Silvio Robles, vocero del titular del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro fueron denunciados penalmente por el gobierno bonaerense., por los presuntos “delitos de tráfico de influencias” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Axel Kicillof señaló en su presentación que la Provincia de Buenos Aires “es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema”.
En ese sentido, el gobernador remarcó que el fallo de la Corte -por la cuestión de los recursos coparticipables- que, según él, benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación, habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema en conjunción con el gobierno porteño.
La denuncia recayó en el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla. Según pudo saber Infobae, el juez habilitó la feria y ya pidió efectuar “una amplia certificación a fin de evaluar posibles conexidades y/o la existencia de causas con idéntico objeto procesal”. Puntualmente, aludió, en virtud de la difusión periodística, a las denuncias que se abrieron contra el asesor de Rosatti por impulso de los gobernadores de Santiago del Estero y de La Rioja (en donde los jueces federales de esas provincias terminaron por declararse incompetentes) y la que tramitó en los tribunales de Comodoro Py 2002, que fue archivada la semana pasada por “imposibilidad de proceder”.
Recién ahí, el juez dispuso correr vista a la fiscalía para que dictamine “qué juzgado debe intervenir en las presentes actuaciones, teniendo en consideración las reglas de competencia en razón de materia, territorio y conexidad”, señaló la resolución.
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En su denuncia, el gobernador apunta a la filtración de chats atribuidos a D’Alessandro que tomaron estado público a fines del año pasado. En esos intercambios, el vocero de Rosatti le sugería estrategias a seguir por el gobierno porteño para así obtener un fallo favorable por parte de la Corte Suprema de Justicia en medio del enfrentamiento que el gobierno porteño mantenía con su par nacional.
“Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”, sostuvo el texto al dirigirse a Horacio Rodriguez Larreta.
La presentación judicial, a la que tuvo acceso la agencia de noticias estatal Télam, consta de 14 páginas en las que el gobierno provincial denuncia la triangulación entre Rosatti, Robles y D’Alessandro. Además, se aportan artículos periodísticos que fundamentan la denuncia.
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Desde el Ejecutivo bonaerense precisaron que “las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma”, y agregaron que “hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional”.
Por último, desde Provincia señalaron que “los hechos denunciados deben ser investigados por fiscales y jueces verdaderamente independientes“. De esta forma, según las autoridades gubernamentales, se “debe impedir este arreglo político ilegal: nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”.
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