Guillermo Bellingi era subdirector la Procuración General de la Nación. Por orden de Alejandra Gils Carbó se había encargado de manejar la licitación mediante la que se compró el edifico de la calle Perón al 600 donde funcionan las principales oficinas del Ministerio Público.
La Procuración pagó $ 43.850.000 por el edificio que vendó la firma Arfinsa S.A del Grupo Bemberg. En la operación se pagaron comisiones millonarias. La inmobiliaria Jaureguiberry que asesoró a Arfinsa en la licitaicón cobró $7.700.000. A su vez le pagó $ 3.000.000 a un productor de seguros de La Plata sin conexión algu na con el negocio inmobiliario: Juan Carlos Thill.
En abril pasado Infobae reveló que Thill había cobrado una comisión millonaria en 2013 y también que era medio hermano de Bellingi. Luego se demostró que Bellingi le había dado información privilegiada a Thill que a su vez la compartió con Bárbara Jaureguiberry. Gils Carbó, Bellingi, Thill, Jaureguiberry y Adrián González Fischer de Arfinsa, fueron procesados por el juez Julián Ercolini por la conjunción de los delitos de administración fraudulenta. El fiscal del caso Eduardo Taiano determinó que la licitación fue direccionada desde la Procuración para que la ganara Arfinsa y por eso se pagaron comisiones.
Gils Carbó renunció a la Procuración y abandonará el cargo a partir del 31 de diciembre. Y su procesamiento será revisado por la Cámara Federal porteña. En sus indgatorias Gils Carbó y el resto de los procesados negaron haber cometido delito. Salvo Bellingi y Thill quienes se negaron a declarar a la espera de un peritaje informático en el que se develarán intercambios de mails entre los investigados.
En abril pasado cuando Infobae reveló el parentesco entre Bellingi y Thill, Gils Carbó suspendió a Bellingi quien por entonces revistaba en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Y además ordenó el inicio de un sumario administrativo en su contra que quedó a cargo de Sergio Rodríguez fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, Rodríguez solicitó la exoneración de Bellingi porque no guardó reserva de la información que poseía por ser quien manejaba el proceso licitatorio y por no haberse excusado ya que su medio hermano intervenía asesorando a una de las empresas que participó en la licitación. Esa empresa fue la que finalmente vendió el edificio de la calle Perón.
Rodríguez le notificó a Bellingi el pedido de exoneración. Bellingi presentó varios recursos y pidió algunas pruebas que se están produciendo, tal como indica el procedimiento administrativo.
La exoneración es la sanción más grave que prevé el Reglamento Disciplinario para Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal. Las otras sanciones pasibles de ser aplicadas son apercibimiento, suspensión y cesantía.
Luego de haber sido suspendido y removido de la PROCELAC (una de las Procuradurías preferidas de Gils Carbó) Bellingi pasó a trabajar en la Biblioteca de la Procuración. Allí sigue. Por ahora.