En medio de la tensa disputa entre el Gobierno y diversos sindicatos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas para el próximo lunes 26 de febrero. Esta medida se suma a la ya anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que posterga el comienzo de las clases en ocho jurisdicciones del país.
La medida de fuerza de ATE incluye una movilización que dará comienzo a las 9 horas en Avenida de Mayo y San José, en el centro porteño, frente a la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo cuyo cierre fue anunciado el pasado jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni.
El paro dará inicio a las 00 horas del lunes. Durante la jornada, se paralizará la Administración Pública Nacional, provincial y municipal; los hospitales funcionarán solo con guardias mínimas, y los organismos de atención a jubilados (como PAMI y ANSES) atenderán únicamente emergencias. Por otro lado, otros servicios como la recolección de residuos, el barrido de las calles o el mantenimiento de espacios verdes también se verán afectados por la protesta. Además, cada provincia definirá la modalidad de protesta, la cual también podría incluir movilizaciones, cortes de rutas y asambleas.
Dentro de la lista de reclamos del sindicato de los estatales se destacan un aumento salarial por encima de la inflación —que en enero fue del 20,6%—, la reincorporación de despedidos sin causa, el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el aumento de emergencia para jubilados y pensionados, el cierre de organismos públicos y el rechazo a “cualquier intento de privatización”.
“Todas las medidas económicas que impulsó el Gobierno desde que asumió están orientadas a destruir los salarios y las jubilaciones. No podemos naturalizar este deterioro grave en los ingresos del sector público”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.
Cabe recordar que esta semana, en medio del avance del plan de ajuste de Milei, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, liderada por Omar Yasín, mantuvo una reunión con los sindicatos del sector en el contexto de las negociaciones paritarias. Durante el encuentro, el Gobierno logró que uno de los gremios, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), dirigida por Andrés Rodríguez, aceptara un aumento del 12%, propuesta que fue rechazada por ATE, que remarcó que la suba está por debajo del índice inflacionario. “Hasta el momento, salvo la reunión paritaria de unos días atrás, no hubo diálogo con el Gobierno”, habían señalado fuentes del gremio a Infobae.
“Con paritarias nacionales a la baja, intentan condicionar las negociaciones salariales en todos los estados provinciales y municipales”, dijo Aguiar.
Además, el dirigente se refirió al posible cierre definitivo del INADI, el cual es considerado una fuente de gasto público excesivo y de escasa eficiencia en su labor por el Gobierno Nacional. También mencionó la reacción del mandatario argentino ante este anuncio: “Enoja, irrita un presidente que festeja como un adolescente inmaduro la eliminación de un instituto tan importante para proteger a numerosos sectores sociales que durante décadas han sido discriminados en el país”.
La medida de ATE se suma al paro docente convocado por CTERA. El conflicto venía gestándose desde hace más de un mes, por las sucesivas postergaciones de la convocatoria para actualizar el salario mínimo y por la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial.
El inicio del ciclo lectivo está previsto para el lunes 26 en 8 jurisdicciones. En cinco de ellas –CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe– los gremios docentes mayoritarios anunciaron que se sumarán al paro, lo que afectará el comienzo de clases en las escuelas estatales. Las instituciones privadas quedarán al margen de la medida, salvo en Santa Fe, donde los docentes privados adherirán a la protesta.
En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño aseguró que “garantiza el inicio de clases” y señaló en un comunicado: “Todas las escuelas estarán abiertas para recibir a los estudiantes de los niveles inicial y primario”. En cambio, el conflicto se presenta más crítico en Santa Fe, donde la medida de fuerza será por 48 horas, y en Entre Ríos, donde el sindicato AGMER ya anunció otros dos días de paro (el jueves 29 y el viernes 1°) si la provincia no mejora la oferta salarial.
En otras tres provincias –Mendoza, San Luis y Formosa– habrá marchas, pero no suspensión de clases, así que se espera un comienzo de clases relativamente normal.