Advertencia de los fiscales por la “abrumadora” presentación de renuncias y la urgencia oficial en tratar la reforma de las jubilaciones

El fiscal Carlos Rívolo, titular de AFFUN
El fiscal Carlos Rívolo, titular de AFFUN

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) denunció hoy las “graves consecuencias” que ha provocado la decisión del Gobierno de impulsar una reforma al régimen de aportes y jubilaciones en el sector judicial, con una “abrumadora presentación de renuncias” y la “incomprensible urgencia” con la que quiere tratarse el proyecto, sin haber convocado a los “representantes de los directos interesados”.

El planteo forma parte de un comunicado que la entidad que representa a los fiscales, encabezada por el fiscal federal Carlos Rívolo, hizo llegar a los socios. Allí se sostuvo que “con motivo del proyecto de ley modificatoria del régimen especial jubilatorio y de pensiones– ley 24018-, se están realizando gestiones a fin de tener participación en las distintas comisiones de ambas Cámaras del Congreso para clarificar diversos aspectos técnicos que han sido erróneamente plasmados y que meritan ser determinantemente considerados previo a su tratamiento en el plenario”.

No podemos dejar de señalar las graves consecuencias que ha provocado dicho proyecto normativo en el sistema de Justicia producto de la abrumadora presentación de renuncias de los integrantes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos Nacionales y Federales, que decidieron acogerse al beneficio jubilatorio en vigencia y ante la incierta situación que provoca el texto pretendido por el Poder Ejecutivo Nacional”, se afirmó.

“A ello -se añadió- se suma la incomprensible urgencia impuesta a su sanción y la ausencia de convocatoria oficial, en su oportunidad, por parte del Poder Ejecutivo a los representantes de los directos interesados para generar un proyecto de consenso que hubiera permitido evitar efectos adversos en el Sistema de Administración de Justicia”.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, con los integrantes de la Corte Suprema
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, con los integrantes de la Corte Suprema

Hoy se cumple una semana de la iniciativa impulsada por el oficialismo que será tratada la semana próxima en el Congreso. Según está previsto, el miércoles, luego del feriado de carnaval, será debatida en comisión y la intención es que el mismo jueves se discuta en el recinto de la Cámara Baja. Para ese día, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación llamó a una movilización nacional y concentración en el Palacio de Justicia, con cese de actividades.

La iniciativa ya provocó la renuncia de una veintena de renuncias entre jueces y fiscales que decidieron acogerse al beneficio de la jubilación antes de que la reforma se convierta en ley. Y ese número, aseguran, es solo el comienzo. Muchos de los que están en condiciones de jubilarse están esperando saber cómo avanza el proyecto y con qué rapidez. La mayoría de los que ya tienen en la jubilación otorgada, pero siguen trabajando, creen que la ley no los afectará porque entienden que ya es un derecho adquirido. Sin embargo, algunos temen haber quedado en una zona gris que también podría tocarlos.

La Federación Argentina de la Magistratura, que reúne a los jueces provinciales, emitió ayer un pronunciamiento en el que considera que la iniciativa es violatoria de la independencia judicial e inconstitucional. Se trata de una entidad que reúne a 15.700 funcionarios judiciales de las 24 jurisdicciones. Aunque la ley es para los jueces federales y nacionales, hay 11 provincias que transfirieron sus cajas de jubilaciones provinciales al Estado nacional y por ello creen que esta ley también podría alcanzarlos, pese a que los sueldos en esas provincias no siguen los criterios fijados en el orden nacional.

La preocupación llegó incluso a la Federación Latinoamericana de Magistradas, que representa a jueces y jueces de 17 países. En un comunicado se advirtió que los jueces “cuentan con varias garantías que refuerzan su estabilidad en el cargo con miras a garantizar su independencia” y que “el régimen jubilatorio es un elemento de estabilidad de judicatura y sus auxiliares de la administración de justicia, el cual debe ser protegido en defensa de la independencia judicial”

“El proyecto se aparta de principios de raíz constitucional que fuera reconocido por la Corte Suprema de Justicia” argentina, sostuvo el comunicado fechado ayer en San Pablo y firmado por Walter Barone, presidente de la FLAM.

El comunicado exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo de la República Argentina a que permitan un diálogo abierto mediante la participación de las instituciones representativas en la discusión del proyecto, con la intervención de la Corte Suprema de Justicia y de todos los organismos de poder involucrados" para “asegurar a los/las jueces/juezas el respeto de los derechos individuales como personas y con mayor razón preverles garantías reforzadas en su carácter de custodios de los derechos y las libertades de las personas, que son esenciales para el ejercicio de la función judicial en el marco de una real y efectiva independencia del Poder Judicial, herramienta insustituible para la consecución de verdaderos Estados Democráticos de Derecho en la Región".