El 10 de julio, Pedro Castillo, ex presidente de Perú, formalizó dos solicitudes de derecho de gracia, en busca de su excarcelación pese a los procesos judiciales vigentes por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y otros cargos vinculados a presunta organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. De acuerdo con lo expuesto en diversos programas de análisis político, esta estrategia representa un giro en la defensa del exmandatario, que antes optó por el indulto presidencial sin éxito.
El derecho de gracia: definición y alcances en Perú
El derecho de gracia presidencial constituye una prerrogativa del Poder Ejecutivo que habilita al presidente de la República a poner fin a procesos penales o anular condenas en circunstancias excepcionales. Esta figura, contemplada en la Constitución peruana, se diferencia del indulto en que puede aplicarse incluso antes de que exista una sentencia firme, mientras que el indulto se concede a personas ya condenadas.
Según especialistas en derecho constitucional, el derecho de gracia se emplea generalmente ante situaciones de salud grave, vulneración de derechos fundamentales o circunstancias humanitarias. La Comisión de Derechos de Gracia suele considerar aspectos como la conducta del interno, su participación en actividades educativas, laborales o culturales dentro de la prisión y la existencia de elementos que justifiquen un tratamiento excepcional.
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En el caso de Pedro Castillo, la defensa presentó dos expedientes: uno por conspiración y otro por delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión. Si ambas solicitudes fueran admitidas en todos sus extremos, el ex jefe de Estado podría quedar libre de responsabilidad penal en los casos referidos.
El proceso y los obstáculos políticos y legales
La tramitación del derecho de gracia requiere la intervención de varias instancias. Ambas fueron notificadas al presidente, José María Balcázar, y estas fueron ingresadas a mesa de partes del Ministerio de Justicia quien hace unos días recibió las solicitudes y expresó públicamente la posibilidad de evaluar el beneficio. Cabe mencionar que casi en paralelo se ha dado un pronunciamiento de un grupo de trabajo de la ONU que cuestionó la legalidad de la detención preventiva de Castillo. Sin embargo, la autorización final depende de la firma del ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez, quien hasta el momento rechaza avalar la operación por considerarla carente de fundamento legal.
Según la cobertura de programas televisivos, Balcázar deslizó la existencia de una ventana política antes del cambio de la Mesa Directiva el 26 de julio, ya que su doble condición de parlamentario y presidente encargado le otorga inmunidad hasta esa fecha. Constitucionalistas como Aníbal Quiroga advirtieron que, de concretarse el otorgamiento sin la firma ministerial, Balcázar podría enfrentar denuncias constitucionales y penales.
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En el programa Sin Rodeos con Milagros Leiva se señaló que la Comisión de Derechos de Gracia analiza criterios como la participación en actividades dentro del penal y cuestionó si Castillo habría cumplido con esos requisitos durante su reclusión. “No existe evidencia de que haya desarrollado actividades educativas, laborales o culturales en prisión”, sostuvo Leiva durante la transmisión.
El trasfondo del caso Castillo y la interpretación legal
El pedido de derecho de gracia se produce en el contexto de una defensa judicial que intenta desmontar la interpretación de que Pedro Castillo cometió un golpe de Estado. Según el relato periodístico, el ex presidente anunció el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial en un mensaje transmitido en vivo desde Palacio de Gobierno, acompañado por la entonces primera ministra Betssy Chávez y el ex primer ministro Aníbal Torres.
El discurso, preparado en la madrugada del 6 de diciembre de 2022, fue grabado por periodistas de TV Perú convocados bajo el pretexto de una entrevista. La periodista Cyntia Malpartida Guarniz y su camarógrafo acudieron al lugar, pero detectaron irregularidades, ya que no recibieron el texto del mensaje ni se montó el sistema habitual de teleprónter, lo que derivó en que Castillo leyera el documento en mano y cometiera vacilaciones.
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Previo a la emisión del mensaje, fuerzas militares y policiales fueron citadas para recibir instrucciones. El jefe del Comando Conjunto, Manuel Gómez de la Torre, se negó a acatar la orden de cerrar el Congreso e indicó que solo él podía dar directivas a las Fuerzas Armadas. Días antes, altos mandos habían consultado a un constitucionalista sobre la legalidad de una eventual disolución del Congreso y recibieron el aviso de que tal medida tendría consecuencias penales.
La estrategia internacional y el rol de la ONU
En paralelo a las acciones legales dentro de Perú, la defensa de Pedro Castillo promovió la intervención de un grupo de trabajo de la ONU, que emitió un pronunciamiento cuestionando aspectos del proceso judicial. El abogado Wilfredo Robles, identificado como gestor de la solicitud internacional, cumplió previamente una condena por terrorismo, según la investigación periodística.
El equipo legal del ex presidente utiliza ese dictamen como soporte político y jurídico para fortalecer la petición del derecho de gracia. “La decisión de la ONU se emplea como argumento ante las autoridades peruanas para solicitar la liberación”, explicó la conductora Milagros Leiva.
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En este contexto, la reportera de Panorama denunció haber recibido insultos y agresiones al intentar informar sobre el pasado judicial del abogado Robles, lo que evidencia el clima de tensión que rodea la cobertura del caso y las estrategias de la defensa de Castillo.
El futuro de las solicitudes de gracia y el escenario político
Las solicitudes de derecho de gracia presentadas por Pedro Castillo abren una controversia jurídica y política en Perú. La decisión final recae en el Ministerio de Justicia, cuyo titular ha reiterado su negativa a firmar el beneficio. El desenlace podría producirse antes del cambio de autoridades en el Congreso, pero expertos en derecho constitucional advierten que cualquier intento de otorgar la gracia sin cumplir los requisitos legales podría derivar en nuevas denuncias y conflictos institucionales.
La estrategia de la defensa, que combina acciones legales internas y gestiones ante organismos internacionales, mantiene en suspenso la situación procesal del ex presidente y reaviva el debate sobre los límites y alcances de las facultades presidenciales en materia de derechos de gracia.
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