La AFIP denunció a Ricardo Echegaray por asociación ilícita y encubrimiento

Es por su actuación en el organismo recaudador. Lo acusan de proteger a las principales figuras y empresarios del kirchnerismo

Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP
Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP

La conducción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a Ricardo Echegaray, quien encabezó el ente recaudador en buena parte del mandato kirchnerista, de liderar una asociación ilícita montada dentro del organismo para cometer todo tipo de delitos y proteger a las principales figuras y empresarios del kirchnerismo.

La AFIP denunció a Echegaray por asociación ilícita, peculado, encubrimiento y violación de secreto fiscal en una causa de 2015 contra Lázaro Báez, por facturación apócrifa donde se señala al fisco como un facilitador a favor del empresario K para dicha maniobra, "sin controles" al respecto. En la misma denuncia citaron como ejemplos de las maniobras los casos donde la actuación de los directivos de la AFIP está bajo investigación judicial como en los casos de Cristóbal López y la adquisición de la imprenta Ciccone por parte de Amado Boudou

La denuncia fue presentada por Jaime Mecikovsky, subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP. La presentación fue realizada ante el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa conocida como la Ruta del Dinero K.

Ese juez la envió el viernes pasado a sorteo. El expediente 6146/2018 quedó en manos de Daniel Rafecas y de la fiscalía 8 subrogada por Gerardo Pollicita. La AFIP denunció "el encubrimiento llevado a cabo por altos funcionarios de la AFIP en la defraudación fiscal de un determinado contribuyente". Ese contribuyente es nada menos que Báez, el ex bancario que amasó una fortuna haciendo obra pública vial durante los mandatos de los Kirchner. Báez está preso desde abril de 2016.

Según la denuncia, los funcionarios de la AFIP durante el kirchnerismo "realizaron conductas con el auxilio o con la utilización de un fuerte aparato de poder que lograba el cumplimiento de los mandatos ilícitos de estos funcionarios y concretaba el designio criminal de los autores".

Para la nueva AFIP los denunciados formaron "una asociación ilícita cuyo accionar no se limita al delito o delitos investigados, sino a una multiplicidad y diversidad de ilícitos". Ese grupo trabajó de manera "organizada en una estructura con larga duración en el tiempo" que se nutrió de "diversas herramientas y métodos para materializarlo".

Lázaro Báez, en la cárcel (Infobae)
Lázaro Báez, en la cárcel (Infobae)

El denunciante señaló que para que dichos delitos se cometieran , la AFIP que conducía Echegaray fue funcional "a los intereses espurios del grupo" liderado por Báez. Es decir, "actuaron de forma organizada, coordinada y controlada", como una "asociación ilícita" encabezada por Echegaray y otros ex funcionarios como Rubén Toninelli, Horacio Curien, José Antonio Bianchi.

Los ex funcionarios usufructuaron su cargo para "desplegar de manera instrumental la actividad aparentemente lícita ordenada y pergeñada en función del plan criminal" -que siempre fue "favorecer a Báez"- ya sea para emitir facturas apócrifas y ocultar las riquezas de la empresa y así evadir el pago de impuesto. Todo esto permitió que el ente recaudador "garantice la efectividad e impunidad de su plan criminal".

La denuncia señala que los funcionarios apuntados –con Echegaray a la cabeza- "orquestaron un entramado de actos administrativos ilegítimos con la finalidad clara de producir una exacción o sustracción del patrimonio estatal que tenían a su cargo percibir y custodiar".

Para el denunciante la AFIP tuvo "la intención de favorecer a determinados contribuyentes o grupo económicos" y además "se encubrió la utilización de facturación apócrifa".

Según el planteo de la AFIP, la operatoria denunciada y liderada por Echegaray se delineó desde Buenos Aires y abarcó capítulos en ciudades tan distantes como Bahía Blanca, Río Gallegos o, Comodoro Rivadavia, entre otras. En algunas de esas ciudades se omitió intimar administrativa y judicialmente a las empresas de Báez por sus deudas impositivas y previsionales. Y se disolvieron los equipos que investigaban a Báez.

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