El paro nacional de productores de arroz alcanzó su tercer día consecutivo y se expandió a nueve regiones del país, consolidándose como una de las movilizaciones más extensas del sector en lo que va del año. La protesta, iniciada el 25 de mayo con carácter indefinido, refleja el creciente malestar por la caída del precio del grano y el aumento del costo de fertilizantes, según reportes recogidos en distintas zonas afectadas.
En el norte, la situación en Piura alcanzó un nivel crítico. Los agricultores instalaron al menos 12 puntos de bloqueo sobre vías estratégicas, lo que provocó la paralización de rutas que comunican Piura, Catacaos, Sechura, Tambo Grande, Sullana y el Bajo Piura. Buses interprovinciales, tráileres y vehículos particulares quedaron detenidos en largas filas, impactando tanto el tránsito local como el transporte de mercancías.
Impacto regional y bloqueo de rutas clave
El efecto del paro se sintió con fuerza en otras regiones agrícolas. En Huánuco, los manifestantes bloquearon la carretera Fernando Belaunde Terry utilizando piedras, palos y llantas, lo que ocasionó el varado de cientos de vehículos en ambos sentidos desde Aucayacu hasta Uchiza, Tocache y otras localidades de la selva central. Los productores reclamaron la declaratoria de emergencia para el sector arrocero, debido al bajo precio del arroz y al incremento sostenido de los costos de producción, una demanda que, fue reiterada en diferentes puntos de protesta.
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En Arequipa, la jornada estuvo marcada por una acción simbólica: los agricultores arrojaron sacos de arroz sobre la carretera, en señal de rechazo a la política de importaciones. Los manifestantes acusaron al gobierno de permitir el ingreso “descontrolado” de arroz importado y de no ejercer controles en las fronteras. Además, exigieron que se declare en estado de emergencia al sector y que se suspendan las importaciones de arroz.
Transporte interprovincial y presión sobre el gobierno
En Chiclayo, el paro alteró el funcionamiento del transporte interprovincial. Las empresas suspendieron la salida de buses hacia la selva, afectando rutas hacia Juanjuí, Tarapoto, Rioja, Moyobamba, Yurimaguas y Bellavista. La medida generó preocupación entre los pasajeros y transportistas, quienes señalaron que la interrupción del servicio provocó pérdidas y desabastecimiento en las zonas de destino.
La presión sobre el gobierno central se intensificó en medio del paro. Los productores reiteraron su pedido para que el Poder Ejecutivo declare en emergencia al sector arrocero y adopte medidas urgentes para frenar la caída del precio del grano, así como para enfrentar el alza de los insumos agrícolas. “El costo de los fertilizantes se duplicó en menos de un año y el precio del arroz no cubre ni los gastos de cosecha”, manifestó uno de los voceros del gremio.
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Demandas y contexto económico
El origen de la protesta radica en la drástica disminución del precio del arroz en el mercado interno y el encarecimiento de los insumos esenciales para la producción. Según los agricultores, la situación se agravó por el ingreso de arroz importado, lo que generó una sobreoferta y desbalanceó los precios para los productores nacionales. “Estamos al borde de la quiebra, pedimos que el gobierno intervenga y regule la importación”, expresó un representante de la Junta Nacional de Productores de Arroz.
En el contexto de la crisis, el sector reclama una política integral de apoyo que incluya la compra de excedentes, la entrega de subsidios directos y la renegociación de deudas con entidades financieras. Además, solicitan la revisión de los acuerdos comerciales que, según su perspectiva, afectan la competitividad del producto nacional frente a los granos importados.
Reacciones en otras regiones y panorama social
El impacto del paro no se limitó a las zonas de mayor producción. En San Martín, los transportistas solicitaron una tregua a los manifestantes, con el fin de permitir el paso de pasajeros y mercancías hacia sus destinos. La medida de fuerza también generó preocupación en sectores comerciales y de servicios, que dependen del abastecimiento regular de arroz y otros productos básicos.
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A nivel social, la protesta fue respaldada por organizaciones agrarias y algunos gobiernos regionales, que solicitaron al Ejecutivo la instalación de una mesa de diálogo. “Exigimos soluciones concretas para evitar el colapso del sector arrocero y garantizar la seguridad alimentaria”, señalaron dirigentes de la región norte.
El futuro del paro y posibles escenarios
Hasta el cierre de esta edición, las negociaciones entre los representantes del sector arrocero y las autoridades nacionales continuaban en un punto muerto. El Ministerio de Desarrollo Agrario reiteró su disposición al diálogo, pero no presentó propuestas concretas para atender las demandas. El paro, iniciado el 25 de mayo, siguió afectando la distribución de alimentos y el transporte regional, sin señales de una pronta resolución.
Los productores advirtieron que mantendrán la protesta hasta que sus reclamos sean atendidos, lo que mantiene en vilo a amplias zonas agrícolas y a las principales vías de comunicación del país.
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Gobierno comprará arroz a agricultores
El Gobierno anunció un paquete de medidas para atender la crisis arrocera y desactivar las protestas agrarias que mantienen bloqueadas carreteras en varias regiones del país. Las principales acciones incluyen la compra de arroz nacional por S/ 100 millones y la asignación de S/ 50 millones adicionales para descolmatación y mantenimiento de canales de riego. Ambas medidas serán oficializadas mediante un decreto de urgencia cuya publicación está prevista para este jueves y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre.
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Meza Millán, precisó que los recursos están dirigidos principalmente a pequeños productores afectados por la caída de precios y las dificultades para comercializar su cosecha. El Ejecutivo también anunció la distribución de fertilizantes y abonos a precios accesibles, además de la entrega gratuita de abono nitrogenado para compensar el alza internacional de combustibles que golpea al agro.
El presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Chira, Saúl Núñez Montenegro, único representante gremial presente en la reunión, calificó el decreto como un primer avance, pero evitó confirmar el levantamiento de las protestas: “Esperemos que entiendan, porque lamentablemente esto ya se veía venir”. Remarcó que los agricultores permanecerán organizados y atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno antes de tomar cualquier decisión sobre las medidas de fuerza.
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