La liberación de una embarcación retenida por una comunidad indígena en Loreto, tras casi un mes de conflicto y negociaciones, permitió que reanudaran su tránsito por la cuenca del río Corrientes. El episodio, que mantuvo en vilo a la región, involucró a autoridades locales, organizaciones indígenas y fuerzas policiales, y dejó como saldo un policía fallecido durante un fallido operativo previo.
El martes 5 de mayo, las embarcaciones detenidas desde el 12 de abril en la comunidad nativa de Providencia, ubicada en el distrito de Trompeteros en Loreto, fueron finalmente liberadas. De acuerdo con el reporte de Andina, la decisión se tomó después de un proceso de diálogo entre líderes indígenas y representantes de las autoridades locales, encabezados por el alcalde provincial de Loreto–Nauta, Daniel Saboya Mayanchi.
El convoy fluvial, que transportaba más de 10 mil barriles de petróleo pertenecientes a la empresa Ricsa, había permanecido inmovilizado durante semanas. Esta situación generó preocupación entre las autoridades y la población, por los riesgos ambientales y de seguridad asociados a la prolongada retención de hidrocarburos en una zona sensible de la Amazonía peruana.
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Negociación por intervención de ORPIO
La liberación fue posible luego de la intervención de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), que actuó como mediadora humanitaria tras la solicitud de los propios comuneros. El presidente de ORPIO, Beltrán Sandi, subrayó el carácter humanitario de la participación de la organización y explicó que la mesa de diálogo se centró en la atención de demandas históricas de las comunidades, principalmente vinculadas a servicios básicos, salud y desarrollo local.
El proceso de negociación contó con el respaldo y la supervisión del general PNP Fernando Mego Avellaneda, jefe de la Región Policial Loreto, quien acompañó las acciones orientadas a garantizar el orden y evitar nuevos enfrentamientos.
Durante el diálogo desarrollado el 2 de mayo, representantes de ORPIO y autoridades locales escucharon las exigencias de los comuneros, quienes insistieron en la necesidad de que el Estado atienda demandas postergadas en la región. El secretario de ORPIO, Pablo Chota, aseguró que las comunidades nunca rechazaron la vía del diálogo, y atribuyó las protestas al abandono por la población de Providencia.
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Los dirigentes indígenas también expresaron su malestar por la ausencia de entidades del Ejecutivo, como la Presidencia del Consejo de Ministros, durante las etapas iniciales del conflicto.
En paralelo, la organización sugirió que el traslado de las embarcaciones se realice bajo estrictos protocolos técnicos, para reducir el riesgo de derrames de hidrocarburos en el río Corrientes y mitigar posibles impactos ambientales.
Falleció un policía
El episodio de mayor gravedad ocurrió el lunes 27 de abril, cuando un operativo policial destinado a recuperar las embarcaciones derivó en un enfrentamiento armado. En esa ocasión, un efectivo policial perdió la vida y otros dos agentes resultaron heridos.
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La víctima fue identificada como Carlos Nayra Abanto y causó consternación en la región y al interior de la Policía Nacional del Perú, desde donde se expresó su pesar. Frente a ello, las negociaciones eran más dificiles entre las autoridades frente a la comunidad que reclama ser atendida.