
Un clima de euforia contenida rodea en estos días a la Casa Rosada. La paz cambiaria con un dólar libre que viene bajando infló los ánimos de los funcionarios del Gobierno pero al mismo tiempo abrió un interrogante mayor: cómo hacer para que esta situación de estabilidad financiera se mantenga en el tiempo y pase formar parte de un horizonte normal en la Argentina.
Alberto Fernández sigue de cerca todos los días, ya sea en la residencia de Olivos o en la Casa Rosada, las curvas del dólar. La euforia presidencial por la baja del dólar libre se traslada a muchos funcionarios que lo acompañan y que vislumbran que ahora hay “un clima favorable” en el país para avanzar en medidas concretas que ofrezcan señal de confianza a los mercados.
Se trata de un equilibrio mayúsculo para el Presidente porque ello no debería desembocar en medidas de ajuste que generen una fricción mayor con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el kirchnerismo duro. Pero al mismo tiempo, el mandatario sabe que hay que avanzar ahora con “señales positivas” o “temas postergados”.
Ayer, la brecha cambiaria entre el dólar paralelo y el solidario quedó en el umbral más impensado para el Gobierno: la jornada culminó con $149 del libre y $139,84 el Solidario.
“El dólar libre ya muestra más de 10 días en caída y es hora de actuar”, razonaba ayer ante Infobae un destacado funcionario de la Casa Rosada. En la práctica esto implicará que el Presidente buscará avanzar de acá a fin de año con señales claras de que tiene un rumbo económico por delante y que con ello podrá sustentar en el tiempo la paz cambiaria.

Entre esta batería de medidas que se propone la Casa Rosada se encuadra el proyecto de ley que define la nueva fórmula de aumento de las jubilaciones que cerró el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los diputados del Frente de Todos. Este esquema será resistido por la oposición ya que no toma en cuenta la inflación para ajustar los haberes jubilatorios.
Sin embargo, en el Gobierno no temen a las objeciones opositoras e interpretan que este es un gesto para dar previsibilidad en el largo plazo. La rezagada iniciativa para crear por ley el Consejo Económico y Social es otra de las metas que se figura el Gobierno para dar señales de confianza a los mercados. Es decir, la posibilidad de que un estamento instaurado por ley que fije políticas de Estado y que reúna a empresarios, sindicalistas, referentes de los movimientos sociales, las Iglesias y los referentes del Parlamento implicaría también dar mayores certezas en el largo plazo.
El otro eje en debate en estos momentos es un acuerdo fiscal con las provincias que teje en estricta reserva el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Este consenso contemplará la limitación de endeudamiento en dólares -aunque no en pesos- de las provincias, buscará ordenar las cuentas fiscales y al mismo tiempo llevar tranquilidad a los gobernadores en la post pandemia.

Es cierto que esta iniciativa promovida por Interior persigue otro trofeo destinado a mantener la paz económica: la redacción de un artículo que prohíba taxativamente a los gobernadores a litigar contra el Estado Nacional en el futuro como lo hizo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la quita de coparticipación federal de impuestos. Este artículo no logró buena recepción en provincias opositoras como Corrientes, Jujuy o Misiones. Pero el grueso del peronismo la avalaría si ello implica dar señales de estabilidad.
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y su equipo ya tienen listo los lineamientos de lo que será una redefinición del IFE. Será una reducción importante de aquí a fin de año y su desaparición plena desde enero. Algo similar ocurrirá con el ATP para las empresas, ambos programas nacidos al calor de la pandemia.
Todo este esquema de shock de confianza en la economía podría potenciar este viento de cola con el nuevo mapa de la geopolítica internacional. La llegada de Luis Arce. socialista y aliado de Alberto Fernández, al poder en Bolivia es un factor que creen en el Gobierno que puede sumar. El otro eje es Washington, donde en Balcarce 50 esperan con ansiedad que llegue el 20 de enero: ese día asumirá en la Casa Blanca un futuro aliado de la Argentina como creen que será el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

El Gobierno sabe que diciembre no es un mes sencillo en la Argentina. Pero tanto en el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo como en la cartera de Seguridad de Sabina Frederic aseguran que “no hay clima para un fin de año caliente”.
Hay otros dos ejes que aún hacen ruido en todo este plan a corto plazo: uno es el descongelamiento de las tarifas que se vendrá en diciembre y que pegará de lleno en el bolsillo de la clase media.
El otro es el proyecto en carpeta es la iniciativa de ley que grava por única vez a las grandes fortunas. Este tema impulsado por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller parecería quedar rezagado en todos los planes de la Casa Rosada. Si este esquema se sostiene el resultado sería un nuevo choque interno del albertismo con el kirchnerismo duro. Y nadie sabe cuánto puede repercutir este cortocucuito en los mercados. La paz cambiaria quedaría una vez más amenazada en propio juego del poder.
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