La agenda judicial del Gobierno empeoró el clima con la oposición y complicó las chances de sesionar en extraordinarias

Tras varias semanas de especulaciones, la Casa Rosada anunció los proyectos que enviará al Congreso para ser tratados durante el período de sesiones extraordinarias que se extenderá del 23 de enero al 28 de febrero.

A pesar de que los interbloques de Juntos por el Cambio y Federal habían adelantado públicamente que el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema no haría más que trabar el debate del resto de las iniciativas, el Gobierno redobló la apuesta y sumó otros dos proyectos relacionados con la Justicia: por un lado, la ampliación de la cantidad de miembros del máximo tribunal; por otro, la reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano que nomina y sanciona a los jueces.

“Nuevamente colocan como prioridad temas que no son los de la agenda de la ciudadanía. Si el Presidente no fuera un hipócrita, debería estar preocupándose en bajar la inflación del 94%. Claramente la prioridad de este gobierno es lograr la impunidad de Cristina Kirchner”, dijo a Infobae Soledad Carrizo, secretaria parlamentaria del bloque de diputados de la UCR.

Desde la oposición reflexionaban con que el nuevo temario “empeora las cosas”, al tiempo que destacaban que el oficialismo no tiene los votos para aprobar ningún proyecto de la agenda judicial. “Apuestan a la guerra aunque eso signifique que no va a salir nada del Congreso”, señalaban luego de que trascendiera el decreto. También lamentaron la ausencia de proyectos “que le importan a la gente” como el de Alquileres.

Sucede que tanto la ampliación de la Corte como la reforma del Consejo de la Magistratura ya tienen media sanción del Senado desde mediados del año pasado, pero el oficialismo nunca estuvo cerca de lograr los consensos mínimos para avanzar en Diputados. El primer proyecto proponía llevar de 5 a 15 los miembros del máximo tribunal; mientras que la segunda iniciativa planteaba que la integración del Consejo pase de 13 a 17 miembros (sumando un juez, dos abogados y un académico), y además no permitiera que el presidente de la Corte sea el titular del organismo, tal como ocurre ahora con Horacio Rosatti.

Para Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, el Gobierno “tendrá que hacer un gran esfuerzo para cumplir con ese temario” dado que es muy amplio e incluye temas institucionales “muy complejos, delicados”.

“El año pasado con 18 temas, no pudieron tratar ninguno. Ahora deberán elegir: si no elige priorizar los consensos, chocará con las trabas que se autoimpuso”, agregó el diputado lavagnista.

En cierta medida la portavoz presidencial Gabriela Cerruti reconoció durante la conferencia de prensa que la agenda judicial podría aumentar la tensión con Juntos por el Cambio. “Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo este último tiempo, pero siempre hay tiempo para recapacitar. Tenemos un extenso temario con temas importantísimos. Hay que sentarse a debatir y no extorsionar. Nos parece que el temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que hay que sentarse a debatir”, dijo en tono desafiante.

Ante la consulta de Infobae, desde la bancada que conduce Germán Martínez aseguraron que “están dadas todas las condiciones para que se traten todos los temas”.

“Aquellos temas más ríspidos tendrán un tratamiento más ríspido. Pero si por los temas ríspidos no podamos tratar los otros, eso se llama extorsión”, resumieron. En esa línea, los diputados del Frente de Todos reclamaron que la oposición deje de “esconderse” y no use los proyectos judiciales como “una excusa para no laburar”.

“En diciembre dijeron que no iban a tratar ningún proyecto hasta que no se resuelva el conflicto del Consejo de la Magistratura, ahora salen a decir que no van a aprobar nada mientras esté el juicio político. ¿Y la culpa la tenemos nosotros? ¿El Presidente, que es el que fija el temario, le tiene que preguntar a Ritondo?”, protestaba un diputado que integra la comisión de Juicio Político.

A dos semanas de que se reanude la actividad en la Cámara de Diputados el panorama parece adverso para el Frente de Todos, que tiene los votos justos para avanzar en la comisión de Juicio Político pero no podrá ratificar la acusación contra los jueces de la Corte en el recinto. Al mismo tiempo, la agenda de proyectos económicos y productivos caería víctima de la polarización extrema y el inicio adelantado de la campaña electoral.

Al analizar las razones detrás de la estrategia de la Casa Rosada, un diputado bonaerense señalaba con malicia que el Presidente, al endurecer su postura, también podría buscar quitarle protagonismo a la agenda legislativa de Sergio Massa.

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