Bodegueros y pymes exigen que cualquier alza de impuestos pase por el Congreso para evitar más cierres y contrabando

Representantes de bodegueros y microempresarios solicitaron al Congreso de la República la aprobación urgente del Proyecto de Ley 536, bajo el argumento de que cualquier modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) debe ser sometida a debate parlamentario y no decidirse solo desde el Ejecutivo. La Asociación de Bodegueros del Perú y la Asociación de Gremios Pymes-Perú advirtieron que un incremento del ISC provocaría el encarecimiento de productos básicos y agrandaría el espacio para el contrabando y la economía informal.

El ISC y el reclamo de los gremios

Según explicó Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, el Ejecutivo utiliza la modificación del ISC como vía para aumentar impuestos sin consulta legislativa. “Cada vez que quieren incrementar impuestos, modifican el ISC, porque eso no tiene que pasar por el Congreso. Lo decide directamente el Ejecutivo, y debería ser el Congreso quien lo decida. Los tributaristas con quienes hemos hablado nos dicen que todo lo relacionado con impuestos tiene que verse ahí, porque somos todos los contribuyentes los que lo sufrimos”, sostuvo Choy.

El gremio, que agrupa a más de 535 mil bodegas en el país, cuestionó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) justifique estos incrementos apelando a motivos de salud pública, cuando los fondos recaudados no se destinan a hospitales ni servicios sanitarios, sino al erario general. Por ese motivo, insistieron en que el Proyecto de Ley 536 se debata y apruebe en las sesiones extraordinarias en curso.

Choy detalló el efecto en cadena que podría causar una subida del ISC: “Al aumentarnos ese impuesto, suben los precios de los productos que más rotamos. Eso lleva a que el consumidor compre menos, el fisco recaude menos, y el espacio que se abre lo ocupa la economía informal. El contrabando crece porque el producto formal se encarece, y eso beneficia a los negocios informales que no pagan impuestos”.

Microempresas y presión fiscal

Por parte de la Asociación de Gremios Pymes-Perú, Julio Pardavé recordó que casi el 95% de las 2 millones 500 mil empresas peruanas son microempresas. Sostuvo que el principal reto es reducir la informalidad y preguntó: “Si queremos combatir la informalidad, ¿por qué tenemos 8 millones de informales con tantos ministerios y empleados públicos?”. Para Pardavé, “el microempresario peruano hoy está condenado al fracaso porque está siendo extorsionado. El Estado tiene que ser el soporte para hacerlo competitivo, no otro obstáculo”.

El presidente de PYME Perú, Julio Surco, sumó otra preocupación: la ampliación del mecanismo de percepción del IGV. Explicó que esta modalidad inmoviliza recursos de las micro y pequeñas empresas (MYPE) al obligarlas a adelantar el tributo, lo que restringe su capital de trabajo. Aunque reconoció que el Estado necesita mayores ingresos, Surco planteó que la solución es ampliar la base tributaria incluyendo a la economía informal, en vez de incrementar la presión sobre quienes ya tributan.

Extorsiones e inseguridad: el otro frente de los bodegueros

A la presión tributaria se suma la inseguridad ciudadana, fenómeno que los gremios consideran tan grave como el fiscal. Choy reveló que el 99% de los asociados ha sido víctima de extorsión al menos una vez y aseguró que el problema persiste a pesar de las denuncias ante la policía. “Tengo un socio al que tres veces lo siguen extorsionando. Hemos hablado con la policía y absolutamente nada”, afirmó.

El dirigente señaló que el miedo domina al sector: muchos bodegueros evitan hablar o exponerse públicamente por temor a represalias. “Existe gran temor. Muchos casi no quieren expresarse porque tienen miedo de que los sigan extorsionando o les incrementen el cupo. Hasta ahora no vemos ninguna solución por parte del gobierno. Nos invitan a reuniones, se solidarizan con nosotros, pero no hay ninguna medida efectiva que haya dado resultado en materia de seguridad”, sostuvo Choy.