La agencia Standard & Poor’s Global Ratings retiró la vigilancia crediticia negativa a Petroperú, manteniendo su calificación como emisor internacional en “B-” y asignando una perspectiva negativa, después de que el Gobierno peruano aprobara un nuevo decreto de apoyo financiero.
La decisión, comunicada el 28 de mayo de 2026, ofrece un respiro temporal a la empresa estatal, aunque persisten interrogantes sobre su viabilidad a mediano y largo plazo en manos de ProInversión.
Petroperú: S&P advierte riesgos financieros y operativos persistentes
El alivio para Petroperú llega tras la aprobación, el 11 de mayo de 2026, de un decreto de urgencia que autoriza al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a asumir un compromiso financiero contingente de unos 2.000 millones de dólares.
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El objetivo de esta medida, según el informe de Standard & Poor’s, es asegurar la continuidad operativa de la empresa, cubrir necesidades inmediatas de capital de trabajo, reposición de inventarios y servicios esenciales para la producción de hidrocarburos.
Standard & Poor’s subraya que este respaldo “atenúa los problemas de liquidez a corto plazo”, permitiendo a Petroperú atender vencimientos de deuda y obligaciones operativas en el corto plazo.
Entre las cifras destacadas, la estatal enfrenta una deuda ajustada de 5.047 millones de dólares y un EBITDA de 282 millones de dólares al 31 de marzo de 2026, lo que implica un elevado apalancamiento y una cobertura de intereses inferior a uno.
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El flujo de fondos por operaciones fue negativo en 349,9 millones de dólares durante el primer trimestre del año, y la liquidez disponible al cierre de marzo ascendía a 21,88 millones de dólares, con vencimientos de deuda de corto plazo superiores a 269 millones de dólares.
Críticas a la falta de rumbo estratégico
A pesar del alivio, la agencia mantiene la perspectiva negativa sobre Petroperú. El informe destaca que la estructura de capital resulta insostenible y la liquidez permanece débil, mientras que el futuro de la empresa sigue en suspenso por la ausencia de un plan operativo y de reestructuración definido.
Standard & Poor’s puntualiza que la mayor crítica recae en la falta de avances concretos desde ProInversión, entidad encargada de elaborar el nuevo plan de negocios para la petrolera estatal por mandato del decreto de urgencia emitido el 31 de diciembre de 2025.
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Hasta la fecha del informe, ese plan no ha sido presentado y la dirección estratégica de Petroperú continúa indefinida, lo que incrementa la incertidumbre sobre su recuperación y sostenibilidad.
La agencia advierte que “la perspectiva podría cambiar a estable si hay mayor visibilidad sobre el plan operativo y estructural, permitiendo a la compañía sostener sus operaciones”. La falta de claridad en los plazos de ejecución y objetivos operativos concretos refuerza la visión negativa.
ProInversión aún no presenta el plan exigido por el decreto de 2025
Standard & Poor’s detalla que el respaldo estatal se considera moderadamente alto, dado el carácter estratégico de Petroperú para el abastecimiento energético del país.
La agencia remarca que la probabilidad de apoyo extraordinario por parte del gobierno peruano sigue presente, aunque señala que esto no soluciona los problemas estructurales de la compañía.
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El análisis de la calificadora indica que para revertir la perspectiva negativa y evitar una posible degradación, será indispensable que ProInversión y el Ejecutivo definan y ejecuten un plan claro de restructuración y operaciones.
En tanto, la estructura financiera de Petroperú se mantiene frágil, con una deuda total de 5.000 millones de dólares, compuesta por bonos internacionales, préstamos sindicados y de accionistas, y deuda bancaria, sin garantías específicas.
S&P cuestiona la falta de gobernanza en Petroperú
El informe también señala riesgos ambientales y de gobernanza como factores que influyen negativamente sobre la calificación. Para S&P, hay dudas sobre la dirección, definición y ejecución operativa de la administración de Petroperú, a cargo del directorio de Edmundo Lizarzaburu.
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“Los factores de gobernanza son una consideración negativa en nuestro análisis de riesgo crediticio, acompañados de incertidumbre sobre los objetivos y estructura operativa futura, lo que contribuye a la perspectiva negativa de la calificación”, señala el documento.
Entre estos factores, resalta la exposición de Petroperú a regulaciones, potenciales daños reputacionales y financieros por contaminación y derrames, y la presión por reducir emisiones de dióxido de carbono.
La inversión en la refinería de Talara y los recientes informes de sostenibilidad buscan mitigar estos impactos, pero no modifican la evaluación crediticia hasta que exista una hoja de ruta definida.
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El escenario base de la agencia para 2026 prevé un crecimiento del PBI peruano de 2,7% y una inflación de 2,5%, junto a precios promedio del crudo West Texas Intermediate de 89 dólares por barril.
En este contexto, la continuidad de las operaciones de Petroperú y la recuperación de sus indicadores financieros dependerán de la implementación efectiva del plan de negocios pendiente y de la capacidad para sostener el respaldo estatal más allá de las medidas de emergencia.