Una reciente revelación periodística transmitida en un informe para Esta noche con Milagros Leiva puso en evidencia que 53 congresistas de la gestión parlamentaria pasada incrementaron su patrimonio sin que existiera una fiscalización efectiva sobre el origen ni la composición de esos bienes, especialmente en el rubro “otros”. Ese apartado permite consignar desde joyas y obras de arte hasta depósitos, acciones y antigüedades, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el control en las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas durante el período legislativo 2021-2026.
La investigación, difundida por la periodista Thaís Casalino, sostiene que el rubro “otros” se transformó en una zona opaca dentro de los reportes patrimoniales. Allí pueden figurar relojes de alto valor, pinturas, fondos mutuos, depósitos en cuentas, esculturas, así como objetos de arte y antigüedades. La amplitud de esta categoría ha suscitado preocupación entre especialistas, quienes advierten sobre la necesidad de un mayor control para determinar la naturaleza y el origen de estos activos.
El reporte televisivo se enfocó en cinco casos representativos, identificando una tendencia de crecimiento patrimonial durante el paso de los congresistas por el Parlamento. Según el análisis, el incremento se produjo sin que existiera un señalamiento público ni un control visible sobre las variaciones en los bienes declarados.
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El rubro “otros” y los saltos patrimoniales
Uno de los ejemplos más destacados es el del congresista Roberto Sánchez Palomino. En su declaración jurada de 2021, consignó un sueldo mensual de 6.500 soles y ningún bien declarado, pero sí 14.272 soles en el rubro “otros”. Para 2025, la situación cambió de manera significativa: los ingresos mensuales ascendieron a 15.600 soles, los bienes declarados alcanzaron los 35.000 soles y el monto consignado en “otros” escaló a 477.711,84 soles. Un especialista consultado para el informe advirtió que esta cifra sugiere la existencia de bienes de alto valor cuya adquisición debería ser objeto de análisis más exhaustivo.
El caso de Kelly Portalatino Ávalos, exministra y excongresista, también fue incluido en el reporte. En 2021, declaró ingresos mensuales por 6.900 soles, bienes por 39.982,52 soles y 3.450 soles en “otros”. Cuatro años después, la declaración oficial de 2025 mostró bienes por 573.000 soles y 125.286,72 soles en el rubro adicional. El contraste evidencia un salto patrimonial de más de medio millón de soles durante su periodo en el Parlamento.
La investigación remarca que el problema central no reside únicamente en el aumento patrimonial, sino en la falta de detalle y control sobre la composición de ese casillero. La norma vigente permite incluir en “otros” desde pinturas, joyas y objetos de arte, hasta valores superiores a dos unidades impositivas tributarias, lo que dificulta la trazabilidad de esos activos.
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Evolución de las declaraciones entre 2021 y 2025
El análisis incluyó también la situación de Llorel Kira Alcarraz Agüero. En su declaración jurada de 2021 no figuraba sueldo mensual, aunque declaró bienes valorizados en 32.177 soles y 1.384 soles en el rubro “otros”. Para 2025, los bienes reportados subieron a 454.613,64 soles y el apartado adicional alcanzó los 118.000 soles. El informe cuestionó qué tipo de bien de alto valor pudo incorporarse por ese monto, mencionando posibilidades como joyas, pinturas u objetos artísticos.
Otro caso revisado fue el de Isabel Cortés Aguirre. Su declaración de 2021 consignaba ingresos mensuales de 1.085 soles y 32.757,35 soles en “otros”. Aunque el informe no detalló el monto final desagregado de su declaración de 2025, se afirmó que el patrimonio total se incrementó en 100%. Esta referencia fue presentada como parte de la tendencia detectada en el grupo analizado.
Un quinto caso corresponde a un actual senador que anteriormente fue congresista por una bancada vinculada al cerronismo. En 2021, declaró ingresos mensuales de 2.000 soles y menos de 5.000 soles en “otros”. Cinco años después, el patrimonio declarado superó los 600.000 soles al sumar bienes y otros activos. Este caso, junto con los anteriores, integra la lista de 53 legisladores cuya riqueza aumentó durante la gestión parlamentaria pasada, de acuerdo con la revisión difundida.
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Falta de control y supervisión sobre los activos declarados
La investigación televisiva subraya que la falta de fiscalización efectiva ha permitido que el rubro “otros” se convierta en una zona de difícil control. Este apartado puede incluir activos cuyos valores superan ampliamente los ingresos formales declarados, lo que plantea interrogantes sobre la procedencia de esos bienes. Según la normativa vigente, basta con consignar el valor estimado, sin obligación de detallar el origen ni el tipo de activo, lo que dificulta la acción de los organismos de control.
Especialistas consultados para el informe advierten que la opacidad en las declaraciones juradas podría propiciar la inclusión de activos adquiridos fuera del circuito formal. La ausencia de un registro detallado de estos bienes ha sido señalada como una debilidad en el sistema de control patrimonial, especialmente por tratarse de figuras públicas que gestionan recursos estatales.
El informe concluye que el “verdadero negocio de ser congresista” no se explica por una única operación, sino por la combinación de declaraciones juradas poco transparentes y una supervisión insuficiente sobre activos que pueden conservarse fuera de la vista pública. Esta combinación permite la acumulación y declaración de bienes cuya trazabilidad resulta compleja, incluso cuando se resguardan en bancos o cajas de seguridad.
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La tendencia a la opacidad en la gestión parlamentaria
La revisión de las declaraciones juradas de los congresistas de la promoción 2021-2026 revela una tendencia sostenida hacia la opacidad en el manejo de bienes y patrimonios. El informe televisivo destaca que, de los 53 legisladores que vieron crecer su patrimonio, ninguno enfrentó señalamiento público ni un proceso de control exhaustivo sobre el origen ni la composición de sus activos.
La problemática identificada por el programa apunta a la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría y fiscalización sobre las declaraciones patrimoniales en cargos públicos. La facilidad con la que se consignan bienes de alto valor bajo el rubro “otros” sin un análisis detallado favorece la falta de transparencia y debilita la confianza ciudadana en las instituciones de representación política.
La investigación deja abierto el debate sobre la efectividad de las normas actuales para garantizar la trazabilidad y legitimidad de los bienes declarados por funcionarios públicos, especialmente en contextos donde la supervisión resulta insuficiente y la información sobre los patrimonios permanece fuera del escrutinio público.
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