El presidente Javier Milei, luego que ayer la Ley Ómnibus volvió a comisión en Diputados, publicó por la noche un mensaje en X titulado La casta contra el pueblo en donde expresó “vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”.
Aquella frase reflotó la figura del plebiscito (plebiscitum, que se podría traducir como “decreto aprobado por la plebe”) luego que el Presidente también le diese “like” a la publicación de una usuaria en la red X: “Hay que ir a un plebiscito y a la mierda con estos traidores”.
Vale recordar que en una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+, ocurrida el martes 26 de diciembre, se le preguntó al jefe de Estado: “¿En caso de que el DNU sea rechazado, llamaría a un plebiscito o una consulta popular?”. “Obviamente“, respondió el jefe de Estado. Y profundizó: “El megadecreto tiene más de 75% de aprobación, entonces que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente”.
¿Qué es un plebiscito?
En la forma de gobierno democrática, el plebiscito es un mecanismo de excepción en la formación de las leyes a través de la participación ciudadana utilizando como forma de consulta directa a la población sobre temas de relevancia nacional.
Dicha herramienta permite que los votantes expresen su consentimiento o rechazo sobre asuntos de excepcional importancia. En este contexto, la Constitución nacional de ciertos países establece la posibilidad de que el Presidente de la Nación o el Congreso convoque a consultas populares. Estas consultas, de carácter no vinculante, significan que los resultados obtenidos no obligan a las autoridades a seguir la voluntad popular y, además, la participación de los ciudadanos no es obligatoria.
Su implementación subraya la importancia del consenso ciudadano en decisiones significativas que afecten el destino nacional.
La diferencia entre un plebiscito vinculante y uno no vinculante
En el marco legislativo actual, la Constitución establece mecanismos para incorporar la voz del pueblo a través de consultas populares, clasificadas en dos categorías principales: vinculantes y no vinculantes.
La consultas vinculantes se caracterizan por su capacidad de transformar directamente un proyecto de ley en normativa vigente, tras recibir apoyo mayoritario del electorado, mientras que las no vinculantes sirven para medir la opinión pública sobre temas específicos sin obligatoriedad de seguimiento por parte del Gobierno.
La Cámara de Diputados juega un papel crucial en la convocatoria a consultas populares vinculantes, teniendo la potestad de presentar proyectos de ley ante la ciudadanía para su votación. Esta modalidad de consulta, estipulada en el artículo 40 de la Constitución (incorporado a la Reforma Constituyente de 1994), no permite el veto presidencial y exige participación obligatoria del electorado.
Vale aclarar que para la realización de cualquier tipo de consulta popular vinculante, es imprescindible el acuerdo de ambas cámaras legislativas mediante una ley especial aprobada con mayoría absoluta. Este requisito subraya la necesidad de consenso dentro del espectro político para llevar adelante tales iniciativas, resaltando la importancia de la participación ciudadana en los procesos legislativos a través de mecanismos democráticos directos.
Por su parte, las consultas populares no vinculantes pueden ser convocadas por el Presidente o por el Congreso pero el voto de la ciudadanía (que no es obligatorio) no las convierte en ley automáticamente.
¿Qué temas puede contemplar un plebiscito?
- Acto político o medida de gobierno
- Cuestiones no constitucionales y no legislativas
- Ratificar un acto del Poder Ejecutivo
- Aprobar una transformación política o territorial
¿Cuándo fue la última vez que se realizó un plebiscito en Argentina?
En 1984, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se realizó un histórico plebiscito no vinculante para decidir si el país austral aceptaría el Tratado de Paz y Amistad con Chile respecto al Canal del Beagle, una zona de disputa limítrofe.
La ciudadanía argentina respaldó masivamente el acuerdo con un 82% de votos a favor el 25 de noviembre de ese año, lo que habilitó su posterior ratificación por el Congreso el 30 de diciembre y, finalmente, su formalización el 2 de mayo de 1985. Este evento marcó una etapa crucial en las relaciones bilaterales, pues puso fin a años de tensiones y un potencial conflicto armado entre las dos naciones.
Para llegar a esta instancia, Alfonsín firmó el decreto 2.272, convocando a esta consulta popular no vinculante. Aunque el proceso fue objeto de debate jurídico, incluso con intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la decisión del pueblo argentino fue clara y contundente.
La jornada electoral permitió la participación ciudadana bajo condiciones flexibles, admitiendo el voto de aquellos que, aun no figurando en el padrón electoral, presentaran su libreta de enrolamiento o cívica. Esta medida buscaba asegurar una amplia participación ciudadana en una decisión considerada clave para el futuro del país.
La ratificación del tratado, presentada por el canciller argentino Dante Caputo y su par chileno, Jaime Del Valle, estuvo bajo la observación del Papa Juan Pablo II y evidenció la importancia del respaldo popular para la resolución diplomática de conflictos.
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