En los primeros cuatro meses del año 2026, al menos 33 feminicidios han consternado al país, reflejando no solo la magnitud de la violencia contra la mujer, sino también la persistencia de deficiencias estructurales en el sistema de protección. Según datos recopilados por el medio ATV Noticias, junto con estos homicidios, el último año se han documentado más de 176.000 atenciones hospitalarias por violencia contra las mujeres y decenas de miles de casos registrados ante organismos públicos, lo que revela una problemática extendida que trasciende la cifra de muertes y exhibe la insuficiencia de las respuestas institucionales.
Informes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh Perú) confirman que, en lo que va del año 2026, los feminicidios ascienden a 38 casos confirmados y 56 tentativas. El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Warmi Ñam precisa que estas tentativas corresponden solo hasta marzo y reporta, además, 29 asesinatos entre enero y marzo.
En el año 2025, el registro alcanzó 134 asesinatos de mujeres por motivos de género y en 2024 la cifra fue aún mayor, 162 feminicidios, según Warmi Ñam. Aunque las estadísticas muestran una leve disminución anual, la percepción de gravedad y el temor entre las mujeres en situación de riesgo persisten.
PUBLICIDAD
El fenómeno de la violencia no culmina en el crimen fatal. La mayoría de agresiones se denuncian ante hospitales, el Ministerio Público, la Policía Nacional o el Observatorio del Crimen, exponentes institucionales de una estructura que a menudo resulta ineficaz para anticipar y neutralizar los factores de riesgo. De acuerdo con el análisis del abogado Eniel Cornejo, el sistema judicial y policial opera fragmentado, sin una coordinación efectiva entre la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional, lo que provoca dilaciones y omisiones en la protección de potenciales víctimas.
Los obstáculos que ponen en riesgo la vida de las víctimas
El camino para denunciar violencia familiar atraviesa una serie de barreras administrativas y socioculturales. Eniel Cornejo, experto en derecho de familia, detalla que la vía primaria de denuncia es la comisaría, trámite que debe ser gratuito y de atención inmediata. Alternativamente, la mujer puede acudir directamente a un juez de familia. No obstante, la falta de orientación adecuada dificulta el acceso, sobre todo entre mujeres que llegan recientemente a Lima o que desconocen la ubicación y funcionamiento de los juzgados.
Durante el proceso, puede presentarse una revictimización en las comisarías, con respuestas como “eso es normal, regrésate a tu casa”, lo que evidencia insuficiente capacitación y sensibilización de agentes policiales. A pesar de que existe una ley específica, la Ley 30364 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, las falencias persisten en la atención inicial y la resolución de casos.
PUBLICIDAD
La dinámica institucional contempla dos etapas: la fase de protección, donde se deben tomar medidas inmediatas para resguardar a la víctima, y la fase de sanción. Sin embargo, la práctica suele distanciarse de la norma. Cornejo advierte que solo la violencia física habilita la detención inmediata en flagrancia, no así la violencia psicológica, cuya definición y detección dependen de la capacitación del personal y de la exposición de los hechos por parte de la denunciante. En muchos casos, señala, las mujeres solo denuncian tras varias reincidencias, lo que incrementa el riesgo letal.
Revictimización y rechazo policial: una problemática persistente
La orientación adecuada resulta fundamental ante la falta de respuesta policial o judicial. Eniel Cornejo sugiere recurrir en primera instancia a redes sociales para visibilizar el caso y ejercer presión pública, motivando en ocasiones una reacción institucional. “Recibo de manera gratuita más de 150 casos de violencia familiar por redes sociales”, afirma Cornejo, quien ofrece asesoría directa a víctimas que buscan una vía alternativa de denuncia.
Para las mujeres en contextos de mayor vulnerabilidad, la recomendación es buscar apoyo en círculos cercanos: vecinos, familiares o amistades. “No te quedes callada. Tienes que contar esto a las demás personas”, sostiene Cornejo. Si las autoridades locales niegan la denuncia, existen órganos de control que regulan la conducta del personal policial y ante los cuales se pueden presentar reclamos formales por omisión de deber.
PUBLICIDAD
El acceso a los juzgados de familia se ha flexibilizado mediante la disponibilidad de vías presenciales y virtuales para presentar denuncias. Sin embargo, en ciudades e interior del país, la demora burocrática y la falta de información clara constituyen una traba recurrente. La experiencia relatada por el especialista indica que, frente a la reiteración de hechos violentos y la inacción institucional, el involucramiento de la comunidad y el uso de canales alternativos de denuncia constituyen mecanismos efectivos para reducir el riesgo y prevenir feminicidios.
El sistema de denuncia presenta aún mayores deficiencias para casos de violencia entre parejas del mismo sexo. “Si en los casos de violencia contra la mujer, en muchos casos no le reciben, luego tenemos el sector de violencia contra el hombre. Peor aún, se burlan. Ahora nos vamos en el caso de violencia de parejas del mismo sexo. Peor aún todavía”, indica Cornejo a ATV Noticias. En estos casos, recomienda acudir directamente ante el juez de familia para evitar la revictimización en las comisarías o el rechazo policial, debido a la baja preparación institucional para abordar estas realidades.