A través de una conferenci de prensa, la Asociación Civil Transparencia afirmó que los resultados del conteo rápido para la segunda vuelta presidencial de 2026 sí incluyeron una representación del voto proveniente de ocho ciudades del extranjero, en coordinación con Ipsos Perú.
Esta precisión ocurre en un contexto nacional marcado por incertidumbre, dado que el proceso de escrutinio aún no concluye y persisten dudas sobre el tratamiento de la votación exterior.
Transparencia aclaró que el conteo rápido integral mostró un empate estadístico y que la determinación oficial sobre quién resultó electo, entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, solo será posible cuando culmine el cómputo al cien por ciento a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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“Nuestra invocación es a mantener la calma y esperar los resultados oficiales de la ONPE”, expresó uno de los voceros de la organización, quien insistió en que los resultados difundidos el domingo 7 de junio por la noche no adjudicaron la victoria a ningún candidato ante la paridad estadística detectada.
Representación del voto extranjero
Durante la conferencia de prensa, Transparencia especificó que los votos de peruanos residentes en el exterior fueron considerados en el conteo rápido, confirmando la inclusión de ocho ciudades foráneas en la muestra.
La organización remarcó que el proceso electoral del 7 de junio se desarrolló de forma regular y pacífica, con una amplia presencia de personeros de las agrupaciones políticas, según consignó Latina.
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Sobre la participación ciudadana, la entidad informó que el nivel de ausentismo se ubicó cerca del 24,8 por ciento, valor similar al de procesos anteriores.
El padrón electoral comprende aproximadamente 27 millones de personas y, según Transparencia, la participación estimada alcanzó el 72 por ciento, manteniéndose en línea con los registros de años previos. En la primera vuelta, se habían reportado tasas de participación del 74 por ciento, mientras que en 2021 la cifra fue de 74,4 por ciento, en 2016 de 80,1 por ciento y en 2011 de 82,6 por ciento.
En cuanto al inicio de la jornada electoral, el informe detalla que el 93 por ciento de las mesas ya estaba en funcionamiento a las 8 de la mañana. Un cinco por ciento adicional abrió entre las ocho y las nueve, y la última mesa en la muestra fue habilitada a las diez. La mayoría de los retrasos obedeció a la ausencia de miembros titulares o suplentes y no al retraso en la distribución de materiales.
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Nulidades, actas y proceso
El análisis de nulidades del proceso electoral también fue abordado por Transparencia. Los voceros explicaron que la normativa nacional contempla únicamente cuatro causas cualitativas para la anulación de mesas: instalación injustificada en lugar o momento incorrecto, cohecho, intimidación, violencia o amenazas hacia los electores o para favorecer a una organización política, y la presencia de votos de personas ajenas a la mesa que hayan alterado el resultado.
“Esos son los únicos cuatro supuestos que están previstos en el tres y tres de la Ley Orgánica de Elecciones para sustentar una nulidad de manera cualitativa”, detalló uno de los representantes.
Respecto a las actas observadas, el reporte indica que, hasta el momento, se han registrado 1.534 actas bajo revisión, de las cuales alrededor de mil ya llegaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Cuarenta y cuatro de estas han sido resueltas de manera formal, cifras que se encuentran dentro del rango habitual de procesos anteriores, según los datos históricos contrastados por Transparencia.
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En cuanto a los votos blancos y nulos, los porcentajes también se mantienen en los promedios históricos. Hasta un 0,6 por ciento de votos en blanco y un 5,9 por ciento de votos nulos han sido reportados, en línea con los valores observados en 2021, 2016 y 2011.
Control simultáneo
Como subtema, los voceros de Transparencia respondieron preguntas sobre la fiscalización y el control simultáneo ejercidos durante la jornada electoral. Se refirieron a informes de la Contraloría General de la República, que detectaron situaciones adversas en la contratación de fiscalizadores, aunque precisaron que estos hallazgos corresponden a servicios de control simultáneo y no a informes definitivos.
De acuerdo con lo revisado por la organización, la Contraloría delegó a los jurados electorales especiales la tarea de analizar la gestión y la contratación de personal fiscalizador, sin que hasta el sábado previo a la elección se haya constatado la emisión de un informe final sobre el tema.
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Ante las consultas sobre eventuales irregularidades en el despliegue y repliegue del material electoral, Transparencia señaló que todo el material llegó a su destino y que el repliegue avanza con normalidad, aunque el proceso aún no concluye en su totalidad. La organización remarcó que la eventualidad de estos incidentes se evalúa en el plano administrativo, pues la ONPE es la entidad responsable de iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes.
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