A más de veinte años del levantamiento armado conocido como el Andahuaylazo, la figura de Antauro Humala vuelve a acaparar la atención pública en el Perú debido a una deuda pendiente que asciende a S/ 1.200.000. Este monto corresponde a la reparación civil ordenada por la justicia peruana, destinada a los familiares de los cuatro policías asesinados durante el asalto a la comisaría de Andahuaylas en 2005, hecho por el que Humala fue sentenciado.
A pesar de haber recuperado su libertad tras 17 años y siete meses de prisión, Antauro Humala —líder del movimiento etnocacerista y hermano del expresidente Ollanta Humala— sigue sin cumplir con el resarcimiento económico, prolongando el reclamo legal de las familias afectadas .
La suma total que debe pagar Antauro Humala por concepto de S/ 1.200.000 equivale a S/ 280.000 para cada familia de los policías asesinados durante el Andahuaylazo. Adolfo Cahuana, padre del capitán Carlos Cahuana, una de las víctimas, señaló a ContraCorriente de Willax: “Hasta la fecha, este sujeto no ha pagado la reparación civil conforme lo dicta la sentencia”. Cahuana indicó que los deudos no han recibido “ni un sol” tras más de dos décadas de procesos judiciales infructuosos ante el 45 Juzgado Penal de Lima.
El caso Andahuaylazo estalló el 1 de enero de 2005, cuando Antauro Humala y un grupo de seguidores tomaron la comisaría de Andahuaylas. El enfrentamiento con la policía dejó un saldo de cuatro agentes asesinados y 21 secuestrados. Tras ser condenado a diecinueve años de prisión por homicidio simple y secuestro agravado, Humala recuperó su libertad el 20 de agosto de 2022 gracias a una controvertida redención de pena por horas de trabajo y estudio, medida concedida durante el gobierno de Pedro Castillo. Los familiares de las víctimas y los policías sobrevivientes denuncian que Humala obtuvo la libertad sin haber saldado la deuda reparatoria, convirtiendo el proceso penal en un “vía crucis” sin cierre legal ni económico.
Mayor revela comunicaciones y contradicciones de Antauro Humala
El mayor Miguel Ángel Canga, jefe de la comisaría de Andahuaylas en 2005 y uno de los policías secuestrados durante el Andahuaylazo, aportó detalles que contradicen la versión de Antauro Humala, quien aspira a convertirse en ministro del Interior en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, sobre la autoría de los homicidios. Mientras Humala atribuye las muertes a acciones militares, Canga afirma que “el Ejército llegó recién al día siguiente” de los asesinatos.
Canga recordó que Humala, tras los homicidios, reconoció en privado ante sus seguidores: “Hemos dado muerte a cuatro perros sirvientes del Estado”. Además, el mayor relató que, durante el secuestro de los 21 agentes, Humala mantuvo comunicación vía teléfono satelital con su hermano Ollanta Humala y con el entonces presidente de Bolivia Evo Morales; coordinación que, según Canga, fue confirmada por el propio Humala al exigir que ambos “cumplieran su parte” del acuerdo.
El oficial añadió que Isaac Humala, padre de Antauro y Ollanta Humala, buscó que Canga y otros testigos modificaran sus declaraciones respecto a las comunicaciones satelitales entre los hermanos.
Antauro Humala “juega” con la fecha de pago de reparación civil a deudos de policías
La postura pública de Antauro Humala respecto al pago de la reparación civil se caracteriza por la negación y el desplazamiento de responsabilidades. El hermano del expresidente ofreció respuestas evasivas y minimizó su obligación de pago: “Al Estado no se le debe nada”.
La reparación civil impuesta a Humala representa uno de los compromisos legales más relevantes en la posguerra judicial del Andahuaylazo. Según el testimonio de Adolfo Cahuana, la distribución individual del monto —S/ 280.000 para cada familia— no ha registrado ningún abono hasta el momento. El padre del capitán Cahuana expresó: “No ha pagado la reparación civil”.
Las familias de los asesinados han reiterado que la deuda persiste tanto con ellos como con los 21 efectivos secuestrados aquel 1 de enero de 2005. Consultado sobre el pago, Antauro Humala ironizó que pagará “el 14 de diciembre de 2028 a las tres de la tarde”, exhibiendo una postura desafiante frente al mandato judicial.
Además, Humala insiste en que la responsabilidad del asesinato de los cuatro policías es de altos mandos militares, apuntando al “general Yaocomarca, Williams Conquiabra”. Esta visión ha sido negada por el mayor Canga, quien remarcó: “Totalmente falso”. Para los familiares de las víctimas, el incumplimiento del pago constituye una revictimización adicional, sumada a la exposición pública y las participaciones de Humala en política mientras la deuda legal permanece sin saldarse.