A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, nuevos cuestionamientos recaen sobre los organismos electorales luego de que varios ciudadanos denunciaran haber sido asignados a locales de votación ubicados a cientos de kilómetros de sus domicilios habituales, una situación que podría impedirles ejercer su derecho al voto y exponerlos al pago de multas electorales.
Uno de los casos más llamativos es el de Hilda Casas, una mujer que asegura vivir desde hace 15 años en el distrito limeño de Comas y que siempre votó en esa jurisdicción. Sin embargo, al consultar su local de sufragio para la segunda vuelta, descubrió que deberá acudir al distrito de San Pedro de Chana, en la provincia de Huari, región Áncash, una localidad con la que afirma no tener ningún vínculo.
“Yo vivo acá en Comas. No quiero viajar allá a Áncash a votar”, reclamó la ciudadana, quien señaló que nunca ha residido en esa región y que sus ingresos económicos no le permiten asumir un viaje de varias horas para cumplir con su obligación electoral.
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La sorpresa fue mayor porque, según relató, recientemente realizó una actualización de domicilio en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), manteniendo como residencia el mismo distrito donde vive actualmente. Pese a ello, el sistema le asignó un local de votación ubicado en otra región del país.
Ante el temor de ser sancionada por una eventual inasistencia a las urnas, Casas acudió a la comisaría de La Pascana, en Comas, para dejar constancia de lo ocurrido. La ciudadana sostiene que no cuenta con los recursos necesarios para desplazarse hasta Áncash y que tampoco recibió explicación alguna sobre el cambio.
No sería un caso aislado
La situación también afecta a otros electores. Juan Carlos López, residente en el distrito de Pichari, en Cusco, denunció que su mesa de votación fue ubicada en el colegio José Carlos Mariátegui, en el distrito de Ponto, provincia de Huari, en Áncash.
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El ciudadano expresó su malestar y pidió que las autoridades electorales revisen estos casos para evitar que más personas se vean perjudicadas. “Que se pongan más atentos y que no vuelva a suceder esto. Nunca me había pasado”, manifestó.
Las denuncias han generado preocupación debido a que se producen luego de los inconvenientes reportados durante la primera vuelta electoral, cuando miles de ciudadanos cuestionaron cambios inesperados en sus centros de votación.
ONPE, Reniec y JNE explican el proceso
Consultada sobre estas denuncias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que la asignación de locales de votación se realiza sobre la base del padrón electoral elaborado por Reniec y posteriormente aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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Por su parte, Reniec informó que, en el caso de Hilda Casas, la actualización de domicilio en su Documento Nacional de Identidad fue realizada en abril de este año, cuando el padrón electoral ya había sido cerrado para la organización de la segunda vuelta.
La legislación electoral establece que existe una fecha límite para efectuar cambios de domicilio que puedan ser considerados en la elaboración del padrón. Los trámites realizados después de ese plazo quedan registrados para procesos electorales posteriores.
Sin embargo, la explicación no termina de responder por qué la ciudadana figura asignada a una localidad de Áncash, pese a que asegura no haber tenido nunca una dirección registrada en esa región.
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Temor a multas y dificultades para votar
Las denuncias surgen en la recta final de una elección que definirá al próximo presidente del Perú. Para muchos electores afectados, el principal problema no es solo la distancia, sino la imposibilidad económica de trasladarse hasta lugares alejados para sufragar.
La preocupación aumenta porque la inasistencia injustificada a las urnas puede generar multas electorales, lo que ha llevado a varios ciudadanos a buscar constancias y presentar reclamos ante las autoridades.