Fondos discrecionales y reparto desparejo: la ayuda del Gobierno a las provincias en la pandemia

Desde que estalló la pandemia del COVID-19 en la Argentina el presidente Alberto Fernández giró 148.000 millones de pesos a las provincias sólo en fondos para obras sanitarias, programas alimentarios y Aportes del Tesoro Nacional (ATN), entre otros, en un reparto discrecional que concentró poder en la provincia de Buenos Aires, minimizó el problema sanitario en territorio porteño y quedó sujeto en gran medida a la caída de la recaudación impositiva y no a los niveles de contagio de coronavirus de cada distrito.

En la última videoconferencia que mantuvo Alberto Fernández con los gobernadores antes de definir la nueva fase de la cuarentena, se escucharon muchos reclamos de las provincias por una fuerte caída de la recaudación y una importante reducción de la actividad económica. También hubo reclamos por más fondos nacionales. Ayer, en La Pampa, el Presidente señaló que “después que pase la pandemia debemos darnos cuenta de que no puede haber un país central y uno periférico”. Pero este desfasaje entre Buenos Aires y el resto del país quedó altamente graficado en el reciente reparto de fondos para atender al COVID-19.

Según un informe de la consultora Aerarium, sustentado en base a datos recientes del Ministerio de Economía y de las provincias, la administración de Axel Kicillof fue la que más recibió ayuda: con $76.056 millones acumulados hasta ahora recibió más de la mitad de los fondos que giró el gobierno nacional por la pandemia.

“Es lógico que la provincia de Buenos Aires sea la gran beneficiada porque acumula el 35% de la población y está en el ojo de la tormenta de esta pandemia. Pero esa asistencia discrecional debe aplicarse bajo un manto institucional que fortalezca la unión federal y por ende el federalismo”, reveló a Infobae Paulino Caballero, uno de los directores de Aerarium.

Así, el informe de Aerarium sostiene que al 31 de mayo las trasferencias discrecionales tuvieron un marcado sesgo hacia la provincia de Buenos Aires. En efecto, se llevó más del 51% del total de giros realizados por el Tesoro nacional.

A su vez, en el reparto de ATN la provincia de Buenos Aires se llevó $8.900 millones de los $38.000 millones emitidos hasta ahora; de los $49.000 millones repartidos en concepto de asistencia financiera del Tesoro Nacional fueron $46.000 millones a la administración bonaerense; de los $9.300 millones girados por Desarrollo Social para programas alimentarios se dieron $6.000 millones a los bonaerenses y $3.000 millones de los $10.000 globales de programas del Ministerio de Salud.

Esta claro que con 7.496 contagiados de COVID-19 la provincia de Buenos Aires se convirtió en una de las más afectadas por la pandemia. Aunque la CABA tiene 9.754 contagiados hasta ahora, no recibió la misma ayuda que la administración bonaerense. Tampoco ocurrió lo mismo con otras provincias como Chaco, Río Negro o Santa Fe que rondan los 500 contagiados y la ayuda fue despareja en relación a distritos con cero casos o con no más de 50 contagiados.

La administración de Rodríguez Larreta percibió, por ejemplo, $6.900 millones del total de los $148.000 millones de transferencias discrecionales al 31 de mayo. En concepto de ATN por ejemplo, la CABA recibió $450 millones de los $38.000 millones girados a todo el país.

En consecuencia, se sigue profundizando el sesgo bonaerense en la política financiera del Palacio de Hacienda. “Esto pone en jaque el federalismo en la Argentina, nuevamente se retoma el camino de la discrecionalidad político/partidaria y no una distribución objetiva en el marco acuerdos federales entre Nación-provincias y municipios”, dijo Caballero.

Las transferencias discrecionales a mayo 2020 crecieron casi un 250% con una explosión en las transferencias a la provincia de Buenos Aires con una participación superior al 51% del total.

La caída de la recaudación impositiva en un 26% hizo que el reparto de fondos a las provincias cubra este bache fiscal de los gobernadores para poder pagar salarios y sustentar problemas administrativos para enfrentar el COVID-19.

Sin embargo, el problema podría agravarse el mes que viene ya que comienza una etapa de mayor presión sobre el flujo de gastos provinciales y municipales, dado que durante julio opera el pago de la primera parte del aguinaldo.

El monto global de $120.000 millones que tenía previsto enviar el Gobierno en concepto de ATN y fondos del Tesoro para atender el COVID-19 sólo se giraron $38.000 millones hasta ahora. Como viene ocurriendo desde que empezó el año, la coparticipación quedó por detrás de la pauta presupuestada para el mes, con un marcado empeoramiento a partir del impacto del COVID-19 sobre el nivel de actividad y la recaudación tributaria.

De esta manera, las provincias recibieron estos fondos en función por el reparto de coparticipación y para tapar baches fiscales. Pero se observan así diferencias abismales de reparto entre aquellas provincias con mayor número de contagios de COVID-19 y las que apenas tienen una decena de contagiados.

En este sentido, por ejemplo, Catamarca hoy no tiene ningún contagio y ya estará casi libre de cuarentena aunque recibió $1.400 millones en concepto de transferencias de ATN, programas sociales, obras sanitarias o fondos de educación. Algo similar ocurre con Formosa que tampoco tiene contagios y percibió hasta ahora unos $2.200 millones. En los casos de San Juan y La Pampa que tienen seis casos de COVID-19 recibieron $1.700 millones y $2.200 millones respectivamente. Algo similar ocurre con Jujuy que tiene seis casos de contagio y recibió $1.700 millones. El Chaco que hoy tiene 979 casos de coronavirus recibió $3.000 millones o Río Negro, con 434 enfermos del virus sólo percibió en transferencias de ayuda nacional $1.500 millones.

Estas asimetrías entre los fondos distribuidos desde el gobierno nacional quedan atrapados por el reparto de coparticipación.

La consultora IDESA que hace trabajos de relevamiento presupuestario sostiene en el último informe de este mes que en promedio, los estados provinciales del interior se financian en un 72% con la coparticipación de impuestos nacionales y apenas en un 28% con impuestos provinciales. En casos extremos, la dependencia llega al 90%. Con la región del AMBA semiparalizada, la coparticipación está estancada. Como la inflación es del 45% anual, esto está generando severos problemas fiscales en las provincias.

En ese informe, el economista Jorge Colina de IDESA planteó a Infobae que actualizar los porcentajes de la coparticipación es “una estrategia inconducente”. En primer lugar, porque nunca va a ocurrir que una provincia ceda participación. En segundo lugar, porque sus incentivos son intrínsecamente perversos. Así, se plantea que más conducente es desarmar la coparticipación y que cada provincia se financie con su propia recaudación. Para las asimetrías regionales, que los distritos más ricos (fundamentalmente CABA) financien un Fondo de Convergencia –de tamaño mucho más reducido que la actual coparticipación– para promover el desarrollo en las regiones más atrasadas del norte. En el contexto de la pandemia y el reparto de fondos de ayuda estatal esta sería una herramienta al parecer válida para evitar discrecionalidades e injusticias.

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