
De manera sorpresiva, la jueza federal María Eugenia Capuchetti reasumió en las últimas horas la causa por el atentado a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, donde se investiga, entre otras cosas, si hubo autores intelectuales del ataque. El expediente estaba en manos del fiscal Carlos Rívolo desde noviembre de 2022. En una breve resolución, a la que accedió Infobae, la jueza sostuvo que la investigación “no tuvo avances significativos” en los últimos meses y dijo que es “necesario un nuevo enfoque”. Al mismo tiempo, la jueza le pidió a la Policía Federal una copia de un sumario interno donde se investiga la actuación de esa fuerza en las horas posteriores al ataque.
La decisión ocurre en medio del juicio oral contra los tres acusados: Fernando Sabag Montiel, su ex novia Brenda Uliarte y el jefe de ambos, Nicolás Carrizo. El debate arrancó en junio de 2024 y se espera que haya una sentencia a mediados de este año.
En la última audiencia hubo un careo, por momentos muy tenso, entre los cuatro protagonistas del traslado del celular de Sabag Montiel, la madrugada del ataque, desde el juzgado de Capuchetti hasta una sede de la PSA, donde tampoco pudo abrirse. Los protagonistas de ese episodio fueron Priscila Santillán (custodio de la jueza), Pablo Kaplan (perito de PSA), Camila Serén (perito certificada en el programa UFED), y Damián Neustadt, quien trabajaba por ese entonces en el Ministerio de Seguridad.
Su eventual responsabilidad se investiga en otra causa. A fines de febrero, llamativamente, la jueza María Servini sobreseyó a Kaplan y a Serén, y al primer perito que intervino, Alejandro Heredia, que admitió que no tenía experiencia y lo mandaron al juzgado esa madrugada porque estaba de turno.
El teléfono de Sabag Montiel sigue siendo clave pero nadie logró acceder a su contenido. El último intento ocurrió a mediados de marzo, a pedido de la fiscal de juicio Gabriela Baigún. Fue un trabajo conjunto entre seis peritos: los de la defensa de Sabag Montiel, la querella de la ex presidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.

“Ninguno de los intentos resultó exitoso sobre el dispositivo celular Samsung modelo SM-A505 G perteneciente al imputado Fernando Sabag Montiel a pesar de haber agotado las distintas alternativas que fueron planificadas en las pruebas previas para abarcar este peritaje con el despliegue tecnológico más acertado”, dice el informe final.
Lo único que se pudo extraer hasta ahora fueron una serie de fotos, entre ellas una en la que Sabag Montiel y Brenda Uliarte están con el arma con la que se intentó matar a Cristina Kirchner. Todas las imágenes estaban en la tarjeta de memoria.
Aunque el informe de los peritos es concluyente, nadie se anima a dar por cerrado el tema.
Para mañana está prevista una nueva audiencia, con cinco testigos, que declararán sobre el manejo del celular.

La decisión de Capuchetti de reasumir la investigación responde a una serie de episodios que ocurrieron en los últimos meses. La resolución cuestiona, en duros términos, el trabajo de la Fiscalía. “La dilación en el proceso ha generado una situación en la que es necesario un nuevo enfoque para asegurar el avance y la celeridad de la causa”, dijo la jueza.
La causa está a cargo del fiscal Carlos Rívolo desde noviembre de 2022, tres meses después del ataque. Entre otras cosas, todavía se investiga la posible participación del diputado Gerardo Milman. Esa pista surgió del testimonio de un asesor legislativo, llamado Jorge Abello, quien aseguró el 23 de septiembre le escuchó a decir a Milman en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. No es la única línea de investigación abierta.
Rívolo ya rechazó entregar la causa. De hecho, apeló la decisión de Capuchetti por lo que debería intervenir la Sala I de la Cámara Federal.

Además de reasumir la investigación, la jueza decidió apuntar de lleno a la Policía Federal. De hecho, su primera decisión fue pedir un sumario administrativo interno, identificado con el número 165-18-008-526/2022. Ese legajo expondría una serie de irregularidades dentro de esa fuerza en las horas posteriores al ataque.
El sumario, que fue enviado en algún momento a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), según consta en el expediente, podría ser clave para el futuro de la causa. Para Capuchetti, “proporciona elementos clave que podrían abrir nuevos cauces investigativos que merecen ser atendidos y que hasta ahora no fueron abordados”. Por eso, la jueza le mandó un oficio a la PFA. Quiere saber quiénes son “los agentes sumariantes que intervinieron” en el expediente administrativo.
Entre otras cosas, se busca determinar si hubo alguna negligencia policial en las horas previas a la detención de Brenda Uliarte, la novia de Sabag Montiel que terminó cayendo en la estación Palermo de la línea de tren San Martín el domingo 4 de septiembre. Para los investigadores, hubo fallas en las tareas de inteligencia que se hicieron a partir del atentado, especialmente en un departamento del barrio de Barracas. “La dejaron ir de un domicilio donde estaba”, cuestionó una fuente judicial. Por la geolocalización del teléfono, en esos días también había estado en Recoleta, Quilmes y Constitución.
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