“Únicos países latinoamericanos que apoyaron debatir sobre el informe de Bachelet documentando crímenes contra la humanidad en China: Honduras y Paraguay. Argentina, presidiendo el Consejo, se abstuvo, con Brasil y México. Lamentable”. De esta forma, la subdirectora para las Américas de la ONG internacional Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, criticó la postura del gobierno de Alberto Fernández en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Con la ayuda de seis gobiernos de América Latina, entre ellos Argentina, China logró evitar hoy discutir en las Naciones Unidas un informe que documenta las persecuciones del régimen del Partido Comunista contra la minoría musulmana de los uigures, una iniciativa de Estados Unidos en base al trabajo publicado minutos antes de que expirara el mandato de Michelle Bachelet como Alta Comisionada para los Derechos Humanos el 31 de agosto.
En el mencionado reporte, la ex presidenta de Chile halló pruebas de posibles crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías, principalmente musulmanas. Las denuncias apuntan a las autoridades políticas chinas de encerrar a estos grupos étnicos en campamentos.
Previo a la votación, y junto a Human Rights Watch, un conjunto de organizaciones de DDHH ya habían expresado su preocupación sobre la postura del pleno del Consejo de Derechos Humanos de ONU, organismo que preside Argentina de manera temporal. “La resolución que se propone tiene un alcance acotado al simplemente permitir que pueda discutirse el informe de la Alta Comisionada en el Consejo de Derechos Humanos. No adopta una postura específica sobre los temas de fondo abordados ni tampoco con respecto a China, y no presupone cuál será el resultado de esa discusión”, señalaron en una carta firmada también por Aministía Internacional y más de 50 organizaciones.
“Una resolución para que se discuta el informe es la mínima respuesta que sería razonable esperar del Consejo de Derechos Humanos ante un informe de semejante magnitud”, interpelaba el texto.
El gobierno argentino ostenta actualmente la titularidad de ese Consejo, con Federico Villegas Beltrán como presidente. La cuestión china es un desafío geopolítico. Estados Unidos, autor del proyecto para impulsar la investigación del régimen que encabeza Xi Jinping, apoyó desde el gobierno de Joe Biden en toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que China garantizó el swap por 18.500 millones de dólares cuando Alberto Fernández se lo pidió a Xi Jinping.
El canciller Santiago Cafiero se mantuvo equidistante frente a los reclamos norteamericanos y chinos y se encontró con Alberto Fernández cuando concluyó que no habría daños colaterales en la relación con Washington y Beijing. La reunión fue ayer a la tarde en Balcarce 50 y el presidente ratificó la estrategia diplomática del canciller, que implica la abstención al momento de votar la iniciativa del Departamento de Estado.
El dossier redactado por Michelle Bachelet, de 48 fojas páginas, detalla ciertos “patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género” contra los uigures. Constata que dos tercios de los 26 ex detenidos entrevistados “declararon haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y/u otras formas de malos tratos”.
Parte de los abusos denunciados se producen en un contexto del gobierno chino en su estrategia de lucha contra el terrorismo y extremismo en la región de Xinjian. En se marco, “se han cometido graves violaciones de los derechos humanos”, indica el informe. Inclusos, las restricciones de derechos fundamentales documentadas “crímenes contra la humanidad”.
En su carta, las organizaciones de derechos humanos destacaron que en China se cataloga a los uigures y otras minorías musulmanas como “extremistas” solo por practicar su religión, sobre la base de indicios como “usar hiyabs y barbas ‘anormales’”, “cerrar restoranes durante el Ramadán”, “poner nombres musulmanes a los hijos”, lo que configuran “decisiones personales en la práctica de las creencias religiosas islámicas y/o la expresión legítima de opiniones”.
En las sesiones de la ONU, el portavoz de la cancillería china, Wang Wenbin, rechazó el informe de Bachelet y lo calificó como “totalmente ilegal e inválido”, y “fabricado de primera mano por Estados Unidos y algunas fuerzas occidentales”. Según Beijing, los cuestionados campamentos son centros de entrenamiento vocacional destinados a contrarrestar el extremismo.
La región autónoma de Xinjiang es clave porque los uigures viven sobre la antigua Ruta de la Seda, con importantes recursos naturales bajo el subsuelo.
En esta disputa internacional, el gobierno chino busca que la resolución no prospere y el tratamiento de la investigación sea archivada. Para Estados Unidos, un avance de la cuestión sería una victoria diplomática sobre su rival comercial y geopolítico.
En medio de la puja de esas dos potencias, Argentina puso en juego su capital simbólico como referencia internacional de respeto de los derechos humanos y su autonomía de criterio como Estado soberano.
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