La dilación en el desalojo de un predio de Villa La Angostura que hace 14 años fue usurpado por mapuches, podría resolverse en las próximas semanas con la orden de desalojo que emitió un juez de la localidad neuquina.
A mediados de abril, el mismo magistrado rechazó el planteo de la defensa de la comunidad Kinxikew, que acudió en queja a la Corte Suprema para intentar frenar el desalojo.
Sin embargo, el máximo tribunal podría no inmiscuirse y en ese caso la orden podría ejecutarse en las próximas semanas.
Durante el recorrido judicial, la damnificada logró el aval de los magistrados para recuperar el control de su terruño. Sin embargo, el desalojo nunca se concretó, no sólo por las dilaciones planteadas por los abogados defensores, sino también por falta de decisión política para ejecutarlo.
Desde la primera denuncia, nueve jueves ratificaron el reclamo de la denunciante.
María Cristina Broers es propietaria de 624 hectáreas en la costa del lago Nahuel Huapi, a 35 kilómetros del centro de Villa la Angostura, en un sitio conocido como El Pedregoso, en la Bahía Huemul.
Las adquirió en 1973 y cuenta con la documentación que avala la operación. Sin embargo, el 27 de diciembre de 2011, integrantes de la familia Melo – identificada con el lof Kinxikew comunidad mapuche- decidió tomar el control del lugar, aduciendo la preexistencia de sus ancestros en el mismo sitio.
El grupo, que reside en el predio, se escudó en la cuestionada Ley 26.160 de relevamiento territorial para permanecer en el territorio, a pesar de que la comunidad nunca fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
A los integrantes de la familia Melo se acoplaron luego integrantes de otra comunidad mapuche, el lof Quintriqueo, quienes también permanecen en el predio usurpado.
La damnificada, acompañada por un escribano, elaboró un acta para dejar constancia del ingreso de los intrusos, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.
La defensa de los mapuches es ejercida por Luis Virgilio Sanchez, integrante de la Gremial de Abogados de la República Argentina, quien acudió a todas las estrategias posibles para garantizar la permanencia de sus defendidos en el sitio que consideran “ancestral”.
En 2016 el juez civil de primera instancia de Junín de los Andes, con jurisdicción en la zona, ordenó el desalojo de la comunidad y dispuso la restitución del inmueble a su propietaria. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial analizó la presentación que realizó la comunidad mapuche para revertir la medida y confirmó la sentencia judicial. Sin embargo, el desalojo nunca se ejecutó.
En ese entonces el argumento mapuche se focalizó en la ley de relevamiento territorial establecido en la Ley 26.160, que dispone, entre otros puntos, la suspensión provisoria de todos los territorios usurpados por comunidades hasta que finalice dicho proceso. La denunciante aseguró que dicha norma alcanza únicamente a las usurpaciones efectuadas hasta el año 2005, por lo que la misma quedaría fuera de su rango de aplicación.
La defensa de la propietaria
Las familias Melo y Quintriqueo defienden la reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras desde 1928, aunque el dato nunca pudo ser documentado.
Dijeron que el lote pastoril “nunca fue ocupado y nosotros siendo descendientes de una familia pionera, estamos cansados de andar con nuestros animales de un lado a otro por no tener un lugar fijo donde tenerlos, además creemos tener el suficiente derecho ganado por nuestros mayores”.
La defensa de la propietaria asegura que “la ocupación de parte de los despojantes es absolutamente ilícita y contraria a derecho” y sostiene que “aún en el hipotético caso de que los hechos hubieran acontecido tal como lo indica la comunidad, eso no habilita a sus descendientes ni a ninguna otra persona a sortear todos los recaudos legales y avanzar en una ocupación absolutamente ilícita”.
En agosto de 2023, la jueza Alejandra Barroso y su par Pablo Furlotti, de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia con competencia en el interior de la provincia de Neuquén, rechazaron las apelaciones que había presentado la comunidad mapuche ante la orden de desalojo dispuesta por el juez civil de la localidad neuquina Francisco Astoul Bonorino.
Resistir el desalojo
Cuando el magistrado rechazó el nuevo recurso que planteó el abogado defensor y avaló el desalojo, los integrantes de las dos comunidades manifestaron su preocupación por la medida y anunciaron que van a resistir el ingreso de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades de las comunidades cuestionaron la decisión del magistrado y aseguraron que sería “un desalojo injusto”.