Aunque la atención del mundo judicial y político está depositada en el tramo final del juicio oral por la causa de la obra pública, donde Cristina Kirchner podría recibir su primera condena judicial, su ex socio, Lázaro Báez, está preocupado por otra resolución judicial. En un mes, la Cámara de Casación deberá resolver la catarata de apelaciones, nulidades y agravios en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, donde el empresario fue condenado a 12 años de prisión.
“Lázaro está más pendiente de Casación, porque están sus hijos”, admitió uno de los pocos interlocutores del empresario. En ese juicio, Martín Báez recibió una pena de 9 años, mucho más alta de lo que esperaba el entorno y la familia. También fueron condenados Leandro (5 años), y las dos hijas mujeres.
La relación de Báez con sus hijos tuvo altibajos por su estrategia defensiva. Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligarlos de los delitos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado en el alegato.
Del entorno de Báez además fueron condenados su ex contador Daniel Pérez Gadín como organizador de las maniobras de blanqueo, y el abogado Jorge Chueco. En tanto, a Fabián Rossi, señalado como partícipe necesario, se le dictó una condena de 5 años.
En el caso de Leonardo Fariña, la pena fue de 5 años por su rol de arrepentido, aunque sus abogados apuestan a una reducción considerable en Casación.
Después de dos años y cuatro meses de audiencias, el veredicto por “la ruta del dinero K” se conoció en febrero de 2021, aunque los fundamentos recién trascendieron en abril de ese año. Son 3.000 páginas que ahora están siendo analizadas por los miembros de la Sala IV.
Pese a la complejidad de la causa, y a la cantidad de imputados, todas las partes consultadas reconocen que el proceso en Casación fue más veloz de lo esperado. De hecho, el fallo podría conocerse en la primera quincena de noviembre, antes del Mundial. “Estamos haciendo todo lo posible para cumplir con los plazos”, dijo una fuente judicial ante la consulta de Infobae. Ese plazo se vence entre el 10 y el 12 de noviembre.
Los últimos cinco meses solo fueron audiencias. Antes de la feria de invierno fue el turno de los abogados, por las cuestiones técnicas, y luego se hicieron entrevistas con cada uno de los 27 imputados. A estas últimas se las conoce como audiencias de visu. Se utilizan para que los jueces conozcan a los condenados cuando hay pedidos para revisar las penas. Al margen de las cuestiones jurídicas, les hacen preguntas sobre su salud, sus condiciones laborales o su situación familiar.
El último en atravesar esa instancia fue Lázaro Báez. El empresario había pedido una prórroga porque estaba con los alegatos de su defensa en el juicio de Vialidad.
Las audiencias de visu no son frecuentes, y mucho menos en causas con tantos imputados. En este caso, fueron pedidas por algunas de las defensas y los jueces de la Sala IV admitieron que se hagan.
La revisión de la condena tiene otra particularidad: la Sala IV adoptó para este caso una integración diferente con la inclusión de Angela Ledesma. La jueza se sumó a Mariano Borinsky y Javier Carbajo, habituales miembros. “La dinámica es distinta cuando los jueces no conocen las posturas de los otros miembros”, explicó una fuente judicial que conoce los pasillos de Comodoro Py.
Hay otros datos salientes a la hora de imaginar el resultado final del fallo. En primer lugar, las querellas de la AFIP y de la UIF, que en otras causas judiciales de corrupción se retiraron, en este caso no fueron a las audiencias pero presentaron breves notas para pedir que se confirme la sentencia. Tampoco fue el fiscal de Casación Javier De Luca. Pese a que no tiene obligación, su ausencia se interpretó como un guiño al trabajo del fiscal de juicio, Abel Córdoba, quien había pedido duras penas para todos los imputados.
Justamente, los jueces deben evaluar si las condenas están bien aplicadas, luego de contestar decenas de nulidades. Aunque el tribunal están en la etapa de deliberación, no se vislumbran diferencias sustanciales con los montos decididos por el TOF 4. Si hay reducciones de penas, no serán sustanciales.
Aunque todavía no se conformó una mayoría, ya circula entre los jueces uno de los tres votos, pudo saber Infobae.
Más allá de las penas, el fallo desencadenará una serie de decisiones patrimoniales trascendentales. De hecho, el TOF 4 ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por el campo “El Carrizalejo” (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.
Báez podría recibir una mala noticia en Casación y a los pocos días otra condena por sus contratos millonarios con la obra pública, que fue tomado como uno de los delitos precedentes por dos de los jueces del TOF: Adriana Palliotti y Néstor Costabel.
¿Puede influir la decisión de Casación en el tribunal que tiene la causa de Vialidad o viceversa?, preguntó Infobae en Tribunales. “Todos estamos atentos a lo que ocurre en causas tan cercanas pero no debería influir. No cambió casi nada sobre el delito precedente en este tiempo, ahora se sumó un pedido de pena de los fiscales (Luciani y Mola), y las causas por evasión todavía no tienen fecha de juicio”, razonó una fuente que conoce los detalles de la causa.
Báez también tiene otros juicios pendientes por el campo en Uruguay conocido como “El Entrevero” y por la causa conocida como M&P. En ese expediente se investigaron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.
Por el campo, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Aunque habrá un juicio oral, es muy difícil que la Justicia argentina pueda recuperar los fondos invertidos porque un sector del campo ya fue rematado por el Estado uruguayo luego de que la Dirección General Impositiva (DGI) de ese país ganó un juicio por las deudas fiscales que arrastraba la propiedad.
Báez sigue cumpliendo la prisión domiciliaria en una casa de la zona de San Vicente hasta que la condena quede firme. “Su situación es única en la Argentina, está excarcelado y con domiciliaria en la misma causa”, se quejó su abogado, Juan Martín Villanueva.
Si no hay sorpresas, el fallo de Casación se conocería antes de la sentencia de Vialidad. Podría ser una seguidilla de malas noticias para Báez, aunque la pelea final se librará en la Corte Suprema.
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