El emporio comercial de Gamarra vivió una jornada distinta este miércoles 13 de mayo. Empresarios, representantes de gremios y vecinos se reunieron en la plaza Manco Cápac, frente a la Municipalidad de La Victoria, para realizar un lavado de bandera en señal de protesta.
Este acto simbólico surge tras la caída de la organización criminal Los Pulpos de La Victoria, señalada por la Fiscalía como responsable del cobro de cupos y la extorsión a comerciantes, con presunta complicidad de funcionarios municipales y del propio alcalde, Rubén Cano.
Durante la protesta, los participantes alzaron la voz para exigir un alto a la corrupción y reclamar un entorno libre de extorsión para el comercio formal.
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Integrantes de la defensa del comercio formal se sumaron a la movilización, resaltando que las multas y los operativos municipales resultaban confiscatorios para negocios pequeños, afectando la economía de cientos de familias.
Según los manifestantes, los cobros indebidos y las acciones de desalojo aumentaban en fechas clave como el Día de la Madre, Navidad o Fiestas Patrias, generando un ambiente de incertidumbre para quienes dependen del trabajo diario en Gamarra.
Uno de los voceros del gremio expuso la preocupación de los empresarios por la presunta colusión entre malos funcionarios y dirigentes, mencionando que las decisiones sobre operativos y sanciones pasaban por la máxima autoridad del distrito.
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La desconfianza en la versión del alcalde Cano, quien ha negado cualquier vínculo con la red de cobro de cupos, fue evidente entre los asistentes.
“Pedimos la nulidad de estos actos de corrupción que han sido las multas a propósito para llenar los bolsillos y que rinda las cuentas del Parque Cánepa, que rinda las cuentas del presupuesto que ha sido otorgado. No vemos las obras, no vemos el avance de la seguridad”, reclamaron durante la protesta.
Investigación fiscal y nueva etapa en el emporio
La desarticulación de Los Pulpos de La Victoria se produjo tras un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP)y el Ministerio Público, que reveló una estructura delictiva presuntamente incrustada en la municipalidad.
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De acuerdo con la investigación, la organización habría recaudado hasta 75 millones de soles a través de un sistema de cobro diario a vendedores ambulantes.
El Ministerio Público sostiene que la red funcionaba desde 2023, con agentes de fiscalización encargados de exigir pagos para permitir la permanencia de comerciantes en la vía pública.
La denuncia fiscal apunta al alcalde Rubén Cano y a varios funcionarios como piezas clave en la administración de la red. La tesis es que la designación de personal afín facilitó la recaudación sistemática y el control sobre los espacios públicos en los sectores más concurridos de Gamarra.
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El radio de acción se concentraba en los cuadrantes más activos del emporio, donde la densidad de vendedores y el flujo comercial generaban sumas considerables cada día.
Catorce funcionarios y presuntos líderes de la organización fueron detenidos, mientras avanza la investigación y se revisan los documentos incautados. Los comerciantes aprovecharon la protesta para exigir la intervención de la Contraloría, la Fiscalía y el Congreso, pidiendo transparencia en el manejo de fondos municipales y el esclarecimiento de los hechos.
Solicitaron la rendición de cuentas sobre recursos destinados a obras y seguridad, insistiendo en la necesidad de cambios profundos para recuperar la confianza en las autoridades.
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