El año que vivimos en peligro no fue un año, ni se ha terminado. El año que vivimos en peligro fueron dos años, los que van desde la asunción del gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015 hasta las elecciones parlamentarias de medio término, que ocurrirán en octubre de 2017, con asunción de los elegidos en diciembre de 2017. Escribo mientras transcurre, el año que vivimos en peligro, que todavía no se terminó ni sabemos si se terminará. Que se termine depende, sobre todo, del resultado de esas elecciones de medio término, en las que no elige meramente una mayoría parlamentaria sino que se referenda a un gobierno y, a través de esa decisión, se vota por un modelo de país. El miedo contra la esperanza. El siglo XXI y sus interrogantes o el siglo XX y sus fracasos. El futuro y sus incertidumbres o la vuelta a un pasado de segura frustración.
Si el resultado es favorable a Cambiemos, el de Macri será el primer gobierno de un presidente civil no peronista que complete su mandato desde 1928, cuando lo hiciera el de Marcelo Torcuato de Alvear. Si el resultado favorece a la oposición, abrumadoramente peronista, el gobierno se verá debilitado desde la ya extraordinariamente débil posición en que lo dejaron las elecciones de 2015, por las cuales forman parte de Cambiemos un tercio de los diputados, un quinto de los senadores y cinco gobernadores provinciales. Seguirían dos años de debilidad política y dificultades económicas, con un gobierno en retroceso y acaso con dificultades de gobernabilidad, y la vuelta segura de alguna de las variantes del peronismo en 2019. Los muchachos que gobernaron veinticuatro de los últimos veintiocho años. Otra vez.
El año que vivimos en peligro fueron dos años cuyos riesgos solo percibió una minoría de la población, en los que el Gobierno tuvo que avanzar por un estrecho desfiladero en el que cualquier paso en falso significaba caer en el profundo foso en que los tiburones pejotistas y los cocodrilos kirchneristas lo esperaban con las mandíbulas abiertas. A la derecha, el foso económico del descontrol de las variables, la hiperinflación o la hiperrecesión, y el colapso. A la izquierda, el foso político excavado por el peronismo, con el Club del Helicóptero como ariete.
Desde la asunción, signada por el intento de deslegitimación de Cristina, el gobierno de Cambiemos circuló por ese angosto desfiladero. Avanzar rápidamente en el inevitable sinceramiento de la economía, como buena parte de los economistas liberales exigía y aún hoy pide, podía llevar a una crisis social que inevitablemente sería reconducida a epopeya destituyente por quienes no duraron en voltear a Alfonsín y De la Rúa apenas tuvieron oportunidad; pero continuar indefinidamente con el doping del default, el cepo cambiario, las tarifas regaladas y la inflación era condenarse a ser la Alianza, que no se animó a salir de la Convertibilidad y así le fue. Una política demasiado dura con los compañeros gobernadores podía conducir a la formación de otra liga como la que en 2001 erosionó a De la Rúa con una secuencia hecha de endeudamiento exponencial, emisión de patacones y Lecops, y saqueos en zonas liberadas; pero un exceso de concesiones y amiguismo podía ser interpretado por los miembros del partido psicopático argentino como una señal de debilidad. Seguir ignorando las leyes de la economía en nombre de la política, como hizo por doce años el kirchnerismo, era poner una bomba de tiempo debajo del sillón presidencial; pero ignorar la fragilidad de la situación política heredada como si solo la economía tuviera normas y reglas podía causar la enésima experiencia de ingobernabilidad no peronista.
Atrapado en una situación de zugzwang ajedrecístico en el que solo están a disposición movidas malas, el Gobierno hizo lo que pudo: evitó las movidas catastróficas que llevaban a un inmediato jaque mate, optó por las menos malas, aprovechó el único activo que el kirchnerismo había dejado: un bajo endeudamiento externo, y otro que él mismo había generado: la credibilidad y el reconocimiento internacionales. Cerró bien el conflicto con los holdouts, obteniendo un descuento de más del 30% a pesar de la existencia de un fallo firme desfavorable; salió de un default absurdo que llevaba ya quince años, se endeudó a tasas mucho más bajas que las que regían apenas unos meses antes, y ganó tiempo. Tiempo para que la economía, la política y la sociedad no estallaran. Tiempo para que la salida de la recesión y el crecimiento económico ayudaran a poner en orden las cuentas. Tiempo en un país hecho de corto plazo y de impaciencias. Gradualismo, lo llaman, y no es seguro que sea la receta apropiada para evitar caer al foso de los cocodrilos y tiburones por alguno de los dos lados, el político y el económico; pero tampoco está dicho que no lo sea, o que una política de shock hubiera dado mejores resultados. Yo creo exactamente lo contrario, pero —dada la complejidad incalculable de los factores intervinientes— la mía es una opinión; como la de todos los demás que opinan, ciertamente.
Debido a ese movimiento pendular que caracteriza los asuntos humanos por el cual las ideas suelen pasar con rapidez de un extremo a otro, doce años de sobrevaloración de la política y de desprecio de la economía han llevado a muchos —economistas, especialmente— al extremo opuesto de creer que la política carece de sus propias dinámicas y leyes, aunque sean más difíciles de medir objetivamente que el PBI. Ahora bien: ignoremos por un momento los sufrimientos que un programa de shock ocasionaría en el tercio de argentinos pobres y supongamos que igual valdría la pena por los futuros beneficios. Queda aún por resolver la cuestión de su aplicabilidad. Dos condiciones no económicas imprescindibles para que un plan económico sea exitoso es que exista un poder capaz de aplicarlo y una población que entiende su carácter y su necesidad. No parece ser el caso de la Argentina, hoy.
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Ahora bien, supongamos también por un momento que sea verdad que los programas económicos de shock hayan sido históricamente más exitosos que los gradualistas; lo que es bastante suponer. Existen por lo menos tres razones para desconfiar de que una terapia de shock pudiera tener éxito en Argentina. La primera es el carácter políticamente sanguinario de la oposición. De la oposición peronista, quiero decir, cuyas habilidades destituyentes no tienen parangón en Suecia, ni en Uruguay, ni en casi ningún otro país. Solucionar la ecuación argentina prescindiendo de su factor crucial: la existencia de una estructura política mafiosa extremadamente hábil para llegar al poder, notablemente reacia a abandonarlo y mortalmente eficaz a la hora de desalojar de él a sus competidores, es un sofisma intelectual. Súmese el carácter corporativo en que el populismo sumió a los dos sectores cruciales de la economía: el empresarial y el sindical, y es fácil la conclusión. Es el peronismo, muchachos, y constituye el problema político central del país, sin cuya solución estamos condenados a una continua decadencia. Pretender solucionarlo ignorándolo, construir una entelequia político-económica de la cual esté mágicamente ausente, es hacerle el juego y facilitarle el retorno a las condiciones de hegemonía con las que destruyó al país por un cuarto de siglo, por lo menos.
El segundo factor es de tipo ideológico, quiero decir, del orden de las ideas. Más de la mitad de la ciudadanía argentina votó en 2015 por el cambio. Es un hecho cierto e indudable. Más complicado es determinar qué tipo de cambio es el cambio que votó la ciudadanía argentina. No cuesta demasiado suponer que el acuerdo acerca de lo que se rechazó del pasado es mucho mayor que el acuerdo acerca de lo que se espera del futuro. En otras palabras, que quienes de ninguna manera y por nada del mundo queremos volver a la corrupción galopante, el delirio megalomaníaco y la ineficiencia certificada que todas las variantes del peronismo nos garantizan tenemos, muchas veces, visiones muy distintas del país que queremos y de cómo llegar hasta él. Esta divergencia es mucho mayor en el campo de la economía. Ideas económicas notoriamente populistas —como la de la necesidad de que el gobierno controle los precios, o la del carácter decisivo de la industria para lograr el pleno empleo, o la de los enormes beneficios de no importar ni un clavo, o la de dar preferencia a las Pymes sobre las grandes empresas, entre muchas otras— forman hoy parte del acervo cultural argento en su capítulo económico, y esto incluye buena parte —acaso, la mayoría— de los votantes de Cambiemos. No es un factor secundario ni mucho menos, ya que —como sostuvo Keynes— pocas cosas son más poderosas que las ideas. Extrapolando el concepto al terreno social, las ideas que tenemos acerca de la economía o de cualquier otra disciplina social constituyen condicionamientos fuertes de cualquier disciplina, y de la economía; que tiene sus propias leyes y reglas, pero no es una ciencia exacta sino una ciencia social.
Nadie puede gobernar democráticamente una sociedad a contramano de lo que piensa esa sociedad; mucho menos, a contramano de sus propios votantes. Sospecho que, entre otras cosas, cuando desde el Gobierno se afirma que no se trata solamente de hacer un buen gobierno sino más bien de encabezar un cambio cultural se refieren precisamente a eso: a la necesidad de dejar atrás toda una estantería de ideas desvencijadas y obsoletas que en regiones más afortunadas del mundo han sido arrojadas al basurero de la Historia, pero que en nuestro país son presentadas como evidentes de toda evidencia por gentes con pretensiones de seriedad.
Acaso al final del camino que estamos comenzando a recorrer con el advenimiento de una fuerza republicana y no populista al poder haya una Argentina en la que los liberales y los socialdemócratas se disputen la primacía intelectual y el poder político. Por ahora, el Gobierno suma a sus muchas ocupaciones la tarea docente de explicar que la inflación no es producto de la avidez capitalista sino de la emisión monetaria descontrolada, que la industria solo da ocupación a uno de cada ocho trabajadores y la principal fuente de creación de empleo son los servicios, que el paradigma de no importar ni un clavo nos ha llevado a ser la tercera economía más cerrada del planeta pero no ha garantizado el desarrollo y nos ha dejado en el déficit financiero y comercial, que en todas partes las Pymes son proveedoras de las grandes empresas y necesitan de ellas para ser viables y, sobre todo, que las tasas chinas y las platas dulce consumistas —como las que vivimos con el peronismo menemista entre 1991 y 1995 y con el peronismo kirchnerista entre 2003 y 2007— duran no más de cuatro años, no bastan para disminuir la pobreza estructural y te dejan una década pagando la cuenta de la tarjeta de crédito que hiciste explotar.
Una oposición ávida de dejar de serlo cuanto antes y dispuesta a todo para lograrlo y una sociedad primarizada en sus concepciones económicas por una década de populismo neoliberal menemista y otra de populismo pseudorredistributivo K constituyen razones excelentes para no jugarse a una sola ficha la que acaso sea la última oportunidad que tiene la Argentina de transformarse en un país razonable. Pero hay otra razón, la tercera, que parece abogar a favor de la estrategia gradualista adoptada por Cambiemos. Es la inédita debilidad política del gobierno de Cambiemos.
El de Cambiemos es, salvo mejor opinión, el gobierno estructuralmente más débil desde el retorno de la democracia. Mucho más que el de la UCR de Alfonsín, que dispuso de siete gobernadores, el 48% de los diputados y el 39% de los senadores, y que el de la Alianza de De la Rúa, que contó con siete gobernadores, el 44% de los diputados y el 28% de los senadores. A lo que se agrega el hecho de que Macri, primer presidente argentino que no es militar, ni peronista ni radical desde Ramón Castillo, depuesto en 1943, las tres grandes estructuras políticas que gobernaron el país desde hace siete décadas, es también el primer presidente argentino que accede al poder mediante el ballotage; otro dato que establece una legitimidad institucional impecable, que en cualquier país normal sería garantía suficiente, pero que en la Argentina que parió un cuarto de siglo de hegemonía peronista configura otro signo de interrogación sobre un asunto clave, el primero de la política: la gobernabilidad.
Es cierto, desde luego, que la victoria de Néstor Kirchner en 2003 podría presentarse como un caso de parecida debilidad estructural; pero no lo es, por dos razones contundentes. La primera es que Kirchner fue —al menos desde los tempranos Ochenta, cuando fundó con Cristina y Alicia el Ateneo Juan Domingo Perón y la Unidad Básica Los Muchachos Peronistas con los cuales peleó la intendencia de Río Gallegos en 1983— un dirigente del Partido Justicialista. Como tal accedió a la intendencia en 1987 y a la gobernación de Santa Cruz en 1991. La Historia lo retrata junto a Carlos Menem en el palco de Calafate "acompañando el necesario proceso de transformación y cambio que la Argentina debe llevar adelante". De manera que, aunque haya llegado al poder con apenas un 22% de los votos y gracias a la renuncia de Menem al ballotage, Kirchner dispuso inmediatamente de la obediente verticalidad y de los votos de todo el peronismo, movimiento mundialmente famoso por su capacidad de acudir presuroso en ayuda del vencedor; lo que otorgó al kirchnerismo la mayoría en ambas Cámaras por doce años.
Se trata de un hecho innegable que los defensores de la teoría de que el kirchnerismo no es peronismo pretenden ignorar: gracias a los votos de los legisladores del Partido Justicialista y por doce años consecutivos (el período de hegemonía política más extendido de la Historia nacional), el gobierno kirchnerista dispuso de mayoría legislativa automática en ambas Cámaras a pesar de que sus propios diputados y senadores eran solamente una minoría intensa. La segunda razón por la cual la debilidad estructural de Cambiemos no es igualable a la que sufrió inicialmente el kirchnerismo es, también, obvia. Tanto Néstor como Cristina usaron todos y cada uno de los mecanismos imaginables e inimaginables, legales y no legales, para acumular poder, primero, y conservarlo, después. Lo hicieron con total indiferencia por las consecuencias de largo plazo y por la suerte del país. Estos mecanismos incluyeron el uso de los fondos que el Ejecutivo nacional está obligado a distribuir a las provincias y municipios como mecanismo de chantaje y extorsión, la concentración de la recaudación impositiva en impuestos —como las retenciones— antifederales y excluidos de los mecanismos de coparticipación y el uso impúdico de alianzas políticas a contramano del discurso antipejotista y antimenemista que se enunciaba por cadena nacional. No hay ni sombra de todos estos mecanismos disciplinadores en la actuación del gobierno de Cambiemos, lo que hace que la minoría que sufre en ambas Cámaras no sea hipotética, sino bien real.