Petroperú informó que los recientes incrementos en los precios de los combustibles en el país responden principalmente al alza sostenida de las cotizaciones internacionales del petróleo. La empresa estatal explicó que esta tendencia se ha acentuado durante el presente mes, impactando directamente en el mercado local.
Según precisó, uno de los principales factores es el aumento del precio del crudo WTI, que registró un incremento aproximado del 39% en las últimas semanas. Este comportamiento ha estado impulsado por diversos elementos, entre ellos el conflicto bélico en Medio Oriente, restricciones en la oferta global y expectativas de una mayor demanda energética a nivel mundial.
Referencias internacionales y mercado local
En la misma línea, la compañía indicó que los precios de las gasolinas y el diésel en la costa del Golfo de Estados Unidos —referencia clave para el mercado peruano— también han experimentado incrementos cercanos al 40%. Este indicador internacional influye directamente en la evolución de los precios de los combustibles en el país.
Asimismo, Petroperú recordó que en el Perú los precios se determinan en función de la oferta y la demanda, conforme a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N.° 26221). A ello se suman variables como el tipo de cambio y los costos logísticos, que inciden en la formación del precio final al consumidor.
Estructura del mercado
La empresa estatal señaló además que el mercado nacional de combustibles es competitivo y cuenta con diversos agentes a lo largo de la cadena de abastecimiento, tanto importadores como productores. Esta estructura implica que no existe un único actor que determine los precios en el país.
En ese contexto, precisó que las estaciones de servicio que operan bajo la marca Petroperú son de propiedad y gestión privada, por lo que fijan sus precios de manera independiente. La excepción es la estación Petrocentro Río Amazonas, ubicada en Iquitos, que es administrada directamente por la empresa debido a las condiciones particulares de esa localidad.
Compromiso con la transparencia
Finalmente, Petroperú reafirmó su compromiso de gestionar sus estructuras de precios con criterios técnicos, en línea con las condiciones del mercado. La empresa indicó que su objetivo es garantizar una oferta competitiva y transparente para los consumidores.
En esa línea, reiteró que los ajustes en los precios responden a factores externos y a la dinámica del mercado internacional, por lo que continuarán monitoreando la evolución de las cotizaciones globales para adoptar las medidas correspondientes dentro de su ámbito de acción.
Designan nuevo director para Petroperú
La Junta General de Accionistas de Petroperú formalizó la designación de Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente del directorio el 26 de marzo de 2026, en reemplazo de Edgar Zamalloa Gallegos, quien renunció junto con el director Miguel Flores Bahamonde. El nombramiento se notificó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y ocurre en un contexto de crisis de liquidez que amenaza con paralizar operaciones y forzar una intervención estatal.
El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa alternativas para rescatar a la empresa, cuyo ratio patrimonial se sitúa en 55%, cerca del umbral legal de insolvencia. Entre las opciones consideradas figuran un aporte de capital de hasta USD 2.000 millones y la entrega de un aval estatal para facilitar el acceso a financiamiento privado, así como la renegociación de la deuda con bancos y bonistas. La situación financiera crítica ha llevado a Petroperú a implementar esquemas de precompra y a proyectar cierres temporales en terminales no rentables para preservar liquidez.
Los cambios en el directorio buscan responder a demandas internas y externas por mayor transparencia y eficacia en la gestión, mientras persisten presiones de trabajadores y sindicatos para evitar la privatización de activos estratégicos. La empresa enfrenta cuestionamientos por su inestabilidad directiva, con 16 presidentes en la última década, además de denuncias sobre prácticas irregulares en la gestión de pagos a proveedores y una creciente presión social por la continuidad de sus operaciones.