchos dirigentes en tiempos de Milei, que condiciona la agenda de la CGT y del ala dura.