La permanencia de los mapuches en tierras públicas “pende de un hilo”, tal como ellos mismos lo definieron. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó el argumento que puso puntos suspensivos al desalojo de la comunidad que desde 2020 ocupa tierras en el Parque Nacional Los Alerces y ahora la expulsión de los intrusos es inminente.
El desalojo tiene sentencia firme, aunque los defensores de la Lof Paillako, integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, elevaron con pocas esperanzas un recurso en queja ante la Corte para intentar frenar la medida.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, ante esa presentación, dispuso suspender la ejecución del desalojo, utilizando un argumento que este jueves rechazó la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
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Los abogados querellantes, que representan a Parques Nacionales, apelaron la postergación del desalojo, recurso que tuvo aval en la cámara chubutense.
“Mientras la Corte no haga lugar a la queja, no se suspenderá el curso del proceso”, aseguraron. Los jueces de Cámara Aldo Suarez y Javier Leal de Ibarra refutaron el argumento de Otranto. “Ahora sí, vía libre al desalojo”, celebraron desde Parques Nacionales.
La suspensión del desalojo sorprendió no solo a la parte querellante, sino también a los propios mapuches, quienes lo elevaron con pocas esperanzas de que prospere. Cuando apeló la postergación del desalojo, el organismo nacional consideró que “están las condiciones dadas para ejecutarlo”. En ese entonces, los mapuches incluso reconocieron que su permanencia en el territorio usurpado “pende de un hilo”.
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La decisión en aquel momento de Otranto inquietó al organismo nacional, que incluso cuestionó al magistrado. El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, había dicho: “La Justicia ratificó la culpabilidad de Cruz Cárdenas. Hay sentencia firme de primera instancia y de la Cámara Federal para realizar el desalojo, pero aún, increíblemente, el Juez (Guido) Otranto no ordena su desalojo”.
La comunidad Lof Paillako es encabezada por Ernesto Cruz Cárdenas, a quien Parques Nacionales responsabiliza por los devastadores incendios estivales de los últimos años. “Una acusación sin pruebas”, se defiende el dirigente, quien se desempeñó antes como combatiente de incendios forestales del organismo que hoy lo acusa.
Al admitir que la permanencia en el territorio de la comunidad mapuche está “en riesgo”, surgieron convocatorias para acompañar el proceso y sumar gente al territorio, para que la tarea de expulsión “no sea tan sencilla”.
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Cárdenas y María Belén Salinas, su pareja, reclaman la aplicación de la ley 26.160 para evitar la expulsión del territorio, aunque la norma no ampara ocupaciones por vías de hecho violentas.
Cuando ingresaron al territorio, en noviembre de 2020, lo hicieron de forma intempestiva, amedrentando al personal de Parques Nacionales y provocando destrozos. Esa irrupción, documentada y comprobada en el expediente judicial, afecta los alcances de la ley aunque el nuevo planteo ante la Corte postergaba el desalojo, al menos por ahora.
Los mapuches son representados por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, cuyos integrantes admitieron que el recurso en queja que elevaron “difícilmente sea aceptado”.
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Mientras tanto, la seccional El Maitenal de Parques Nacionales, la ex población Felidor Salinas y el valle del Arroyo Cascada están bajo el poder de los mapuches. Los intrusos, una vez que tomaron posesión, construyeron galpones y viviendas. Tuvieron trato hostil con quienes se acercaron al territorio, a pesar de que su presencia allí es limitada.
Los notificadores judiciales no tomaron contacto con los integrantes de la comunidad. En alguna ocasión debieron dejar los oficios en los árboles de los alrededores, a la vista, ya que no lograron ubicar a Cárdenas, Salinas ni otros integrantes de la lof.
El proceso para restituir las tierras al Estado comenzó con un trámite administrativo, en el que el organismo que conduce Cristian Larsen emplazó a la comunidad a retirarse en un plazo de 30 días, luego de los cuales y atento a que el grupo decidió permanecer en el lugar, comenzó el camino judicial.
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La confrontación no es sólo en los tribunales. Cuando la Justicia falló a favor del desalojo, antes de la presentación de los recursos por parte de los acusados, el funcionario publicó en sus redes sociales “Cruz Cárdenas, afuera”, tras lo cual los mapuches lo acusaron de “racista”.