El gremialismo tuvo un alivio por duplicado en las últimas horas: el Gobierno les dio unos 3.800 millones de pesos para las obras sociales y, además, incorporó la atrofia muscular espinal (AME) al listado de patologías que son reconocidas por el Estado para reintegrar el costo del medicamento -considerado el más caro del mundo- al sistema sindical de salud.
Desde marzo, las obras sociales recibieron alrededor de 13.700 millones de pesos tanto para compensar la caída en la recaudación por la crisis económica como en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad.
La novedad sobre la patología reconocida no es menor: en una entrevista con Infobae, a principios de junio, el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, había planteado su preocupación por “el daño que le están haciendo los medicamentos de alto costo al sistema de obras sociales, que tienen que hacerse cargo, por ejemplo, del Spinraza, que se utiliza para los chicos con atrofia muscular espinal: cada ampolla cuesta 60.000 dólares y para el tratamiento se necesitan 4 o 5 ampollas por año”.
Como las obras sociales afirman que no pueden pagar ese medicamento tan costoso, los pacientes que lo necesitan suelen presentar un amparo judicial para obligarlas a que lo hagan: se calcula que son unos 800 millones de pesos lo que abonaron aquellas entidades como consecuencia de los fallos que favorecieron a quienes padecen la atrofia muscular espinal.
Gracias a la resolución 597/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada en el Boletín Oficial, las obras sociales deberán presentar los comprobantes del pago del medicamento para gestionar su reintegro, pero aquella norma también incorpora la patología al Sistema de Tutelaje de Tecnologías Sanitarias Emergentes, lo que permitirá a las autoridades de salud efectuar un seguimiento de los pacientes y de la efectividad de la droga utilizada en el tratamiento.
Las otras resoluciones que aliviaron al sindicalismo son las que llevan los números 598/2020 y 599/2020. En la primera, la Superintendencia les giró 2.485 millones de pesos a las obras sociales en concepto de anticipo del mes de junio de los reintegros por prestaciones médicas de alto impacto económico. En la segunda, se otorgó 1.276 millones de pesos como ayuda excepcional para cubrir la caída de la recaudación de las obras sociales en mayo respecto de marzo de 2020.
El auxilio financiero del Estado para compensar la caída en la recaudación de mayo, según el anexo publicado en el Boletín Oficial, beneficia a 140 obras sociales y entre las diez que recibieron los montos de dinero más elevados figuran las siguientes: la obra social de los gastronómicos (165 millones de pesos), del personal de la construcción (113 millones), de técnicos de vuelos de líneas aéreas (78 millones), de conductores de transporte colectivo de pasajeros (56 millones), de trabajadores pasteleros (52 millones), de petroleros privados (47 millones), de comisarios navales (46 millones), de mecánicos (43 millones), del personal de entidades deportivas y civiles (32 millones) y de los metalúrgicos (30 millones).
Esta ayuda para compensar la baja en la recaudación, producida por la paralización de las tareas por la cuarentena, comenzó en mayo, cuando la Superintendencia dispuso el pago de 1.200 millones de pesos por la caída de los aportes de abril.
Tanto en el pago de mayo como el de junio, los fondos provinieron del llamado Fondo de Emergencia y Asistencia, creado durante el gobierno macrista y que nunca había sido utilizado. Se trata de una idea del entonces titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Luis Scervino, quien logró que por primera vez se dispusiera una partida especial para financiar “la asistencia en casos de epidemias o emergencias, los programas de prevención aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud, la adquisición de equipamiento tecnológico, la adquisición y/o remodelación de efectores propios (como clínicas y sanatorios) y los programas de fortalecimiento institucional de las obras sociales”.
El Fondo de Emergencia y Asistencia fue creado en agosto de 2016 mediante el decreto 908, y el dinero que el Gobierno destinó originariamente para ese fin, de unos 4.500 millones de pesos, fue creciendo por los intereses financieros y una parte ahora se usará para un caso de epidemia, tal como fue concebido. Su utilización, anticipada por Infobae el 17 de marzo, era el as en la manga del sindicalismo en caso de que el Gobierno no encontrara de dónde sacar plata para compensar la drástica caída en la recaudación de las obras sociales por el parate que ocasionó la cuarentena.
El auxilio extraordinario para las obras sociales fue pedido por la CGT al ministro de Salud, Ginés González García, quien el 23 de abril les prometió a los sindicalistas que la ayuda se instrumentaría mediante un DNU, fórmula que finalmente fue desestimada porque el Gobierno prefirió que el dinero saliera del Fondo de Emergencia y Asistencia.
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