Buscan implementar en Córdoba un narcotest para funcionarios municipales electos

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba avanza con la evaluación de un novedoso proyecto de ley: que todo funcionario municipal electo (sean intendentes, concejales o tribunos de cuentas) sea sometido -cada seis meses mientras esté en funciones- a un narcotest, el examen físico para evaluar un eventual consumo de drogas.

Este proyecto ingresó en una etapa decisiva de su tratamiento ya que, durante el día de hoy, los ediles de la Comisión de Prevención de Adicciones recibirán a una rueda de profesionales médicos que opinarán acerca de la obligatoriedad de estos exámenes como así también analizar la periodicidad con la que deberán realizarse. Buscan aprobarlo antes de fines de abril.

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La idea del oficialismo (Hacemos por Córdoba) es modificar el Código de Ética Municipal y establecer, de manera obligatoria, que los funcionarios electos se sometan a dichos estudios. El proyecto de ordenanza fue presentado en 2020 por el concejal cordobés Diego Casado y reflotado en este 2023 eleccionario (las provinciales serán el 25 de junio). ¿Su idea original? Que quienes se presenten a cargos electivos, en forma obligatoria deberán realizarse diversos test para comprobar que no consumen drogas ilegales.

Este proyecto de ley ya cuenta con el aval tanto del intendente de Córdoba capital, Martín Llaryora, como así también del viceintendente Daniel Passerini. “Quienes tenemos responsabilidades de gestión debemos hacernos el test de narcóticos, porque si tenés que dirigir la Policía o un gobierno, no puede ser que esa persona esté vinculada al narcotráfico, que es el peor de los crímenes. Si ese funcionario tiene vínculos con el narcotráfico, va a tomar decisiones distintas a las que podría tomar quienes no consumimos”, expresó el intendente.

Por su parte, Juan Negri (titular de Córdoba Cambia) adelantó el apoyo a esta iniciativa pero con una condición: que comience a aplicarse en lo inmediato y que los actuales funcionarios estén obligados a realizarse el análisis.

El debate de la ordenanza avanza en comisión y cuenta con el aval del bloque mayoritario de Hacemos por Córdoba por lo que su aprobación serían inminente. Aún restaría saber el sufragio de los distintos bloques de Cambiemos.

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Los concejales reescribirían el texto original de Casado y podría ser girado a la Legislación General, aunque en cuanto a plazos dependería de los designios del Pablo Romero, a cargo de la comisión.

Casado, durante una entrevista a la radio Cadena3, expresó que “la iniciativa propone la realización de una rinoscopia y análisis de sangre, pelo y orina para determinar si la persona consumió drogas. La razón de este proyecto es que uno, en el ejercicio de la función pública, tiene que manejarse dentro del ámbito de la probidad y la coherencia”.

Además comentó que la idea de esta propuesta es “generar la mayor transparencia posible dentro del ámbito de la política”. Y lo basó en tres ejes: el primero, que al “manejar los destinos de un millón y medio de habitantes, “sin tener discernimiento, con el uso de facultades mentales alteradas, sería un problema para la sociedad”.

Otro de los puntos que destacó fue que se busca “imposibilitar la circulación del material estupefaciente dentro del ámbito público porque el convite entre funcionarios es un delito tipificado en la ley”. Y, por último, “desterrar la relación o la connivencia entre el funcionario público y el dealer o el narcotraficante”.

La iniciativa ya recibió el aval técnico de Nilda Gait, referente de Toxicología en la provincia de Córdoba, y de Andrés Suárez, un bioquímico experto en detección de narcóticos en distintos tipos de análisis. Hoy, se buscará el visto bueno del especialista en toxicología clínica Luis Quinteros junto a Cristina Gómez (ex directora del Hospital de Urgencias) y el médico de Toxicología Clínica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Mario Vignolo.

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