Fuerte debate en el Senado por la legalidad de los decretos del Gobierno que le quitan fondos a la Ciudad de Buenos Aires

Como si fuera un juicio, los bloques de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos llevaron a un plenario de comisiones a varios especialistas que se expresaron a favor y en contra sobre la transferencia de partidas de Nación a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del debate de la ley convenio enviada por el Poder Ejecutivo para fijar los fondos nacionales para la policía de la Ciudad.

Por el Gobierno expusieron Daniel Fihman, Secretario de Coordinación Bienestar Control y Transparencia Institucional; Silvia La Ruffa, Subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa y Gabriel Fuks, Secretario de Articulación Federal de la Seguridad. Luego lo hicieron el constitucionalista Daniel Sabsay, que consideró que el Presidente viola la legalidad tributaria y lo calificó de “una especie de emperador”; el ex convencional constituyente radical Antonio María Hernández,; el ex senador porteño y ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y finalmente el ex procurador Carlos Balbín quien es doctor en derecho y especialista en derecho constitucional.

La presentación se dio en el marco del debate sobre el proyecto de ley que aprueba, en el ámbito legislativo, el “Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, firmado entre el gobierno nacional y CABA el 5 de enero de 2016.

En su intervención, Fihman afirmó que “en marzo de 2016 se firmó un acta complementaria entre las dos partes que establecía que la Nación efectuaría la liquidación de los haberes del personal efectivamente transferido así como del resto de los gastos incurridos, que el Ministerio de Seguridad a través de la PFA informaría esos gastos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y este último realizaría la transferencia de esos montos al Tesoro Nacional”. La totalidad de ese monto transferido, precisó Fihman, “fue validado por el Gobierno de la CABA y alcanzó la suma de más de 8 mil millones de pesos entre el 5 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de ese mismo año”.

Por su parte, La Ruffa aseguró que el expediente que dio lugar al convenio "no cuenta con un informe técnico que explicite cuáles fueron los criterios que utilizó en ese momento el gobierno nacional para definir las estructuras necesarias para garantizar las competencias federales en materia de seguridad en el territorio de la Ciudad”.

Y Fuks, que hizo una defensa técnica y política, apuntó que “no existe un rechazo al mecanismo de la construcción de la policía ni a la competencia en materia de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. "La voluntad del Presidente Alberto Fernández, es clara: respetar la autonomía de la Ciudad. A pesar de que la Ciudad excede largamente la recomendación de la ONU de efectivos por habitante, el Estado Nacional sigue prestando en su territorio competencias no federales, y que en el proyecto permanezca la cláusula 14ª es la ratificación de ese compromiso asumido”, consideró.

Por la oposición buscaron plantear la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández que retrotajo en un punto las transferencias respecto a lo dispuesto por Mauricio Macri los senadores de la Capital, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri y también Esteban Bullrich, senador nacional por Buenos Aires, provincia que se beneficiará con los fondos que Nación le recorta a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Lousteau no quedó satisfecho con las respuestas de los funcionarios nacionales y reclamó más precisiones. El senador de Evolución-UCR cuestionó el cálculo del gasto que busca fijar el oficialismo. El costo “está subestimado” dijo y consideró que “es mala base (tomar sólo el año 2016) para saber cuánto costó lo que transfirió la Nación”.

"Hay una diferencia sobre el punto de partida, por eso creemos que tomar el 2016 es una mala base para saber cuánto costó lo que transfirió la Nación y por eso hay que tomar el 2015 y cuándo lo vemos en ese año se gastó solo en Seguridad Metropolitana y Bomberos es muy superior a los 8.046 millones que están diciendo”, apuntó el porteño.

“Nosotros deberíamos estar discutiendo sobre los números para que una vez considerado que hubo una transferencia de competencias como la hubo, saber cuáles tienen que ser exactamente los montos transferidos y no que sea algo que se hace de la noche a la mañana y sobre un cálculo que es muy discutible”, concluyó.

Sin embargo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez reprochó la falta de debate de los últimos años: “Parece que estos años no ha sido muy importante discutir estos temas", remarcó sobre la falta de una ley después de la reforma constitucional del año 1994.

Le contestó en su discurso, porque no hubo intercambio entre expositores, el radical Antonio María Hernández, ex constituyente y abogado del Frente de Todos en la demanda contra el protocolo remoto. “El sistema de coparticipación estaba muy discutido antes de la reforma constitucional”, consideró. También insistió en que cualquier modificación debe ser a partir del consenso y deben continuarse las conversaciones entre la Ciudad y la Casa Rosada. “Luego de eso puede venir un proyecto de ley”, avisó.

Gil Domínguez, a quien se le cortó la conexión, retomó y advirtió que "sigue vigente la ley 23548 que habla todavía de la Municipalidad y hace que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está a la par de las provincias tenga que depender de la parte de la torta del Estado federal y no esté compartiendo con las provincias la distribución de fondos, ahí tenemos el problema”.

Uno de los expositores fue el ex senador Federico Pinedo. Como ex presidente provisional del Senado se mostró contento de participar en la reunión de comisión vía teleconferencia. “Me hubiera gustado poder darles un abrazo”, se lamentó sobre las restricciones sanitarias por la pandemia.

“Tiene que haber un convenio, un acuerdo de voluntades, nadie puede modificarlo unilaterlamente”, reclamó Pinedo en la misma línea que antes se había expresado Antonio María Hernández. “La Corte dice que si no hay acuerdo no puede haber transferencia”, consideró y defendió también el decreto de Macri "que está avalado por ocho leyes”. Y concluyó: “La Nación no tiene ninguna facultad para quitarle coparticipación a ninguna provincia”.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece un costo fijo de $ 24.500 millones para la seguridad porteña y determina una actualización anual según un índice compuesto en un 80%por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad.

La discusión, además del cálculo, giró alrededor de la facultad que tiene, o no, el Presidente para avanzar sobre el tema. Daniel Sabsay abrió el debate con el argumento de que se viola la ley tributaria. Y calificó con duros términos a Alberto Fernández a quien comparó con un “emperador”. Le respondió el senador neuquino Oscar Parrilli que no solo manifestó “desagrado” sino que marcó una contradicción cuando el Poder Ejecutivo envió el convenio para su debate en el Congreso.