Un ex intendente condenado por corrupción asumió como concejal y ahora la Justicia ratificó su inhabilitación

La Justicia de Salta ratificó este 16 de diciembre la condena contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza, por delitos de corrupción. Pese a la sentencia en su contra, Gonza compitió en las elecciones provinciales realizadas en el mes de mayo y obtuvo una banca en el Concejo Deliberante sanlorenceño. Su defensa apeló el fallo adverso, lo que le dio tiempo para asumir su banca. Sin embargo, la resolución de la sala IV del Tribunal de Impugnación dejó firme la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, incluso si fueran obtenidos a través del voto popular.

La pena contra Gonza fue de tres años de prisión en ejecución condicional. La decisión llegó tras una revisión judicial que lo halló responsable de fraude y peculado cometidos durante su mandato en la gestión municipal. “Se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular”, aclaró un comunicado emitido este martes por el Poder Judicial salteño.

La audiencia definitiva se celebró en la Sala IV del Tribunal de Impugnación, como estaba estipulado por la Oficina Judicial. La condena no implicará cárcel efectiva, sino prisión condicional. No obstante, las restricciones impuestas ordenaron prohibirle de por vida ocupar cualquier función pública, además de privarlo del derecho electoral y del acceso a prestaciones previsionales.

La causa llegó a esta instancia por los recursos interpuestos por la Fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que reclamó la imposición de condenas más severas al considerar que el daño ocasionado al Estado fue verificable y no se limitó a tentativas, como consideró inicialmente el tribunal de juicio. De acuerdo con información oficial, la sanción incluye la suspensión del goce de toda jubilación o pensión civil y militar, que pasa a ser percibida por sus beneficiarios legales.

El pasado 10 de diciembre se celebró la sesión preparatoria en el Concejo Deliberante de San Lorenzo, una localidad ubicada a 9 kilómetros de la capital de la provincia. Allí Gonza no sólo asumió su banca si no que presidió la sesión, en medio de cuestionamientos de la oposición por la situación judicial del ex intendente.

Gonza fue hallado culpable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, ambos en concurso real. Los hechos investigados lo vinculan con la malversación de fondos que debían destinarse al plan de viviendas “Una casa para tu hogar”, durante su gestión al frente del municipio de San Lorenzo. La sentencia incluye la privación del empleo aunque provenga de elección popular.

El proceso judicial que culminó en la condena arrancó con una denuncia presentada ante los jueces Ángel Longarte, Gabriela González y Javier Araníbar, quienes el 12 de diciembre de 2022 consideraron a Gonza responsable de fraude en tentativa en dos hechos y de peculado de trabajos y servicios. En ese momento, se dictaron tres años de prisión en suspenso junto a la inhabilitación, además de reglas de conducta. Simultáneamente, Sergio Armando, funcionario municipal durante la misma gestión, recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional y reglas de conducta, por los mismos delitos, aunque en calidad de partícipe necesario.

La fiscal penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, apeló la calificación jurídica inicial, indicando que los episodios juzgados no fueron meros intentos sino hechos consumados. Esta postura llevó la causa ante el Tribunal de Impugnación, que coincidió en que el daño patrimonial al Estado fue concreto y se materializó durante la administración de Gonza. La Fiscalía sostuvo que existieron elementos suficientes para acreditar la materialización del perjuicio derivado del manejo indebido de fondos asignados a viviendas, figura que el Tribunal de Impugnación consideró un agravante esencial para la responsabilidad penal de los imputados.

La resolución de segunda instancia revocó el fallo original y declaró la responsabilidad penal definitiva del exintendente y del exfuncionario, abriendo camino a una nueva audiencia de imposición de pena donde se analizaron las circunstancias agravantes. Para Gonza, finalmente se dispuso la inhabilitación absoluta perpetua para todo cargo público, prohibiéndole además ejercer derechos electorales y acceder a cualquier empleo estatal, además de la condena de prisión condicional.