El Tribunal Constitucional rechazó una demás más del golpista expresidente Pedro Castillo con la que buscaba la nulidad de sus prisiones preventivas, tanto por el proceso por rebelión como la del proceso por organización criminal.
En su demanda de habeas corpus, Castillo exigía su inmediata libertad por supuestamente haberse vulnerado sus derechos a la libertad personal, a la honra, y del principio-derecho a la dignidad humana. Sin embargo, los magistrados, por mayoría, declaran improcedente el recurso.
Sobre la prisión preventiva por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, los tribunos afirman que se produjo la sustracción de la materia porque la medida fue prolongada.
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Respecto a la prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal, el TC simplemente sostiene que no hay “asuntos de relevancia constitucional ni la amenaza ni la vulneración de los derechos fundamentales que justifiquen la declaración de su nulidad”.
Suscribe la sentencia los magistrados Luz Pacheco, Helder Domínguez, Francisco Morales, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández. El tribuno Gustavo Gutiérrez fue el único que emitió un voto en minoría proponiendo que se lleve a cabo una audiencia.
Castillo pide anular proceso por corrupción
El Poder Judicial programó para el 8 de abril de 2026 una audiencia para evaluar la solicitud de Pedro Castillo para anular el proceso penal por presuntamente liderar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
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La defensa de Castillo sostiene que el debido proceso se vio afectado por la conformación del tribunal encargado del caso y solicita la nulidad de todo lo actuado. En su recurso, el golpista alega que el caso debía estar a cargo de un magistrado titular de la Corte Suprema, en cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables a altos funcionarios.
Si se acepta la cuestión previa, el proceso podría retrotraerse a etapas iniciales y afectar la tesis fiscal sobre la existencia de una organización criminal operando desde Palacio de Gobierno. Sin embargo, las posibilidades de que prospere son remotas, prácticamente nulas. Este argumento ya ha sido invocado por Castillo en el proceso por rebelión, siendo rechazado por el Juzgado Supremo y la Sala Suprema.
En paralelo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria amplió por 20 meses el plazo de investigación preparatoria contra Castillo y otros 97 investigados, argumentando la extrema complejidad del caso. La investigación abarca diligencias como el análisis de equipos informáticos, declaraciones de 121 personas y pericias sobre obras en distintas regiones. La Fiscalía atribuye a Castillo la jefatura de una red que habría operado antes y durante su gobierno, orientada a manipular contrataciones públicas en sectores clave como Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda.
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Además, la prisión preventiva de Castillo fue prolongada por 12 meses ante el incremento del riesgo de fuga, tras su condena a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión. El juez Edhin Campos argumentó que la condena eleva el incentivo para evadirse, y consideró que el entorno internacional, marcado por pronunciamientos de México, favorece una eventual fuga del exmandatario.
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