Este viernes comenzarán a verse las primeras expresiones en contra del traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires luego del anuncio que encabezaron semanas atrás el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Distintos sectores del Poder Judicial impulsan medidas de fuerza y buscan evitar que se materialice la iniciativa, que aún debe ser aprobada en el Congreso Nacional y la Legislatura porteña.
La Unión de Empleados de la Justicia Nacional, que encabeza Julio Piumato, resolvió convocar para este viernes un paro nacional de actividades por 24 horas. "Los trabajadores estamos siendo equiparados a bienes muebles y se nos quiere traspasar inconsulta e inconstitucionalmente", expresaron.
Para la Comisión Directiva, el convenio "responde a un reparto comiteril que no prioriza la independencia judicial ni tiene en cuenta la carrera administrativa en función del esfuerzo y formación de sus trabajadores".
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"Sin participación de sus trabajadores, solo movidos por necesidades políticas, no se construye una mejor Justicia", indicaron a través de un comunicado.
Los judiciales pararán, además, por otros dos motivos: la eliminación de la feria judicial propuesta por el Gobierno, que el gremio entiende que "significa flexibilización laboral" y "no influye en el mejoramiento de la Justicia", y un reclamo del Personal Obrero y de Maestranza (POM).
Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJM) convocó a una reunión en la planta baja del Palacio de Justicia, con suspensión de tareas, para este viernes a las 12:30. El encuentro, que tendrá como objetivo discutir los alcances del traspaso, está abierto a secretarios y funcionarios del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos de la Nación.
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"Esta Asociación reitera su más enfático rechazo a esa decisión, que viola la Constitución Nacional y vulnera los derechos laborales adquiridos por secretarios, funcionarios y empleados de todos los estamentos del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Nación", dijeron a través de un comunicado.
En otra oportunidad, la agrupación que reúne a jueces y fiscales había expuesto que detrás de la propuesta existe el riesgo de que "el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas". También han advertido sobre "la gravedad de enjuiciar y expulsar a esos magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad".
"Esta estabilidad precaria —sostuvieron— conspira sin duda contra el derecho de los habitantes de la ciudad a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes, resultando irreal que dicho traspaso pueda mejorar el servicio que a ellos se les presta, ya que seguirá siendo el mismo número de personas que en el mismo territorio atenderá idéntica cantidad de causas penales".
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Para concretarse, el traspaso deberá ser aprobado por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña. En caso de que esto suceda, una vez que el proceso se complete la Ciudad tendrá a su cargo 490 personas, entre magistrados y empleados. Según las intenciones del macrismo, el convenio prevé que Nación le otorgue a la Ciudad los recursos económicos necesarios para administrar el nuevo personal.
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