La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone modificar el Código Penal para establecer sanciones contra la comercialización de las denominadas tesis ‘bamba’, trabajos de investigación científica elaborados por un tercero que luego las vende a estudiantes para que estos obtengan irregularmente grados académicos y títulos profesionales.
Esta actividad sería calificada como una modalidad de falsedad genérica agravada.
“El que adquiere, compra o vende investigaciones o producciones científicas para atribuirse autoría o coautoría sin haber participado en su elaboración a fin de obtener un beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con sesenta a ciento cincuenta días-multa”, es el texto que la Comisión de Justicia aprobó sea incorporado al Código Penal.
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Ahora, el dictamen será elevado al Pleno del Congreso para su ratificación y su posterior envió a la Presidencia del Congreso a fin de que promulgue la norma.
Fundamentos
Según el dictamen aprobado, fija una pena para la compra y venta de tesis ‘bamba’ responde a la necesidad de proteger la fe pública y la integridad académica, tras advertirse un incremento en las denuncias de este tipo.
En el texto se sostiene que “la atribución fraudulenta de autoría académica configura una afectación directa a la confianza pública en la producción científica y en los mecanismos de acreditación del conocimiento especializado”. El bien jurídico protegido, dicen, es “la confianza social depositada en la autenticidad y veracidad de determinadas manifestaciones con relevancia jurídica”.
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Se señala que estas prácticas “afectan gravemente la fe pública, la integridad académica, el mérito científico y la transparencia en los procesos de obtención de grados académicos, títulos profesionales, beneficios económicos y reconocimientos institucionales”.
También se argumenta que el fraude académico y la manipulación de autorías “desnaturalizan la producción intelectual y comprometen la credibilidad de las instituciones educativas y de investigación”.
En esa línea, el dictamen de la Comisión de Justicia busca “reforzar los principios de meritocracia, honestidad académica e integridad científica, evitando que personas obtengan ventajas indebidas mediante la atribución falsa de trabajos intelectuales en cuya elaboración no participaron efectivamente”.
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En agenda
La Comisión de Justicia tiene en agenda un predictamen que modificaría el Decreto Legislativo que regula la Procuraduría General del Estado (PGE) y que, de aprobarse, pondría fin al mandato de María Caruajulca como titular del organismo.
La disposición complementaria transitoria del documento establece que, en un plazo máximo de 30 días hábiles tras la promulgación de las reformas, el presidente de la República deberá nombrar a un nuevo procurador general por un periodo de cinco años.
El argumento central del predictamen es que ese periodo quinquenal tiene carácter institucional, no personal. Según el texto, el plazo comenzó con la designación de Daniel Soria Luján como primer titular de la PGE durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra, y las reposiciones judiciales posteriores —tanto de Soria como de Caruajulca mediante acciones de amparo— tuvieron un efecto restaurador, pero no generaron un nuevo mandato individual.
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