La inseguridad ciudadana está impactando gravemente la economía y la vida social en el país, con pérdidas estimadas en 11.800 millones de dólares al año y un incremento sostenido en el cierre de negocios, según el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia presentado en Lima.
Según el informe, elaborado gracias a una alianza entre Banco de Ideas Credicorp, el BCP y CHS Consultora, el 45% de los peruanos conoce comercios en su barrio que han cerrado o restringido sus actividades debido a la inseguridad. Este porcentaje representa un salto desde el 32% registrado en 2025, lo que equivale a un aumento de 3,2 millones de personas afectadas en tan solo un año.
La ola del crimen azota los negocios de la capital en Perú
Lima encabeza la estadística nacional, con un 59% de encuestados reportando el cierre o limitación de actividades en bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios. El reporte también detalla que el fenómeno golpea por igual a todos los niveles socioeconómicos y está deteriorando los ingresos familiares y la salud mental de la población.
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“La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No estamos frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país”, dijo Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del informe.
El costo del crimen ya equivale al 3,1% del Producto Bruto Interno en Perú
El costo de la delincuencia, calculado por la Universidad de Piura, representa el 3,1% del Producto Bruto Interno (PBI), unos 11.800 millones de dólares al año. Esta cifra recoge el efecto directo del cierre de miles de pequeños y medianos comercios, la reducción de la actividad productiva y la pérdida de fuentes de trabajo en todo el país.
De acuerdo con la encuesta de Ipsos para el observatorio, la proporción de adultos que perciben un aumento de ansiedad y estrés por la inseguridad pasó de 75% en 2025 a 78% en 2026. En cifras absolutas, casi 9 millones de personas reportan vivir bajo mayor presión, lo que significa un incremento de 2 millones en solo un año.
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El impacto es especialmente alto en la zona norte y en las áreas urbanas del interior del país, donde la percepción de peligro y los episodios violentos se han incrementado de forma sostenida.
Un fenómeno que atraviesa regiones y sectores
El Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia también revela que Lima es la región más golpeada, seguida por las ciudades del norte y el centro del país. El fenómeno no discrimina: afecta tanto a barrios populares como a zonas de mayores ingresos, y se extiende a todo tipo de negocios, desde pequeñas bodegas hasta farmacias o restaurantes.
El informe introduce un nuevo Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios y feminicidios, tanto consumados como fallidos, para captar los casos en los que hubo intención letal aunque la víctima sobreviviera.
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Entre enero y mayo de 2026, el IDCV registró 1.054 casos a nivel nacional, con una tendencia al alza impulsada principalmente por los homicidios fallidos. En el interior, Ica aparece como la región más afectada al combinar cifras absolutas y tasa por habitante.
A nivel provincial, San Antonio de Putina (Puno), vinculada a la minería ilegal, alcanzó una tasa de 92,89 homicidios o intentos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional.
Transportistas y extorsión: el sector más golpeado
El reporte dedica un capítulo especial al sector transporte, que se ha convertido en el más vulnerable frente a la extorsión y el sicariato. Entre enero y mayo de 2026, se documentaron 131 homicidios y homicidios fallidos contra conductores, cobradores y pasajeros, concentrados principalmente en Lima y Callao, con cifras menores en Piura, La Libertad e Ica.
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El estudio identifica corredores metropolitanos específicos, en especial los que conectan Lima Norte y Lima Este con San Juan de Miraflores y Villa El Salvador en el sur, como las rutas más peligrosas, con una clara concentración de ataques durante la noche.
“La extorsión sigue siendo, para todo fin práctico, un delito impune. En ocho años, con casi 23.000 presos más en el sistema penitenciario, el número de internos por extorsión apenas pasó de 1.328 a 1.498. Es como si nada se hubiera movido”, agregó Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del informe.
Un sistema de seguridad sin respuesta tecnológica
El informe advierte sobre la ausencia de una respuesta estatal efectiva ante el avance del crimen. El denominado C5 inteligente, centro de comando y control prometido para combatir la criminalidad en Lima, no existe y su eventual puesta en marcha requeriría una inversión de 500 millones de dólares y un plazo de al menos tres años.
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Mientras tanto, de acuerdo con los autores, la coordinación entre las fuerzas policiales y los recursos tecnológicos “sigue siendo insuficiente para frenar la ola delictiva”.
El Observatorio del Crimen y la Violencia concluye que la inseguridad ya no es solo un problema policial: se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta la economía, la salud mental y la vida cotidiana de millones de peruanos. Las cifras muestran con claridad el costo y la profundidad de una crisis que demanda respuestas urgentes y sostenidas.