Vladimir Cerrón cuestiona renovación de orden de captura y critica al TC por “retardar el fallo” que lo liberaría

Prófugo líder de Perú Libre asegura sin pruebas que “muchas instituciones del sistema nacional de justicia están trabajando en pared en esta persecución”

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Prófugo líder de Perú Libre también cuestionó la renovación de la orden de captura en su contra. Video: Cuenta de X de Vladimir Cerrón

El prófugo líder de Perú Libre y candidato presidencial, Vladimir Cerrón, usó sus redes sociales para cuestionar la renovación de las órdenes de ubicación y captura en su contra. También aprovechó para criticar a las instituciones de administración de justicia.

A través de un video grabado desde la clandestinidad, Cerrón aseguró que la orden de captura renovada es el “mismo caso” que lo mantiene en condición de prófugo desde hace dos años y medio.

“La candidatura de Perú Libre sigue totalmente viable, sin ningún contratiempo. Y es más, el partido está experimentando un crecimiento sostenido a nivel del Perú profundo y en los conos de Lima, lo cual ha encendido las alarmas de la oligarquía del Perú“, dijo pese a que en ninguna encuesta consigue el 1% de preferencias.

Luego, Cerrón se dirigió a las instituciones de administración de Justicia, como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional, a donde recurrió en busca de anular su prisión preventiva.

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“Muchas instituciones del sistema nacional de justicia, en esta persecución, están trabajando en pared, algunos acusando, otros emitiendo resoluciones de este tipo (renovación de orden de captura), otros sacándonos de los debates, y otros retardando el fallo y el voto de un hábeas corpus que debiera ponerme en libertad”, apuntó.

Efectivamente, la presidenta del TC, magistrada Luz Pacheco, dispuso congelar el debate y votación de la demanda de Cerrón debido a irregularidades detectadas en el transcurso del trámite interno.

Defensoría intentó intervenir en caso de Cerrón

La Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Josué Gutiérrez intentó intervenir formalmente en el proceso penal por organización criminal y lavado de activos contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. El intento consistió en la solicitud de ser admitido como amicus curiae en el incidente judicial sobre la prisión preventiva dictada contra Cerrón, recurso que fue rechazado por el juez nacional Leodán Cristóbal.

La resolución emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional destaca que Carlos Fernández Millan, Adjunto para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana, presentó el pedido en representación de la Defensoría. El magistrado desestimó el requerimiento tras determinar que “lo solicitado por la entidad requirente resulta incompatible con el estado del presente proceso”, ya que la orden de prisión preventiva está firme y no existe asunto procesal pendiente.

Josué Gutiérrez es exmilitante de Perú Libre, el partido del prófugo Vladimir Cerrón. Foto: composición/Defensoría del Pueblo/Andina
Josué Gutiérrez es exmilitante de Perú Libre, el partido del prófugo Vladimir Cerrón. Foto: composición/Defensoría del Pueblo/Andina

Este intento de la Defensoría no es un hecho aislado. Durante la gestión de Josué Gutiérrez, la figura del amicus curiae ha sido empleada en circunstancias similares en casos de alto perfil, como los procesos contra el expresidente Martín Vizcarra, la ex primera ministra Betssy Chávez —actualmente prófuga— y el exministro Daniel Urresti, de acuerdo con el recuento realizado por Infobae. La gestión recurrió también a este mecanismo después de haber sido denunciada por la Procuraduría, que objetó una solicitud previa de Gutiérrez para que el Poder Judicial considerase el estado de salud de Nadine Heredia en un proceso de impedimento de salida del país.

El uso reiterado de la herramienta amicus curiae por parte de la institución ha generado críticas por considerarse una desnaturalización de esta figura jurídica, cuya función original es aportar argumentos técnicos y especializados ajenos a la disputa entre partes, y no intervenir a favor de intereses particulares en procesos penales.