Aníbal Fernández fue beneficiado con la eximición de prisión

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi otorgó hoy la eximición de prisión al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, en el marco de la denuncia en su contra por insolvencia fraudulenta, al vender dos vehículos tras la inhibición general de bienes impuesta en la causa "Plan Qunita". Más temprano, el fiscal federal Ramiro González había dictaminado en ese sentido.

La titular de la Fiscalía General número 3 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gabriela Baigún, había denunciado a Aníbal Fernández por el presunto delito de "insolvencia fraudulenta", al advertir que el ex funcionario kirchnerista vendió dos autos de alta gama cuando pesaba sobre él una inhibición, dispuesta en el marco de la causa en la que se lo investiga por irregularidades en la implementación del Plan Qunita.

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner decidió presentarse el lunes en los tribunales de Comodoro Py para aclarar su situación patrimonial y pedir su eximición de prisión.

En su dictamen, el fiscal González argumentó que la expectativa de pena del delito lo permite y que Fernández siempre se sometió a derecho, por lo que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. "No se vislumbra como el imputado, en el caso de permanecer en libertad, podría obstaculizar el desenvolmiento de la investigación", concluyó el fiscal en su  dictamen. El juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó los argumentos de Fernández, y dictó su eximición de prisión.

En el marco de este expediente -Qunita- se investigan sobrepagos en la compra de los elementos que conformaron un kit destinado a madres en situación de riesgo social, y se cuestiona que se le haya otorgado la licitación -por más de $1.000 millones – a seis empresas sin antecedentes en el rubro.

El kit constaba de una cuna de madera con sistema de encastre y bolsillos de tela, colchón, dos juegos de sábanas, un acolchado y una frazada polar, además de un saco de dormir y un cambiador. También se proveía a las beneficiarias dos enteritos de manga larga, dos de manga corta, bolso materno y un termómetro digital, algodón, chupete, babero, mordillo y sonajero, así como una guía de cuidados.

En la causa, el juez federal Claudio Bonadio había procesado a 18 imputados, entre ellos Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollan, por el delito de fraude a la administración pública, violación de deberes y abuso de autoridad. Además, les trabó embargos que en algunos casos llegaron a $440 millones. En el caso de Fernández, el 23 de febrero de 2016 un oficial de Justicia lo intimó a que ofreciera bienes para hacer frente al embargo, pero el ex funcionario explicó que no podía afrontarlo y Bonadio decretó la inhibición general.

Luego, el 11 de agosto de 2016 el ex jefe de Gabinete pidió el levantamiento del embargo para inscribir bienes que correspondía asignar a María del Carmen Barreiro, su ex esposa, de acuerdo a la división conyugal. Bonadio hizo lugar al levantamiento del embargo sólo a ese fin y apenas comprendió a un inmueble en Villa Gesell, otro en la localidad Bonaerense de Quilmes y un local comercial en esa misma ciudad del conurbano bonaerense.

Pero la Fiscalía detectó que Fernández vendió un Toyota Hilux el 27 de mayo de 2016 por $450.000 y también un BMW el 1 de septiembre del mismo año por unos $634.450. Las transferencias de los vehículos fue posterior a la inhibición general de bienes decretada en su contra, por lo que la fiscal Baigun lo denunció ante la Cámara Federal porteña por insolvencia fraudulenta al querer desprenderse de parte de su patrimonio.

En esta causa ya se encuentran procesados diversos ex funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación en 2015, por haberse verificado irregularidades originadas en el propósito de obtener un beneficio económico, a través de compras de 150.000 kits con un sobreprecio –como hipótesis de mínima- de alrededor de $3.000 por cada uno, lo que arrojaría un perjuicio para el Estado de, por lo menos, $450 millones.

Además, y de acuerdo a la investigación, la licitación se habría direccionado hacia empresas cuyo objeto social y actividad no guardaban relación alguna con los rubros licitados y que habían ofertado precios que superaban ampliamente a los reales.

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