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Las preguntas que incomodaron a Cristina Kirchner frente a los jueces de la causa Cuadernos

“¿Tiene algún apodo?“, le consultó uno de los integrantes del TOF N° 7 a la expresidenta durante el inicio de la audiencia. Su peculiar reacción cuando le preguntaron por sus antecedentes penales

La primera audiencia presencial del juicio de la causa Cuadernos tuvo un inicio inesperado. La exmandataria Cristina Kirchner se enfrentó a un interrogatorio de identificación que incluyó preguntas poco habituales para figuras públicas de su envergadura. Entre ellas, una consulta sobre apodos que marcó un tono irónico y tenso desde los primeros minutos en la sala AMIA de Comodoro Py.

Antes de comenzar su declaración, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 7 le preguntó si tenía algún sobrenombre. La expresidenta, visiblemente incómoda, respondió con una sonrisa pícara: “Me dicen Cristina. Podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados...”.

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El procedimiento incluyó otras preguntas rutinarias sobre datos personales, domicilio y nombre de sus padres. Cuando se le consultó sobre su residencia, la exmandataria enfatizó: “Hoy, San José 1111. Es de público y notorio...”. También subrayó que sus condiciones de vida eran conocidas públicamente, en referencia a la condena y la prisión domiciliaria que cumple en ese lugar.

Durante el interrogatorio, el magistrado la consultó sobre antecedentes penales que recordara. Cristina Kirchner, con evidente fastidio, interrumpió para pedir que repitieran la pregunta. Al insistir el funcionario, la exmandataria contestó: “He venido en calidad de detenida con prisión domiciliaria. Me parece que todas estas preguntas son de público y notorio”. El presidente del tribunal aclaró que el procedimiento era obligatorio por ley, comentario que Cristina aceptó con cierta ironía: “Bien, bien. Adelante”.

Cristina Kirchner no aceptó contestar preguntas del Tribunal. (REUTERS)

La audiencia estuvo marcada por un cruce de ironías y respuestas incómodas durante el trámite de identificación. La expresidenta remarcó que el único antecedente penal que tenía era la condena en la causa Vialidad, sobre la que precisamente iba a declarar.

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La jornada, además, incluyó un dato administrativo relevante: el tribunal comunicó que, a pedido de su abogado, Cristina Kirchner quedaba habilitada para dejar la sala una vez finalizada su exposición. Ella, por su parte, cerró el intercambio preguntando si había alguna otra duda, reforzando el clima de tensión que se vivió en la apertura.

La ex jefa de Estado no aceptó preguntas. Durante su exposición criticó duramente a jueces y fiscales, especialmente a Carlos Stornelli, el titular del Ministerio Público Fiscal que estuvo a cargo de la etapa de instrucción.

En otro tramo de su monólogo, la expresidenta dijo que la “mafia” coaccionó a empresarios para que declararan en su contra y la incriminaran. Calificó la investigación como un “disparate” y aseguró que le cuesta creer en las instituciones.

“Con este Poder Judicial me puedo morir presa”, planteó antes de cerrar su alocución.

La ex jefa de Estado también criticó al gobierno de Javier Milei durante su declaración y planteó que el actual Presidente violó la Constitución Nacional al plantear durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que Cristina Kirchner continuará presa.

La declaración de Cristina Kirchner se dio en el contexto de un juicio oral que involucra a 86 imputados, aunque solo algunos comparecieron en persona ese día. La exmandataria fue trasladada desde su domicilio en San José 1111, donde cumple una condena de seis años por la causa Vialidad, hasta Comodoro Py. Al ingresar al recinto, se ubicó a pocos asientos de Julio De Vido, exministro de Planificación, con quien no tuvo intercambio alguno.

Esa jornada también estaban previstas las declaraciones de De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa. El resto de los imputados siguió el debate de manera virtual, en un esquema dispuesto desde el comienzo del juicio el 6 de noviembre del año anterior.

El tribunal está compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con la fiscal general Fabiana León y la querella representada por la Unidad de Información Financiera (UIF).

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